• Uso de drogas en México en espera de definición: Alejandro Encinas

03-11-2015 Durante los paneles del Foro “Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: los costos sociales de la políticas de Drogas” ponentes coincidieron en que es necesario que respetar los derechos humanos, no estigmatizar a los consumidores, despenalizar la posesión simple de drogas y ajustar las penas aplicables a los grupos vulnerables.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) mencionó que la política de drogas adoptada por México ha sido un eminente fracaso, pues estigmatiza a los consumidores y endurece las penas, es decir, una “política prohibicionista que ha derivado en la limitación de libertades y garantías de los ciudadanos”

Al clausurar el foro, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, indicó que cada vez se vuelve más atractivo y más rentable el mercado ilícito de las drogas, cuya penetración es tal en la economía, que anualmente representa alrededor de 10 mil millones de dólares en el sistema financiero mexicano.

Este foro, subrayó, llega, en un momento de gran oportunidad política, ya que nunca antes en nuestro país se ha logrado dar visibilidad al debate en torno a la penalización y legalización del uso de drogas para distintos fines, e incluso, dijo, “se han sumado a dicha discusión actores que nunca se esperaba que lo hicieran”.

El senador Encinas Rodríguez sostuvo que como legisladores, se colocan en un escenario donde después de muchos años de discusión, se puedan lograr los acuerdos necesarios para diseñar una nueva política en el tratamiento del uso de las drogas en México.

Coletta Younger, representante de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) mencionó que 49 por ciento de mujeres recluidas en centros de adaptación social están por delitos relacionados con las drogas.

Las mujeres que son integradas al narcotráfico poseen poca educación, viven en pobreza y son responsables de niños, jóvenes y adultos mayores.

Estas mujeres son rara vez una amenaza, la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel y de alto riesgo en la cadena del narcotráfico, es decir, por vender pequeñas cantidades o transportar drogas y con ello terminar con su pobreza o por la coacción de su pareja.

Para combatir el alto índice de mujeres en reclusión a causa de delitos relacionados con drogas, es necesario que exista proporcionalidad en las penas para asegurar que los jueces tomen en cuenta, a la hora de imponer una sanción, las situaciones de vulnerabilidad previa y si la acusada tiene dependientes.

Respecto a las mujeres embarazadas y madres de menores de edad, dijo que no deben estar encarceladas, sino aplicarles castigos alternativos y permitirles la inclusión social después de pagar su condena.

Rose Marie Achá, representante de la asociación Acción Andina, Bolivia, comentó que la privación de libertad de adolescentes entre los 12 y 17 años en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay asciende a 32 mil 376; de ellos 30 mil 639 son varones y mil 737 son mujeres.

En México, del 2006 al 2014 el 51.15 por ciento de varones detenidos fue a causa de la posesión de drogas, mientras que el 19 por ciento fue por consumo; en el mismo periodo, las mujeres representaron un 47.3 por ciento y 16.29 por ciento, respectivamente.

Achá, aseguro que el Sistema Penal para Adolescentes establece sanciones no privativas de la libertad; sin embargo, estas no suelen ser aplicadas porque tanto el Estado como la sociedad legitiman la privación de la libertad.

La mayoría de adolescentes que entran al Sistema Penal en lugar de cumplir una pena socioeducativa, lo hacen a través del contacto policial lo que muchas veces destruye su vida y el costo social es elevado.

Propuso evaluar las políticas de drogas dirigidas a los adolescentes, pues ellos no son parte de liderazgo de las mafias de narcotraficantes y su captura no acaba con el narcotráfico, ya que son un sector “desechable”.

Amaya Ordorika Imaz, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expuso que 58 por ciento de los jóvenes no tiene estudios de secundaria, 7.1 por ciento se encuentra en desocupación laboral y el uno por ciento en ocupación informal. En este contexto, incorporarse a las fuerzas del crimen organizado representa una oportunidad, lo que pone a niñas y niños en la primera fila de la guerra contra el narcotráfico.

Informó que de acuerdo con datos de la Secretaria de la Defensa Nacional, del año 2006 al 2009, 4 mil 620 menores de edad se inscribieron en el servicio militar anticipado; de éstos, en 2009 se invitó a 314 a integrarse al programa de adiestramiento de erradicación de cultivos ilícitos y en ese mismo año se incorporó a seis escuelas de adiestramiento militar en actividades de búsqueda, localización y destrucción de sustancias ilícitas.

Ante este panorama, pidió desmilitarizar las estrategias de seguridad en materia de política de drogas, ya que se ha comprobado que la incursión de las fuerzas armadas para enfrentar este problema ha tenido un costo en los derechos humanos y no ha logrado frenar la oferta de drogas.

Por otra parte, solicitó garantizar que las políticas no consistan en la erosión de los derechos humanos y el debido proceso, y se despenalice la posesión simple de drogas, que se ajusten las penas particularmente cuando se trata de delitos no violentos relacionados con estupefacientes.

Sergio Chaparro, investigador del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de Colombia, explicó que el encarcelamiento masivo agrava la dependencia de sustancias y genera violaciones a los derechos humanos.

Para diseñar una política en materia de drogas se requiere que las sanciones más fuertes se establezcan a los líderes de las organizaciones y las más débiles a los actores secundarios, ya que actualmente esto ocurre a la inversa.

Además, que se racionalice el Derecho Penal para que el castigo sea la última instancia y se reduzcan los impactos de la privación de la libertad; igualmente, impulsar sanciones fuera de los Centros de Readaptación, lo cual traerá mayores resultados y optimizará los recursos del Estado.

Ginella Bardazano, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), expuso que el modelo de regulación aprobado en el 2013 en materia de drogas consiste en el autocultivo de la cannabis, 6 plantas por hogar y una producción de 480 gramos anuales.

De igual manera se contemplan clubes de cannabis o de membresía, para lo cual deben constituirse como asociaciones civiles y tener como objeto la plantación, cultivo y cosecha destinada al uso de sus miembros con fines recreativos; serán de 15 a 45 socios, con derecho a 99 plantas y una cosecha de 480 gramos por persona.

La tercera acción es la venta en farmacias, donde sólo se podrá comprar 10 gramos semanales y para ello deberá ser mayor de 18 años y registrarse en un padrón de consumidores.

Ernesto Cortes, representante de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, puntualizó que el enfoque de las políticas públicas debe estar basado en el respeto de los derechos humanos, que se incorpore el sentido de proporcionalidad y se diseñen las alternativas al encarcelamiento.

Finalmente, Aram Barra, representante de México Unido contra la Delincuencia, recordó que el debate de la regulación de las drogas tiene varios años; hoy se cuenta con un estudio de la realidad del impacto social y de la Ley de Salud, por lo que existen “vientos favorables para reformar la política en la materia”.

La proporcionalidad de la prohibición del Cannabis debe encontrar un punto como el alcohol, donde el Estado ha encontrado formas de prevenir, castigar y desalentar el consumo que no tiene que ver con la justicia penal.

“Entonces, porqué con una droga que tiene un impacto menor a niveles sociales, tendría el Estado que utilizar su aparato de justicia penal para responder a ese problema de salud pública”, planteó.

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