• Actualizar marco jurídico para dar certidumbre a pacientes y sus familias: diputado Jiménez del Ángel

• Necesario impulsar políticas públicas que promuevan la prevención sin estigmas ni discriminación

• Proponen incluir a especialistas en organigramas escolares

19- 05- 2015.- Ante el incremento de los trastornos psicológicos y psiquiátricos en México, y para fortalecer su atención y prevención, urge actualizar la Ley General de Salud y diseñar políticas públicas que garanticen una respuesta a esta problemática, apuntó el diputado Roberto Jiménez del Ángel (Nueva Alianza).

Al inaugurar las Jornadas de Salud Mental “Psicología, Instituciones y Sociedad”, organizadas por Nueva Alianza y el Colegio Mexicano de Psicología Forense (Compsifo), sostuvo que prevalece “un vacío legislativo” que ahonda el atraso en el cuidado de los enfermos.

Refirió que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Atención Psiquiátrica de Hospitales Federales de Psiquiatría de la Secretaría de Salud, uno de cada tres mexicanos sufre o tendrá un trastorno psicológico en el transcurso de su vida.

Afirmó que hay un rezago muy grande en la atención de estos padecimientos en las instituciones de salud pública. “Resolverlo requiere al menos 20 años y seis mil psiquiatras más, además de presupuesto y un cambio en la atención del paciente”.

Consideró que en las escuelas debería existir una asignatura de higiene mental, con la que los maestros podrían detectar problemas emocionales o físicos que desemboquen en padecimientos mentales, porque pasa mucho tiempo en identificar una enfermedad de esta índole y no se hace un diagnóstico oportuno ni adecuado.

Estos males están contemplados en la Ley General de Salud; sin embargo, subrayó, “no han sido tratados como debiera ser, no ha habido la inversión ni la infraestructura necesarias, por lo que se requiere hacer un esfuerzo mayúsculo para revisar el marco jurídico y actualizarlo a las condiciones sociales que se viven”. Son pocos los estados que han avanzado en el tema, puntualizó.

Indicó que los trastornos mentales son un riesgo y “todos estamos propensos a padecerlos”, por lo que se pronunció por impulsar un cambio cultural para aceptar la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra.

“Estos profesionistas deberían estar incluidos en el organigrama de las escuelas, ya que las patologías sociales que vivimos actualmente, a través de violencia, todos los días, son actos de lastiman a todos y son un grito desesperado de la sociedad que urge a resolver”, enfatizó.

Sin embargo, apuntó, esta situación representa “una oportunidad, un SOS para dar respuesta a esta problemática y al reclamo ciudadano, porque México aporta mucho a la investigación a nivel mundial, pero en su aplicación hacemos y tenemos muy poco”.

Destacó que estas jornadas tienen entre sus objetivos contribuir a que la sociedad conozca la problemática y aceptar que se ha hecho muy poco en legislar sobre salud mental.

Al participar, el doctor Héctor Armando Murguía Guitrón, del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, indicó que la salud mental constituye un serio problema que no ha sido correctamente abordado, pues el marco normativo no contempla los elementos para atenderla, como disponibilidad, accesibilidad, calidad, consentimiento informado y tutela especializada.

Aseguró que el Poder Legislativo y el Ejecutivo deben analizar los instrumentos internacionales, a fin de adecuar la legislación nacional y las políticas públicas, las cuales tampoco han cubierto las obligaciones del Estado mexicano en la materia, “por lo cual podría estar incurriendo en responsabilidades por incumplimiento”.

Indicó que estos padecimientos no están totalmente integrados a programas de atención a la salud; el trabajo multidisciplinario es insuficiente y no hay programas específicos para los problemas mentales de adultos mayores, ni de la niñez, lo que impide su detección y atención oportuna.

En su presentación “El Derecho a la Salud Mental, ¿exigencia o justicia?”, Murguía Guitrón propuso un modelo de atención sustentado en el respeto a los derechos humanos del paciente, sin estigmas ni discriminación, que integre programas de promoción y prevención, estandarizar procesos de cuidado y fortalecer el financiamiento de estos servicios.

Además, fomentar la investigación y la especialización de profesionales en la materia, pues actualmente sólo 5 por ciento de la población tiene psicólogo; no hay actividades de promoción a la salud mental y prevención de trastornos de conductas; son pocos los programas de atención a personas con discapacidad mental, para que accedan a un trabajo remunerado con prestaciones sociales.

Mencionó que el presupuesto destinado a este rubro está por debajo de la media internacional, que es de 3.5 por ciento; además, su distribución es inadecuada, porque el 80 por ciento de los recursos se canalizan al mantenimiento de hospitales.

Enseguida, Miguel Ángel Castillo, presidente del Colegio Mexicano de Psicología Forense, en su ponencia “Juventud al borde del Abismo”, indicó que el modelo económico actual impone factores excluyentes en lo laboral y educativo a esta población, aumentando la pobreza y la marginación.

Todo ello tiene efectos devastadores relacionados con frustración, depresión, ansiedad, inseguridad, incertidumbre y sentimientos de culpa, como respuesta a la negación de sus aspiraciones; además de que se genera un problema de integración social y discriminación.

Además, ataca la autoestima y la estructura de la personalidad de los jóvenes, lo cual incrementa la agresión en sus relaciones familiares “y los lleva a tocar y a abrir puertas falsas, como el consumo de alcohol, drogas, suicidio, prácticas autodestructivas y trastornos psicosomáticos”.

Aseguró que quienes se enfrentan a la exclusión realizan actividades que los destruyen y los llevan a una muerte social muy lenta; se agrupan en culturas, con lenguaje, rituales, formas de vestir e interactuar específicas, para expresar su visión del mundo y la vida, sin responder forzosamente a las exigencias sociales.

“Ellos deben ser factor de cambio, transformadores, intervenir en los procesos, pero muchas veces la respuesta que tienen cuando alzan la voz para expresar sus demandas es la represión”, enfatizó.

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