• Comisión de Vigilancia entrega a ASF conclusiones y recomendaciones sobre Cuenta Pública 2013; entre ellas, fiscalizar las reformas estructurales

• Irregularidades y dictámenes negativos manifiestan dificultades para elevar calidad del gasto, señala Arriola Doroteo

• Hay preocupación sobre impacto de deshonestidad en la vida del ciudadano y el desarrollo del país: Portal Martínez

• Sistema Nacional Anticorrupción será resultado de años de trabajo

20-05-2015.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados presentó conclusiones y 12 recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2013.

Al hacer entrega del documento a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el presidente de la comisión, diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo (PRD), afirmó que este informe, fruto de un trabajo responsable, serio y profesional, revela que los resultados siguen siendo muy negativos.

Indicó que la recurrencia de irregularidades y el hecho de que los dictámenes negativos vayan en aumento, ponen de manifiesto que existe dificultad para elevar la calidad del gasto, en un contexto donde las prácticas son contrarias a la normatividad y al marco jurídico, “situación que es imprescindible erradicar, porque mantiene áreas de opacidad propensas a actos de corrupción e impunidad”.

Explicó que, de acuerdo con el Semáforo Económico Nacional 2014, la corrupción ha costado al país 341 mil millones de pesos, y que un aumento del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en la corrupción genera una pérdida del 2 por ciento en el crecimiento económico del país. Lo que significa que, en ese año, el nivel de corrupción representó el 15 por ciento de la inversión pública en México.

Sostuvo que en el país permanecen muy arraigadas la deshonestidad y la impunidad. La falta de seguimiento o de medidas concretas, se traduce en carencia de castigo a los responsables, ya que la acción fiscalizadora se queda en una recapitulación de toda esta cadena de incumplimientos y problemas de la administración pública.

“Hemos dado un gran e importante avance con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, que pretende erradicar este mal que tanto le ha costado al erario público. El Sistema Nacional Anticorrupción nos proporciona el andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar todos éstos actos en los tres niveles de gobierno y además castigar las conductas ilegales de los particulares”, añadió.

Arriola Doroteo puntualizó que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas es uno de los elementos básicos para el desarrollo adecuado de la vida democrática en el país, y que un factor clave que la sustenta es el manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

Reiteró su agradecimiento a los integrantes de la comisión “quienes han sido pieza fundamental para los avances de la construcción de un nuevo esquema de fiscalización, mismo que será clave para el combate a la corrupción, a la opacidad, al abuso de muchos servidores públicos en el manejo de los recursos que son de todos los mexicanos”.

Al hablar de la Cuenta Pública 2013, recordó que la ASF practicó mil 413 auditorías a 564 entes públicos. Se realizaron 149 de desempeño, 721 financieras y de cumplimiento, 14 forenses, 142 inversiones físicas, 376 financieras con enfoque de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 13 estudios.

Se determinaron 8 mil 915 observaciones, que dieron lugar a 10 mil 871 acciones; de ellas, 6 mil 902 de carácter preventivo y 3 mil 969 correctivas. Además, se promovieron 5 mil 299 recomendaciones, mil 321 promociones de responsabilidad administrativa-sancionatorias, mil 798 pliegos de observación, 783 solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 10 multas.

A su vez, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, resaltó que uno de los principales factores que promueven la democracia es que el elector cuente con información objetiva, y basada en hechos concretos, respecto al desempeño de las administraciones, tanto locales como a nivel nacional, para que emita su voto razonadamente; de ahí que la fiscalización superior sea uno de los elementos que el ciudadano puede utilizar para normar su criterio.

“La voluntad de hacer llegar, de manera clara, comprensible y oportuna los resultados de la revisión de la Cuenta Pública -y que ha sido una constante en el compromiso de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Vigilancia- representa una aportación a la concientización del votante”, afirmó.

Sostuvo que en la reciente aprobación de las reformas que permitirán, a nivel constitucional, dar forma a un Sistema Nacional Anticorrupción, está previsto, de manera explícita, que la fiscalización superior represente uno de sus principales ejes.

Sin embargo, dijo, “existe una preocupación tanto de la ciudadanía como de los actores en medios políticos, académicos y de formación de opinión, sobre el impacto de la corrupción en la calidad de vida del ciudadano y el desarrollo social del país, situación que obliga a que, en todos los órdenes y ámbitos, sumemos nuestros esfuerzos para alcanzar soluciones consensuadas, coordinadas y de mayor aliento”.

Mencionó que la concepción sistémica del problema, el involucramiento de un conjunto amplio de dependencias e instituciones, y el nivel de importancia del tema en la agenda nacional, refieren a una situación inédita que requerirá de los participantes en este proceso un compromiso decidido y la revisión a fondo de una serie de paradigmas que pueden no ser funcionales con los efectos que se busca producir.

Portal Martínez expresó que la definición de un marco legal apropiado para que las distintas partes del Sistema puedan actuar, cooperar y complementarse mutuamente representa una importante tarea para la próxima Legislatura; sin embargo, aclaró, “no sería posible sin la manifestación de voluntad política y de asumir una acción de Estado por parte de quienes hoy ostentan la representación de la ciudadanía”.

Resaltó que una obra de la envergadura del Sistema Nacional Anticorrupción será resultado de años de trabajo, en los que los esfuerzos de cada integrante se acumulen hasta lograr un cambio cualitativo. “Proporcionará el marco adecuado para la participación coordinada de todos aquellos agentes que tienen como mandato tareas vinculadas con la rendición de cuentas, siempre que haya la legislación secundaria idónea”.

La diputada Gloria María del Carmen Valencia González (PRI) señaló que, como parte del Análisis del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013, el gobierno federal fue eficiente en su gestión pública anual. “Si bien es cierto existen debilidades, son más las fortalezas que se pueden mencionar y muchos los retos dada la complicada economía mundial que prevale”, comentó.

Refirió que en el total de la revisión de la Cuenta Pública 2013, se incluyeron mil 413 auditorías a los estados y municipios conformadas por 877 al cumplimiento financiero. Por grupo funcional, se integraron 922 al gasto federalizado, 251 al desarrollo económico, 128 a la función gobierno, 109 a desarrollo social y 3 a estudios. “La tarea no concluye aún. Es fundamental dar atención y seguimiento a todas las acciones, en su estatus de preventivas o correctivas”.

Expresó que para mejorar la rendición de cuentas y combatir la corrupción, es imprescindible la correcta aplicación de los recursos y el compromiso ético y público de los servidores públicos.

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, diputada del PAN, se manifestó en favor de que el trabajo de esta instancia legislativa ofrezca elementos que impacten en la toma de decisiones en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para mejorar la aplicación de los recursos en el presupuesto, y expresó su convicción por terminar con las incongruencias y las simulaciones.

“Todo este proceso de fiscalización que se realiza año con año minimiza su justificación mientras tengamos estos resultados; continúa la no rendición de cuentas, la impunidad para muchos funcionarios que cometen actos de corrupción, la falta de resultados e ilegalidad en la aplicación del presupuesto y la desviación de recursos, lo que no está permitiendo que el país avance”, abundó.

Hizo votos para que la próxima Comisión de Vigilancia deje de ser receptora y promotora de documentos de la ASF, se restituya como supervisora del órgano superior de fiscalización, llame a cuentas a los funcionarios que están fuera de la ley y contribuya a acabar con la corrupción.

Entre las recomendaciones que la comisión hace a la ASF, destaca el fiscalizar las reformas estructurales, las líneas estratégicas de actuación de la ASF en conformidad con su visión institucional y la vinculada a la participación de la ASF en el Sistema Nacional Anticorrupción.

De igual modo, los legisladores sugieren a la ASF auditorías sobre las acciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar la evasión fiscal y las aplicaciones de los recursos contratados por endeudamiento al gasto corriente, y para evaluar el fortalecimiento del sistema de control interno en el Congreso de la Unión.

También, auditar el desempeño del Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República en materia de prevención y combate a la trata de personas, y sobre los avances de la Línea 12, desde su cierre parcial en 2014.

Plantean estudios de la metodología de la construcción de indicadores de riesgo de seguridad por entidad federativa; del impacto de los programas destinados a incorporar tecnología e innovación informática a la educación primaria; de prevención y combate a la trata de personas; de la política agropecuaria y de desarrollo rural desde la perspectiva del derecho a la alimentación.

Asimismo, piden evaluar las políticas públicas de educación superior, la Cruzada Nacional contra el Hambre, la estrategia petrolera en la promoción de la industrialización del país y el mercado interno, y la de producción petroquímica, así como el Sistema Metro de la Ciudad de México y la calidad del gasto en las universidades públicas.

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