20-03-2015.- Durante el análisis del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en funciones de Gasto Federalizado, diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza cuestionaron al Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, respecto a diversos fondos de aportaciones y cuáles han sido las propuestas de esta instancia para superar las anomalías.

Asimismo, consideraron la necesidad de implementar mecanismos que terminen con la discrecionalidad en el manejo de los recursos y ejercer acciones contra quienes los desvíen.

Durante la ronda de preguntas, la diputada Gloria María del Carmen Valencia González (PRI) señaló que en el análisis del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, destaca que los recursos se invierten en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal encontrándose a 132 municipios con esta misma irregularidad. Por ello, cuestionó cuál ha sido la principal aportación de la ASF para mejorar esta anomalía.

Preguntó si Guanajuato y Puebla ya rindieron su informe correspondiente respecto al Fondo de Aportaciones para el Servicio de Salud, “y si no sería conveniente exhortar a todos los gobiernos locales para que cumplan con la revisión de Cuenta Pública en un término prudente para que la ASF tenga la oportunidad de revisarlas en forma oportuna”.

De la misma fracción, la diputada María Elia Cabañas Aparicio cuestionó a los funcionarios sobre cuáles son las causas por las que existen recursos no devengados en el programa de Seguro Popular.

Sostuvo que los recursos no devengados del programa de Seguro Popular en los estados de Baja California representan un 79 por ciento, en el Distrito Federal 90, Durango 21 por ciento, en Guanajuato 66 y Morelos 93.

El diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (PAN) indicó que de los 2 mil 441 municipios, el 39 por ciento no cuenta con un órgano interno de fiscalización.

Añadió que ante estas circunstancias, se requiere que la ASF implemente mecanismos que terminen con la discrecionalidad del manejo de recursos, ya que el alto índice de pobreza y marginación es reflejo de opacidad y falta de rendición de cuentas.

En tanto, el diputado Danner González Rodríguez (MC) señaló que el Informe refleja que las entidades que recibieron mayores recursos del Ramo 33, son en muchos casos las que tienen altos índices de pobreza, pero también mayores observaciones. Por ello, preguntó cuál es la situación que prevalece, qué acciones se toman al respecto y si se ha procedido contra funcionarios estatales y federales por el mal manejo de estos recursos.

Mencionó que los estados no pueden ni deben seguir conduciéndose como “virreinatos intocables”, y reiteró que para ello, la Comisión debe solicitar a la ASF que no sólo deslinde responsabilidades, sino que se ejerzan acciones correspondientes en contra de quienes desvían recursos públicos de asignaturas tan sensibles como la seguridad, la educación y el combate a la pobreza.

En tanto, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) mencionó que los recursos designados a Guerrero y Estado México para el ejercicio fiscal 2013 para operar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo ascendieron a 339 mil 186.8 miles de pesos y 429 mil 700.9 miles de pesos, respectivamente.

Sin embargo, agregó, ambas entidades, al 31 de diciembre de ese año, no habían ejercido en su totalidad los recursos asignados, pero a principios del 2014 se transfirió el 40.5 por ciento de éstos al Estado de México, y el 44 por ciento a Guerrero. Inquirió por qué no se menciona qué instancias fueron las responsables de transferir los recursos a los gobiernos correspondientes fuera del ejercicio fiscal correspondiente.

El auditor Portal Martínez precisó que en cuanto a la preocupación sobre resultados de años anteriores, se tiene un seguimiento permanente de todas las acciones que se han señalado y “hay, desafortunadamente, plazos muy largos, y el proceso no es tan expedito”.

En cuanto al equilibrio de la distribución entre los estados respecto a los fondos, el auditor especial del Gasto Federalizado, Salim Arturo Orcí Magaña, afirmó que hay mayores observaciones en los estados que recibieron más recursos y una mayor fiscalización.

Precisó que existen medidas para resolver los problemas que presenta el mal manejo de los recursos del Seguro Popular. “De una muestra auditada a 38 mil 800 millones de pesos, tenemos recuperaciones por 4 mil 360 millones y un monto por aclarar de 10 mil 814 millones de pesos”.

El problema principal, dijo, “está en el monto por aclarar que se refiere fundamentalmente a recursos que no se ejercieron con oportunidad y que se vienen arrastrando, inclusive, de varios ejercicios anteriores, lo cual genera una gran área de opacidad”.

En cuanto a las consecuencias, agregó, se tienen 104 pliegos de observaciones y 33 solicitudes de aclaración que pueden convertirse en observaciones, si no se proporcionara la información necesaria, y terminar en un procedimiento resarcitorio.

Respecto al alto monto de observaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, afirmó que esta es una de las principales observaciones en este fondo.

Subrayó que se trabaja con las dependencias de manera permanente y hay una estrategia de trabajo preventivo para evitar que este tipo de observaciones se generen. “Lo que se ha hecho es tratar de tener una mayor coordinación con las entidades que son las que merman estos fondos, para que determinen con precisión cuáles son los rubros en los que se puede o no aplicar el recurso”.

En relación a las fiscalizaciones que no entregan sus informes, en este caso Guanajuato y Puebla, existe el argumento de carácter legal que les impide proporcionar esta información previa a la entrega a su Congreso. Sin embargo, en un esquema nuevo se van hacer auditorías coordinadas, “ahora nosotros vamos a acompañarlos en el desarrollo de las mismas”.

Orcí Magaña señaló que en el tema de Escuelas de Tiempo Completo, es uno de los programas más observados y se concentran en dos rubros: recursos no ejercidos para el 31 de diciembre por 2 mil 132 millones de pesos y los recursos ministrados en 2014.

La SEP y SHCP, con corresponsabilidad en este tipo de trasferencias, indicaron que era posible esa trasferencia de recurso de 2013 a febrero de 2014, “pero no han podido acreditar la fundamentación legal para este argumento y por ello quedó como un recurso observado”.

Orci Magaña expuso que lo que se pretende realizar para la Cuenta 2014 es una auditoria a nivel central y vigilar el cumplimiento de sus funciones de supervisión, ya que en los ejercicios anteriores se ha dado una tarea mínima de supervisión.

Agregó que la modificación al Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con la obligación de todas las entidades municipales a que creen un órgano de control perfectamente estructurado con el objetivo de que los recursos destinados cumplan los objetivos previstos.

Señaló que los municipios son auditados por los órganos superiores estatales, algunos lo realizan en un cien por ciento; sin embargo, lo que se requiere es un mayor control interno.

En este sentido, Juan Manuel Portal Martínez, auditor de ASF, enfatizó que al entrar en operaciones el Sistema Nacional de Fiscalización se tendrá mayor cobertura en materia de auditorías a los municipios.

Respecto a los recursos para las universidades públicas, dijo que los montos más observados son los de este sector y lo que se ha recomendado es modificar los convenios, ya que es un modelo totalmente rebasado.

Finalmente, José Pilar Jesús Tristán Torres, director general de Auditoría a los recursos federales transferidos B, puntualizó que los fondos no devengados del programa de Seguro Popular se deben principalmente a la falta de calendarización para la distribución de los recursos y a las deficiencias en los programas anuales de las instancias ejecutoras.

Sin embargo, refirió que las nuevas reformas a la Ley General de Salud establecen que los montos se transfieran a las entidades federativas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, se plantean sanciones de 4 a 7 años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo del Distrito Federal, si se detectan desviaciones de los programas.

En el manejo del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2013 persisten irregularidades y observaciones; en algunos aspectos, mantienen una elevada incidencia y recurrencia, apuntó Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Precisó que se practicaron 922 auditorías a este rubro, revisándose 540 mil 996 millones de pesos, equivalentes al 57 por ciento de la muestra. Resaltó que, a pesar de los avances, persisten ambigüedades, vacíos y aspectos por precisar que afectan la operación de los fondos del Ramo 33, los cuales significan 56 por ciento del gasto federalizado programable.

Durante la reunión de trabajo de “Análisis de las Auditorías al Gasto Federalizado” del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Portal Martínez señaló que se hicieron observaciones a 78 mil 745 millones de pesos, es decir, al 15 por ciento de la muestra fiscalizada.

El monto observado está compuesto por 36 mil 956 millones de pesos de recuperaciones determinadas y 41 mil 788 millones de importes por aclarar, principalmente por recursos no ejercidos, dijo.

De dicho monto, el 91 por ciento corresponde a auditorías practicadas a fondos y programas operados por los gobiernos de las entidades federativas; el 6 por ciento a los municipios y delegaciones del Distrito Federal y el 3 por ciento a las universidades estatales y otros.

En el encuentro, convocado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por el diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), el titular del máximo órgano de fiscalización subrayó que las reparaciones determinadas se componen de 4 mil 902 millones de pesos de recuperaciones operadas, es decir, ya reintegradas a las cuentas de los fondos.

De éstas, el 76 por ciento ya fueron utilizadas en los propósitos para los que se aprobaron y el restante 24 por ciento se encuentra en proceso de aplicación. La diferencia de 32 mil 54 millones de pesos están en proceso de aclaración, pero clasificadas como probables.

Comentó que el gasto federalizado programable en 2013 representó 35 por ciento del gasto neto total. Las transferencias condicionadas fiscalizadas significaron el 28 por ciento del gasto federal programable que, en ese año, fue de 3 billones 344 mil millones de pesos.

Subrayó que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, en los fondos y programas revisados por la ASF en todas las entidades federativas, como el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB),Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Seguro Popular, los resultados de la evaluación del control interno fueron satisfactorias en 13 casos, regulares en 65 y deficientes en 50.

Comentó que estos recursos tienen una significativa importancia para las entidades federativas, ya que equivalen al 90 por ciento de sus ingresos totales; para los municipios representan el 74 por ciento y, en los más pobres, más del 90 por ciento, para el financiamiento de las estrategias y programas de desarrollo, en particular en materia social.

Agregó que de acuerdo con el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, las entidades con más baja calificación fueron Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Jalisco y Michoacán.

Portal Martínez comentó que para el análisis del gasto federalizado se establecieron tres problemáticas específicas, como la rendición de cuentas, de gestión y de normativa.

Destacó la existencia de un sistema ineficaz en la aplicación de responsabilidades administrativas, que no actúa como mecanismo que desincentive prácticas irregulares en el manejo de los recursos federales transferidos.

Además, existe un contexto político y jurídico que dificulta la gestión autónoma de las entidades fiscalizadoras; la carencia de evaluación; un insuficiente avance en la implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deficiente entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, resultados e indicadores de desempeño de los recursos.

Mencionó un riesgo significativo en que los recursos no se entreguen a las instituciones responsables de su ejercicio en los gobiernos estatales y municipios, o no se distribuyan de manera oportuna. “Estas situaciones limitan el cumplimiento de las metas y objetivos de los fondos y programas, constituyen una seria irregularidad de la normativa y afectan la transparencia en el manejo”, aseguró.

El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño, expresó que los resultados de la fiscalización al gasto federalizado muestran nuevamente -como en años anteriores- irregularidades recurrentes en prácticamente todos los fondos y programas revisados.

La fiscalización de los fondos del ramo 33 se distribuyó de la siguiente manera: 63 auditorías a FAEB; 65 a FASSA; 31 a FISE; 329 a FISM; 40 a FORTAMUND-DF; 32 a FAM; 31 a FAETA; 42 a FASP y 32 a FAFEF, explicó.

Detalló que los cinco estados con más revisiones realizadas fueron: Chiapas (57), Estado de México (41), Guerrero (52), Puebla (45) y Veracruz (45). En tanto que las entidades con mayores transferencias de recursos en 2013, fueron Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y Puebla.

Precisó que de las observaciones emitidas a gasto federalizado se promovieron 6 mil 158 acciones, de las cuales 2 mil 635 fueron emitidas directamente por ASF y 3 mil 523 por las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL).

Los estados con mayor número de acciones promovidas fueron: Guerrero (314), Chiapas (305), Durango (283), Oaxaca (239) y Tlaxcala (236). Mientras que las de menor: Colima (46), Tamaulipas (77), Quintana Roo (112), Pueblas (126) y Guanajuato (126).

Mencionó que se determinaron recuperaciones por 36 mil 956.2 millones de pesos (mdp), de los cuales 32 mil 54.5 mdp son consideradas como probables y 4 mil 900 mdp ya fueron operadas en el curso de las auditorías.

Romero Gudiño externó que las recuperaciones determinadas se concentraron en las aportaciones federales, con el 69.1 por ciento; los convenios de descentralización, representaron el 11.6 por ciento, y los subsidios, el 19.3 por ciento.

Por entidad federativa, el monto mayor de recuperaciones se presentó en Veracruz (25 por ciento), Michoacán (15.9), Chiapas (6.6), Jalisco (6.3) y Estado de México (5 por ciento).

Argumentó que los resultados cobran interés para el quehacer legislativo, ya que aportan información relevante para mejorar la vigilancia en el ejercicio del gasto y permite fomentar la ética en el desempeño de las funciones públicas que se ha impuesto en el marco constitucional.

Propuso fortalecer los mecanismos de control en la distribución de los recursos de naturaleza federal, con el objeto de evitar endeudamientos no regulados por parte de las entidades federativas; incrementar la certeza y seguridad jurídica, asociados a la rendición de cuentas, a través de reformas a las leyes General de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal, así como constitucionales.

De igual modo, reducir el impacto de la sobreregulación normativa en materia de gasto federalizado; propiciar la vinculación con la ciudadanía en el control del gasto público en los tres órdenes de gobiernos; disminuir desde el PEF la discrecionalidad del uso de presupuesto para evitar subejercicios, y establecer en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, los alcances normativos y la vinculatoriedad de los resultados de auditoria, obtenidos por las EFSL y la ASF cuando actúen en coordinación.

- ooOoo –