• Sociedad exige eficiencia en la gestión pública y hacer un frente común contra la corrupción: PRI
• Anuncia PAN juicio político en contra del titular de la SFP por investigación de “casa blanca”
• Impunidad, ausencia de rendición de cuentas y de sanciones a quien infrinja la ley, una afrenta al pueblo mexicano: PRD

18- 11- 2015.- Ante diputados, Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, afirmó que es “importante armonizar la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción con las tareas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia dependencia federal” para combatir la corrupción.

Con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno, precisó que la Secretaría de la Función Pública atendió en este lapso 26 mil 29 quejas y denuncias ciudadanas, y sancionó a 8 mil 352 servidores públicos, 10 de ellos titulares de paraestatales.

En su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, Andrade Martínez sostuvo que, en el ámbito legal, será tarea fundamental de los legisladores completar la discusión sobre la Ley de Obras Públicas y abrir simultáneamente el análisis sobre la Ley de Adquisiciones, en particular en lo referente a los puntajes y concursos de las licitaciones.

Apuntó que el combate a la corrupción y la transición para construir gobiernos abiertos requieren coordinar una agenda concreta sobre estos asuntos vinculados, y que son de la mayor inquietud nacional y urgente resolución por parte del Estado mexicano.

Resaltó que ambos temas viven la transición derivada de dos reformas: la creación del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción, temas inéditos en la Constitución, que reflejan una primera voluntad del Poder Legislativo y del Estado mexicano.

Andrade Martínez destacó que deben fortalecerse los sistemas de denuncias, para que la estadística de que cada 6 de 10 ciudadanos afirman haber vivido situaciones de corrupción se refleje en denuncias específicas, porque en el Sistema de Quejas sólo una de cada 100 se refieren a este tema.

“Esta brecha es necesario resolverla garantizando mejores condiciones de confianza, transparencia y seguimiento de las denuncias”, apuntó.

Precisó que la propia reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción ordena tipificar de manera más precisa aquellas conductas que constituyen actos de corrupción y, a la vez, reflexionar sobre los alcances y límites del supuesto de conflicto de interés.

“Requiere una reflexión de carácter procesal en materia de pruebas para que los casos no queden ahogados en el vacío o la impunidad”, subrayó.

Aseguró que la dependencia federal impulsa medidas para que los servidores públicos declaren por primera vez su posible conflicto de interés, y actúen conforme a reglas de integridad.

Respecto a las contrataciones públicas, explicó que la administración federal celebró en promedio 125 mil contratos por un monto de 600 mil millones de pesos (mmdp) anuales, con la participación de 166 mil 834 proveedores y contratistas. “Refleja la enorme importancia que las contrataciones públicas tiene para la economía nacional”.

Por ello, “es indispensable impulsar un régimen robusto de transparencia en dichas transacciones. Se ha fortalecido como nunca antes la modernización continua del Sistema Compra Net, y desarrollar regímenes de contrataciones públicas, como los contratos marco, las compras consolidadas o las operaciones subsecuente de descuento”, agregó.

Indicó que un mayor impulso a la competencia en las licitaciones se refleja con cinco participantes en cada una. “Aquí ha habido esfuerzos de transparencia para identificar a los servidores públicos, más de 13 mil que participan en contrataciones. No obstante estas tareas, debemos realizar otras acciones para evitar desconfianza y simulaciones”.

Resaltó la pertinencia de ampliar la participación de los testigos sociales, establecer criterios claros en asignaciones indirectas y generar un régimen más expandido de contrataciones abiertas.

En materia de control y seguimiento de auditorías, comentó que se realizan constantemente más dos mil a 222 instituciones públicas federales; estas acciones se han efectuado en la presente administración en el seguimiento a los recursos federales manejados por estados y municipios, 37 programas y más de 38 mil mdp.

Destacó la contribución de las contralorías sociales, alentando la participación ciudadana, que con 135 mil personas vigilan la aplicación de 58 programas sociales en 2 mil 161 municipios.

Durante los posicionamientos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, de Encuentro Social, indicó que su partido externó, durante la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, que la redición de cuentas por el servicio público constituye un reto inaplazable de elevada importancia, ya que forma parte de la nueva manera de gobernar y, por ende, de dar a conocer cómo y a favor de quiénes se emplean los recursos públicos.

Por eso, enfatizó, nuestro partido tiene el interés de que el Sistema Nacional Anticorrupción no quede en un tema de procedimiento, sino sea una realidad que defina la vida pública del país. “Tiene que funcionar, no podemos volver a crear un elefante blanco”.

En tal sentido, continuó, concebimos al gobernante con el deber de rendir cuentas claras de todos los recursos que se le entreguen, por lo que dicho sistema es una oportunidad para que los servidores públicos sean capaces de ofrecer y dar los mejores resultados.

El diputado de Nueva Alianza, Francisco Javier Pinto Torres, destacó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, será un mecanismo de defensa contra la corrupción, que se estima cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos, el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, resaltó, México ocupa el lugar 103 de 175 países evaluados por Transparencia Internacional, siendo el peor calificado de los 34 que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por lo que, “la tarea pendiente es garantizar instituciones más responsables y transparentes, donde la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación deben ser un sólido pilar en este nuevo sistema”.

Esperamos un mayor compromiso de la dependencia que encabeza, para la prevención, detección y sanción, imparcial y objetiva de las prácticas deshonestas e ilegales. “Es impostergable combatir la corrupción, propiciar la legalidad y la transparencia para ello, requerimos instituciones sólidas que se encarguen de investigar y sancionar las responsabilidades administrativas de los hechos de corrupción.

Por Movimiento Ciudadano, la legisladora María Candelaria Ochoa Avalos enfatizó que los actos de corrupción, desvió de recursos, uso ineficiente del erario y el nepotismo siguen siendo una carga y un saldo negativo para el país.

Al dirigirse al funcionario, dijo, usted tiene una gran responsabilidad, y quienes ofrecieron una casa con cómodas facilidades de pago, y no estaban realizando una operación inmobiliaria en el sentido estricto, construyan una relación a futuro, por eso creemos que la responsabilidad de la función pública es muy importante.

Ochoa Avalos, subrayó que nadie más obligado por la ley y por los principios éticos, que el círculo cercano al poder Ejecutivo federal para blindarse de cualquier acusación de actos de corrupción. “A nadie le convencieron los argumentos esgrimidos, puesto que son del dominio público innumerables hechos ante tal situación”. Por ello, Movimiento Ciudadano pugnará para que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no tenga resquicios legales por donde se pueda eludir la acción de la justicia.

Para la diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas del actual gobierno, “no puede ni quiere resolver, ha sido protagonista de escándalos sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés que han minado su credibilidad y la confianza ciudadana”.

En México, “el gobierno en funciones no sólo ha fracasado en su intento por erradicar la corrupción sino que ha sido partícipe de ella, ahí están los permanentes escándalos de posibles conflictos de interés y actos que han involucrado al propio titular del Ejecutivo, su esposa y miembros de su gabinete”.

Estimó que mientras el actual gobierno no se someta a una verdadera investigación independiente del Congreso sobre los escándalos en los que se encuentra involucrado, la percepción de los ciudadanos sobre su desempeño en este reglón seguirá siendo pésima.

En su turno, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) comentó que a pesar de que la SFP ha rendido informes sobre la realización de ejercicios de transparencia y participación ciudadana, es necesario fortalecer el avance en estos temas.

Exhortó al Ejecutivo a continuar e intensificar las acciones de contar con un gobierno más eficiente, delgado y ágil que tenga mejores mecanismos que permitan elevar la calidad de sus servicios y su desempeño general, considerando la simplificación normativa de los trámites oficiales y rindan cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía.

El gobierno debe poner el ejemplo, ser el principal promotor de prácticas que inhiban la corrupción, y un punto es la asignación clara de responsabilidades en todos los niveles gubernamentales para que funcionarios deshonestos, sean sancionados y los ineficaces relevados de su cargo.

El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, subrayó que a la mitad de sexenio, impera en el país un ambiente de inseguridad generalizada. En este marco, la impunidad y la ausencia de un control institucional para el manejo transparente de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la sanción a quien infrinja la ley, representa una afrenta más al pueblo mexicano.

La SFP ha sido incapaz de combatir la corrupción y evitar conflictos de interés. Es incompresible que en un país en que el costo de la corrupción se estima en 9 por ciento del PIB, la dependencia sólo haya impuesto sanciones irrisorias a funcionarios de niveles menores.

Precisó que son múltiples los casos de corrupción denunciados en los dos últimos años de este gobierno, como nula ha sido la actuación de la SFP ante esto, en parte por la debilidad institucional que debemos reconocer, así como por la lentitud del proceso para construir un marco efectivo de combate a la corrupción; pero, también por la falta de voluntad política para ofrecer un gobierno honrado y eficaz.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Marko Antonio Cortés Mendoza sostuvo que si esta secretaría funcionara como debe hacerlo, México podría ahorrarse hasta 1.6 billones de pesos. “Es la que más cara nos cuesta a los mexicanos por su ineficacia. Para nosotros, no sólo esta reprobada sino se burla cada día y permanentemente de los mexicanos”.

Hizo entrega de la copia del juicio político que Acción Nacional está iniciando en contra del titular de la Función Pública, por incapacidad, colusión y complicidad en las investigaciones en relación con la adquisición de la “Casa Blanca”, caso “que para nosotros y la mayoría de los mexicanos no está cerrado, a pesar de que se dijo que no existió corrupción”.

Lamentó que la comparecencia no se haya realizado en el Pleno y por la mañana. Recordó que Virgilio Andrade fue designado luego del escándalo más grande de corrupción en la historia moderna de México y de la forma más absurda. “Es preocupante que para el PRI que gobierna hoy no exista la Secretaría de la Función Pública”, añadió.

Pedro Luis Noble Monterrubio, legislador del PRI, expresó que la sociedad exige aplicar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la gestión pública, así como hacer un frente común contra la corrupción. “Estamos conscientes de que se han dado pasos importante en materia de fiscalización y transparencia, pero igual reconocemos que el Ejecutivo federal y los poderes Judicial y Legislativo debemos seguir construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Solicitó al titular de la Función Pública continuar con su directriz para generar instrumentos que fortalezcan el control interno y promuevan la eficacia y eficiencia de la gestión pública, a través de los órganos de vigilancia, de control y los comités respectivos, en el marco de la Legislación y los programas aprobados por esta Cámara de Diputados.

“En el PRI, nos pronunciamos por cumplir con nuestro mandato en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que estaremos promoviendo ante la Mesa Directiva poner en funcionamiento el sistema Infomex, como una medida de garantizar a la ciudadanía esos aspectos. El PRI, ha sido y será el impulsor de la legalidad, transparencia, respeto, innovación, justicia, progreso y la unidad nacional”, afirmó.

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