18-11-2015 Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, cuestionaron al secretario de la Funci贸n P煤blica, Virgilio Andrade Mart铆nez, respecto a temas relacionados con el patrimonio de servidores p煤blicos, conflicto de intereses, funcionarios que cometen delitos, fiscalizaci贸n de los recursos federales y corrupci贸n.

Lo anterior, durante la comparecencia del funcionario con motivo del An谩lisis del Tercer Informe de Gobierno, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n, y de Transparencia y Anticorrupci贸n.

En la primer ronda de preguntas, el diputado Alejandro Gonz谩lez Murillo (PES) destac贸 la importancia de que la ciudadan铆a pueda tomar decisiones en el dise帽o y aplicaci贸n de pol铆ticas p煤blicas, por lo que pregunt贸 cu谩l es el impacto del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno de esta dependencia; si es diferente a los implementados en otras administraciones, y cu谩ndo el ciudadano ser谩 parte de las pol铆ticas p煤blicas.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (NA) cuestion贸 sobre medidas implementadas para verificar la evoluci贸n del patrimonio de servidores p煤blicos y los procedimientos disciplinaros iniciados con la intervenci贸n de 贸rganos internos de control. De acuerdo con el Tercer informe de Gobierno, de 210 mil 966 servidores que informaron sobre las condiciones de su situaci贸n patrimonial, 2 mil 603 manifestaron que podr铆an encontrarse en un posible conflicto de intereses, dijo.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge 脕lvarez Maynez, pregunt贸 si no es conflicto de intereses que las casas del Presidente y del Secretario de Hacienda las haya construido una empresa que trabaja para el gobierno del estado de M茅xico, que obtuvo m谩s de 23 mil millones de pesos en contratos y otros mil por la construcci贸n del hangar presidencial; si, adem谩s, no se busc贸 la mejor opci贸n y no se inform贸 hasta que los puso en evidencia un medio de comunicaci贸n.

La diputada de Morena, Guadalupe Hern谩ndez Correa, pidi贸 saber qu茅 hace falta para llevar a la c谩rcel a los altos funcionarios que cometen delitos y/o las empresas responsables de los mismos o que se involucran en actos de corrupci贸n.

Del PVEM, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama solicit贸 conocer que irregularidades ha identificado la SFP en el uso de recursos p煤blicos asignados a las universidades del pa铆s y c贸mo se coordina con la ASF para tener estrategias conjuntas de fiscalizaci贸n de los recursos federales.

Por el PRD, el legislador Omar Ortega 脕lvarez pregunt贸 cu谩ntos son los 贸rganos internos de control cuyos titulares no han sido nombrados o lo han sido 鈥減or amiguismo o contubernio鈥�, adem谩s de qu茅 n煤mero de directores generales, subsecretarios y secretarios del Estado que la SFP ha investigado y sancionado.

La diputada de Acci贸n Nacional, Minerva Hern谩ndez Ramos pidi贸 al titular responder si considera viable establecer como un principio el que licitaci贸n que no se publicite no sea pagada y si de los poco m谩s de 16 mil servidores p煤blicos que atienden los procesos de contrataci贸n y licitaci贸n, tienen identificados a los servidores que cuentan con una declaraci贸n de conflicto de inter茅s.

Del Revolucionario Institucional, la diputada Ruth Noem铆 Tiscare帽o Agoitia cuestion贸 qu茅 tan rentable resulta el ejercicio de las auditor铆as para la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica, y si logran recuperar recursos que pudieran resarcir el costo. 驴Qu茅 acciones ha emprendido la SFP para propiciar o modificar las acciones de los servidores p煤blicos en el desarrollo de sus funciones como mecanismo de prevenci贸n para evitar actos de corrupci贸n y fortalecer el servicio p煤blico?

Al dar respuesta, Mart铆nez Andrade reconoci贸 que se debe hacer un esfuerzo mayor en materia de mecanismos de participaci贸n ciudadana, porque existen 218 mecanismos de consulta entre las dependencias. Indic贸 que se implement贸 la Ventanilla 脷nica Nacional, que concentra en un solo portal informaci贸n de cuatro mil 518 tr谩mites, de los cuales m谩s de mil 100 tienen formato en l铆nea. Se ha buscado reducir el costo de tr谩mites del 3.5 por ciento del PIB a 2.8 por ciento al final de la administraci贸n.

Inform贸 que actualmente hay 47 casos de posible enriquecimiento il铆cito en la SFP, y una vez que se tenga la solidez de los expedientes se abrir谩n los procedimientos de responsabilidades administrativas y, en su caso, la remisi贸n a PGR para las sanciones penales. Las nuevas medidas constitucionales y los expedientes quedar谩n abiertos siete a帽os despu茅s de que los funcionarios dejen el cargo, para efectos de responsabilidades administrativas.

Por la forma que ha evolucionado y escalado el tema en el debate p煤blico, afirm贸, los legisladores tienen la obligaci贸n de reflexionar sobre los alcances y l铆mites de las definiciones que tiene la ley en materia de conflicto de inter茅s, el cual se materializa legalmente cuando la relaci贸n cercana de un servidor p煤blico con un particular rompe el principio de imparcialidad en el ejercicio de la funci贸n p煤blica.

Andrade Mart铆nez dijo que el reto principal es construir marcos legales que permitan trabajar en los procesos jur铆dicos en t茅rminos de pruebas, de tal suerte que se abatan los niveles de impunidad en casos espec铆ficos.

El secretario explic贸 que uno de los elementos de la fiscalizaci贸n coordinada entre la ASF y la SFP, es el conjunto de rubros vinculados con la educaci贸n y el uso de recursos en las instituciones de educaci贸n superior. 鈥淪e alcanz贸 un acuerdo en este 2015 para revisar distintas partidas que utilizan, ya sea de manera directa, por la provisi贸n de un servicio a la administraci贸n p煤blica o sea por subsidio鈥�.

El titular de la SFP admiti贸 que a煤n hay pendientes siete titulares de 贸rganos de control por nombrar, mientras que en materia de sanciones a servidores p煤blicos, entre directores generales y titulares de unidad, asciende aproximadamente a 200 personas las sancionadas durante el presente a帽o, adem谩s de 10 titulares de entidades paraestatales que incurrieron en violaciones a las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores p煤blicos.

Explic贸 que se ha iniciado una pol铆tica de contrataciones abiertas que significa establecer nuevas reglas para que en los procedimientos de licitaci贸n, se involucre el proceso desde la concepci贸n y planificaci贸n de los proyectos el concepto de transparencia. En el tema de conflicto de inter茅s, 9 mil servidores p煤blicos que han declarado tenerlo, y de ellos, cerca de 300 han establecido en la participaci贸n de contrataciones p煤blicas, que pudieran tener una relaci贸n que los excluya de la operaci贸n espec铆fica.

Andrade Mart铆nez precis贸 que se han emitido 2 mil 45 observaciones y se recuperaron mil 700 millones de pesos derivados de este ejercicio de auditor铆a.

Durante la segunda ronda, el diputado Jos茅 Alfredo Ferreiro Velazco (Encuentro Social) destac贸 la importancia de que funcionarios menores, de 谩mbito municipal y estatal incurran en excesos con los recursos p煤blicos, est茅n en la c谩rcel, 鈥減orque es as铆 como los ciudadanos van a sentir que el gobierno de M茅xico est谩 trabajando鈥�. Pregunt贸 qu茅 est谩 haciendo la Secretar铆a para estimular o incentivar las organizaciones civiles para que participen en la denuncia ciudadana.

De Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres indic贸 que el sistema de contabilidad gubernamental permite reflejar la situaci贸n financiera, resultados y cambios de patrimonio de los entes p煤blicos. El grado del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley fue de s贸lo el 53.28 por ciento, por lo que cuestion贸 cu谩les fueron las razones que impidieron fuera mayor y de qu茅 manera ha colaborado la SFP con la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n para la implementaci贸n de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La diputada Mar铆a Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) inquiri贸 en qu茅 grado de cumplimiento se da la obligaci贸n en t茅rminos del art铆culo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores P煤blicos, respecto a la informaci贸n fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo. Adem谩s, en el marco del Presupuesto Base Cero, en qu茅 medida la SFP particip贸 para evaluar el impacto del Presupuesto de Egresos y cu谩les secretar铆as tuvieron subejercicios.

El legislador de Morena, Rogerio Castro V谩zquez, mencion贸 que en el tema del Grupo OHL en M茅xico, se encontraron audios, en mayo pasado, en los que se escucha a directivos de dicha empresa declarar que en los contratos de obra civil es com煤n realizar un sobrecosto de al menos 25 por ciento.

Ante ello, pregunt贸 qu茅 ha hecho la secretaria a su cargo para investigar, castigar y denunciar ante la PGR a funcionarios federales involucrados en posibles actos de corrupci贸n y tr谩fico de influencias como: Emilio Lozoya Austin, Enrique Ochoa Reza y Gerardo Ruiz Esparza.

Por el PVEM, la diputada Paloma Canales Su谩rez pregunt贸 sobre los mecanismos que ha construido la secretar铆a con los sectores sociales y privados para fortalecer la transparencia y eficiencia en el Gobierno federal. 鈥淟os mexicanos necesitamos fortalecer la confianza en el gobierno y sus gobernantes, tener la certeza de que las instituciones y sus funcionarios act煤an en un marco de legalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos鈥�, apunt贸.

El diputado Rafael Hern谩ndez Soriano (PRD) solicit贸 saber cu谩les ser铆an los elementos normativos en materia de conflicto de inter茅s y la definici贸n de los tipos penales que evitar铆an casos como el de 鈥淟a Casa Blanca鈥�, y si est谩 dentro de sus facultades obligar a que las obras de alto impacto, como el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de M茅xico, cumplan con la Ley General de Transparencia, en el sentido de publicitar todos los contratos o concesiones que se ejecuten.

Acci贸n Nacional, la diputada Lorena Alfaro Garc铆a denunci贸 que las acciones y omisiones de la SFP ante los esc谩ndalos de corrupci贸n de la actual administraci贸n, han sido objeto de cr铆tica constante a nivel nacional e internacional; cuestion贸 si se ha iniciado un procedimiento de an谩lisis de la evoluci贸n patrimonial del Presidente de la Rep煤blica y del Secretario de la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico, 鈥渃uyo crecimiento patrimonial ha sido p煤blicamente expuesto鈥�.

Enseguida, por el PRI, el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza pregunt贸 cu谩les han sido las medidas emprendidas por la SFP en torno a las acciones encomendadas por el titular del Poder Ejecutivo, de qu茅 manera impactan en el fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupci贸n y c贸mo se prev茅 involucrar a los diversos sectores de la sociedad.

Al responder, el funcionario indic贸 que con la obligaci贸n de aprobar una Ley General en Materia de Anticorrupci贸n se espera que haya un cat谩logo de conductas comunes en materia de corrupci贸n, que pudieran ser igualmente seguidas tanto por la Fiscal铆a como por el Tribunal de Justicia Administrativa. Precis贸 que las organizaciones civiles ser谩n involucradas por la SFP, para establecer grupos de trabajo que cierran la brecha respecto a la cultura de la denuncia.

Refiri贸 que se tiene un Consejo de Armonizaci贸n Contable, cuyo objetivo es establecer gu铆as de cumplimiento para entidades federativas y municipios en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en t茅rminos generales. Incluso, dijo, los sistemas inform谩ticos de la Secretar铆a de Hacienda permiten cumplir, de manera 贸ptima, a las instituciones federales, pero a los municipios y sus gobiernos se requiere establecer ayuda y gu铆a.

El secretario precis贸 que de las 26 mil quejas que se presentaron en el periodo 2014-2015, s贸lo una de cada 100 se refirieron a situaciones vinculadas con actos de corrupci贸n y una de cada 200 se refirieron a situaciones de soborno; por lo que la brecha que existe entre la denuncia espec铆fica y lo que se declara en encuestas, genera un reto importante para conocer las causas. Respecto al Presupuesto Base Cero, la dependencia tuvo un papel importante, porque a ella le corresponde evaluar la dimensi贸n y la calidad de cada una de las estructuras p煤blicas de la administraci贸n.

En relaci贸n al conflicto de inter茅s, dijo que se ha convertido en una obligaci贸n constitucional el que los legisladores establezcan cu谩l debe ser el tratamiento a este concepto vinculado con el ejercicio p煤blico. En ese sentido, 鈥渆l tema tiene que ver con 谩mbitos temporales, de relaci贸n y de elementos materiales involucrados鈥�.

Respecto a obligar a que las obras de alto impacto publiciten contratos o concesiones, dijo que la Ley General de Transparencia obligar谩 paulatinamente a las instituciones p煤blicas hacer evidente todo tipo de decisiones que tomen y, m谩s a煤n, que se establezca un sistema de contrataciones abiertas de manera creciente.

En respuesta al caso de OHL, se帽al贸 que cada vez que se presentan casos de car谩cter particular y de inter茅s p煤blico, la SFP tiene la obligaci贸n de abrir auditorias. Inform贸 que se abri贸 una por los reportes que la empresa OHL ha entregado en el mercado burs谩til y la propia Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores anunci贸 que en los pr贸ximos d铆as se dar谩 a conocer su veredicto espec铆fico.

En cuanto a la realizaci贸n de obras espec铆ficas, continu贸, la secretar铆a tiene abierta una auditor铆a a nueve obras que se han llevado a cabo en el presente sexenio o servicios que, a trav茅s de concesiones, dicha empresa lleva a cabo, espec铆ficamente en obras carreteras en Guerrero, as铆 como la autopista Atlacomulco-Atizap谩n y Puebla-Amozoc. Asegur贸 que los resultados estar谩n probablemente a fines de a帽o, en caso de que haya responsables, se har谩n las remociones correspondientes.

Inform贸 que la dependencia a su cargo realiz贸 convenios espec铆ficos con el Consejo Coordinador Empresarial, la C谩mara Mexicana de la Industria de la Construcci贸n y pr贸ximamente se har谩n con otras organizaciones de la iniciativa privada, para ir de la mano en algunos aspectos de inter茅s com煤n, entre otros, el vinculado con las contrataciones p煤blicas y su transparencia.

Del lado institucional, continu贸, se tienen dos mecanismos donde la participaci贸n ciudadana est谩 consolidada. Por un lado, la participaci贸n de los testigos sociales en licitaciones de gran envergadura, donde participan un total de 349, y el segundo y el m谩s importante, la instrumentaci贸n de los contralores sociales, porque son ciudadanos, m谩s de 130 mil, encabezados, en dos terceras partes de los 31 mil comit茅s, por mujeres que vigilan la aplicaci贸n de los 58 programas p煤blicos de car谩cter de desarrollo social en m谩s de 2 mil 100 municipios.

Mart铆nez Andrade se帽al贸 que la dependencia debe tener mucho cuidado para analizar las 47 investigaciones de expedientes por un posible enriquecimiento il铆cito, dada la diferencia entre lo reportado y lo que se puede detectar particularmente en cuentas bancarias u otras operaciones de gastos. 鈥淵 ning煤n servidor p煤blico est谩 exento de esta revisi贸n鈥�. Agreg贸 que en t茅rminos del marco jur铆dico, se debe revisar la Ley Org谩nica de la Administraci贸n P煤blica Federal, para reconstruir las atribuciones de esta dependencia.

Dijo que se ha creado la Unidad de 脡tica y Prevenci贸n de Conflicto de Intereses, con comit茅s en pr谩cticamente las 300 instituciones p煤blicas y dijo que el reto es aplicar reglas de integridad y conductas vinculadas con el buen desempe帽o del servidor p煤blico, en t茅rminos de austeridad y respeto a derechos humanos; adem谩s, establecer y prevenir situaciones de conflicto de intereses.

Durante la tercera ronda de preguntas y respuestas, el diputado Gonzalo Gu铆zar Valladares (PES) cuestion贸 qu茅 acciones ha emprendido la SFP en materia de planeaci贸n y profesionalizaci贸n de recursos humanos para atender la demanda y las necesidades del servicio a nuestro pa铆s.

De Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres dijo que la corrupci贸n refleja debilidades institucionales que se traducen en recompensas econ贸micas en detrimento del inter茅s social. Pidi贸 saber qu茅 medidas se han implementado para combatir conductas cotidianas de corrupci贸n y si hay una pol铆tica de colaboraci贸n con dependencias de los tres 谩mbitos de gobierno, para fomentar la cultura de transparencia y rendici贸n de cuentas y que las futuras generaciones no conciban la corrupci贸n como conducta permisible.

El secretario dijo que todos los servidores que integran la administraci贸n P煤blica Federal, un mill贸n 600 mil, se les capacita permanentemente y dota de instrumentos en el 谩mbito de la cultura organizacional, de la innovaci贸n y transferencia del conocimiento, adem谩s se cuenta con manuales de administraci贸n que tienen que ver con recursos humanos, financieros y materiales, entre otros.

Mart铆nez Andrade asegur贸 que la dependencia apuesta a consolidar la Ventanilla 脷nica Nacional para que los tr谩mites federales de cualquier unidad econ贸mica se hagan de manera digital. En t茅rminos de pol铆tica integral a nivel federal, estatal y municipal se firm贸 un compromiso con la CONAGO, para desarrollar tambi茅n las ocho acciones ejecutivas de prevenci贸n de la corrupci贸n, e involucrar al INAI para aterrizar las obligaciones en estos niveles de gobierno, as铆 como el Sistema Nacional de Fiscalizaci贸n.

Durante su r茅plica, el diputado Gonzalo Gu铆zar Valladares (PES) cuestion贸 que de 44 denuncias realizadas por la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n, s贸lo siete han sido consignadas.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Sof铆a Corichi Garc铆a, pregunt贸 si los m谩s de dos mil millones de pesos gastados para los seguros de gastos m茅dicos mayores para funcionarios de alto nivel, representan un gasto que deriven en una dualidad de los beneficios que establece la ley.

El secretario inform贸 que la decisi贸n de contrataci贸n de este tipo de servicios m茅dicos y de otras prestaciones, son de car谩cter complementario ya que abarcan otro tipo de atenciones y servicios m谩s all谩 de los brindados por las instituciones p煤blicas, espec铆ficamente el ISSSTE.

En su r茅plica, Corichi Garc铆a dej贸 en claro que los servicios m茅dicos est谩n siendo duplicados para estos trabajadores, creando un beneficio indebido para bur贸cratas federales de alto nivel. 鈥淟a contrataci贸n de seguros de gastos m茅dicos mayores con empresas privadas abre la puerta a la corrupci贸n y genera una condici贸n de ilegalidad y una duplicidad en el gasto鈥�.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, se帽al贸 que en el proceso de adjudicaci贸n relativa a la construcci贸n del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M茅xico, no se cumpli贸 con los criterios constitucionales se帽alados, ni con los principios fundamentales establecidos en el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa.

El titular de la SFP justific贸 que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de M茅xico es un 贸rgano desconcentrado de la Secretar铆a de Comunicaciones y Transportes, creado con el prop贸sito de administrar la obra sin que sea un concesionario. 鈥淓s un 贸rgano de autoridad que tiene la obligaci贸n de conducir la administraci贸n del conjunto de obras que integran la construcci贸n del nuevo aeropuerto鈥�.

Barrientos Pantoja refut贸 que la propuesta del gobierno federal de construir un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de M茅xico, no considera las m谩s b谩sicas medidas de austeridad. 鈥淓l costo de la primera etapa de construcci贸n que abarca seis a帽os, asciende a 169 mil millones de pesos鈥�.

Del PRD, el diputado Luis Maldonado Venegas quiso saber la factibilidad de hacer exigible a los funcionarios superiores de la federaci贸n el Tres por Tres.

Andrade Mart铆nez explic贸 que la obligaci贸n de declarar est谩 orientada solamente a una de las tres partes, que es la declaraci贸n patrimonial. La de conflicto de inter茅s se da a nivel normativo, por parte de la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica, mientras que la tercera es de car谩cter fiscal y requerir铆a de una reforma a la propia Ley General de Transparencia.

En su r茅plica, Maldonado Venegas pidi贸 alentar a los servidores p煤blicos a que realicen sus declaraciones.

El panista Eukid Casta帽贸n Herrera, se帽al贸 que ante la problem谩tica que enfrenta el pa铆s en el tema de corrupci贸n, deben existir esfuerzos integrales con los Poderes de la Uni贸n y 贸rdenes de Gobierno. En este sentido, -pregunt贸- cu谩l ser谩 la postura y definici贸n de la SFP en el entendido de que la corrupci贸n es un asunto de instituciones. 鈥淨u茅 vamos hacer, vamos a seguir por el mismo camino o a dar una vuelta de tim贸n para implementar el tan ansiado Sistema Nacional Anticorrupci贸n鈥�.

Por el PRI, la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano solicit贸 saber cu谩l ser谩 el papel que tendr谩 la secretar铆a en el Sistema Nacional Anticorrupci贸n, y c贸mo enfrentar谩 la instituci贸n la reducci贸n de recursos en el 2016, ante los nuevos desaf铆os que representa el formar dicho sistema.

En su respuesta, el titular de la SFP, se帽al贸 que fue modificado el reglamento para dar plena solidez a uno de los aspectos que cambiar谩 la naturaleza de la gesti贸n p煤blica y el abordaje preventivo de elementos de administraci贸n: la creaci贸n de la Unidad de 脡tica y Prevenci贸n de Conflictos de Inter茅s, tendr谩 la responsabilidad de establecer metodolog铆as y v铆as, a fin de evitar intervenciones de funcionarios p煤blicos en casos de conflictos de inter茅s.

Respecto a la reducci贸n de recursos, precis贸, 鈥渄ebemos adaptarnos a las nuevas situaciones presupuestales, y en ese sentido la disminuci贸n del 13 por ciento del presupuesto a la secretar铆a debe ser compensada con metodolog铆as que nos permitan ejercer a plenitud nuestras facultades.

Respondi贸 que deber谩 asumir la responsabilidad institucional y personal de coadyuvar en los trabajos para definir una agenda permanente de discusi贸n y reflexi贸n en torno a 4 ejes que garanticen claridad en lo que regular谩 el Sistema Nacional Anticorrupci贸n, y que a la vez converge con las funciones de la secretar铆a. En este sentido, 鈥渓a vuelta de tim贸n ya se est谩 dando鈥�, acot贸.

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