- Plantea detonar desarrollo en sus regiones de origen para ofrecerles oportunidades laborales
14-05-2015.- La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García Medina (PRD), afirmó que el conflicto de los jornaleros en San Quintín, Baja California, deriva de que el Estado mexicano no respeta los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas. La legisladora recordó que nuestra Carta Magna estipula que los ciudadanos deben tener acceso a un salario mínimo digno, mientras que México ha signado instrumentos internacionales en materia de trabajo de migrantes internos; sin embargo, dijo, no se han dado condiciones adecuadas para que los jornaleros tengan un sustento en sus regiones de origen. Precisó que el problema de este sector laboral puede observarse en todo el país, donde muchos jornaleros son oriundos de zonas marginadas e indígenas. Se trata, dijo, de “los pobres entre los pobres”, que se desplazan con sus familias a estados como Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Baja California. Enfatizó que no se requiere un cambio profundo en las leyes para resolver los problemas que enfrentan, sino garantizar que accedan a los programas destinados para su desarrollo, “no sólo a despensas”, además de que se modernicen las regiones de donde provienen ya que es ahí donde no encuentran oportunidades laborales. “El denominador común en sus regiones es que se garanticen inversiones, programas para la modernización del campo, créditos baratos y los montos que ya existen para este sector, a fin de que puedan salir adelante, no se vean obligados a migrar a otros lugares y así tengan acceso a una vivienda digna y educación”, sostuvo. Señaló que aunque “es insuficiente para nuestro país”, la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones que deben cumplir los patrones, mientras que el gobierno mexicano tiene la obligación de entregar los recursos públicos de manera transparente y de informar oportunamente los procedimientos para ello. “Hay que cumplir la ley estrictamente y en todo el país, no a medias. No es suficiente con que el Congreso haga pronunciamientos, es obligación de quien gobierna hacer cumplir la ley. Nosotros aprobamos presupuestos, leyes y puntos de acuerdo, pero eso lo tiene que cumplir la autoridad”, reiteró. -- ooOoo – |
