• Se contó con la anuencia o participación de, por lo menos, la policía del municipio de Iguala

• Urgen a aprobar la Ley de Desaparición Forzada; se evitarían más sucesos como el de los 43 normalistas

19-11-2015.- El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, solicitó a los diputados aprobar lo más pronto posible una Ley de Desaparición Forzada, para evitar que se sigan presentando casos como el de los normalistas de Ayotzinapa.

Durante una reunión en San Lázaro con la Comisión Especial para el caso, indicó que los registros de la CEAV señalan que la mayor parte de las víctimas a las que se asiste, es por desaparición; “en muchos casos no se sabe si es forzada, por parte de autoridades, a veces, o del crimen organizado, de ahí la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico adecuado”.

Por su parte, Julio Antonio Hernández Barros, comisionado de la CEAV para el caso Ayotzinapa, explicó que se ha buscado tramitar la reclasificación del delito para que sea considerado como desaparición forzada, ya que “independientemente que el secuestro agravado tiene una mayor penalidad, los elementos subjetivos son mucho menores que los que pide el de desaparición forzada”.

“Es un derecho de las víctimas que los probables delincuentes sean juzgados por el delito que presuntamente cometieron; en este caso, no se trata, a juicio de la comisión, de un secuestro agravado, sino de una desaparición forzada cometida con la anuencia o participación de por lo menos la policía del municipio de Iguala”, sostuvo.

Al retomar la palabra, Rochín del Rincón dio a conocer un Informe sobre los apoyos brindados a los afectados por los hechos Ayotzinapa desde el primer momento. Destacó el programa emergente que marca una nueva etapa en la atención a víctimas, el cual constituye un plan de reparación integral.

Resaltó la reunión con un comité de madres y padres del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, durante la cual el gobierno federal presentó el primer programa de atención integral para las víctimas directas e indirectas.

Aseguró que se ha brindado a todos los familiares atención médica, psicológica y jurídica tanto en Guerrero como en el Distrito Federal.

Rochín del Rincón sostuvo que en la vertiente de acompañamiento, a partir de la reciente solicitud de los familiares de dos fallecidos y dos heridos, se empezó la reparación integral del daño, medida que resolverá en los próximos días el pleno de la CEAV, en apego a lo que marca la ley.

Refirió la atención a lesionados y familiares de personas fallecidas, como el caso de los padres de Aldo Gutiérrez Solano, normalista herido de gravedad, que solicitaron el pasado 26 de octubre una valoración médica distinta.

Al respecto, informó que los doctores Calixto Machado, neurólogo del Instituto de Neurología de Cuba, y el costarricense, Mauricio Chinchilla, médicos reconocidos a nivel mundial para el diagnóstico y tratamiento de casos de traumatismo cráneo-encefálico severos y estados vegetativos, no declararon muerte cerebral, sino confirmaron el estado vegetativo permanente de pronóstico reservado en el que se encuentra Aldo. Garantizó que se seguirán otorgando todos los apoyos al joven y su familia.

También se dio apoyo a la familia de Julio César Mondragón Ponce durante la exhumación de sus restos, el pasado 4 de noviembre, para que especialistas argentinos realicen una nueva autopsia, actualmente en curso.

Rochín del Rincón apuntó que el caso Iguala es una herida abierta que debe transformar al país para que no vuelva a repetirse. “Ayotzinapa nos ha llenado de dolor y ha enfrentado a una realidad que todos comparten: queremos la verdad y que se haga justicia. Y sobre todo que las madres, padres, familiares y las comunidades afectadas, reconstruyan su proyecto de vida y accedan a un mejor futuro”.

Explicó que la CEAV no procura ni administra justicia, no indaga, no establece juicios, ni exonera, “sólo acompaña a las víctimas y garantiza el ejercicio de sus derechos”.

Por la gravedad de los hechos de Iguala, Guerrero, se desplegó todo un equipo interdisciplinario para atender la emergencia, designándose al comisionado Julio Antonio Hernández Barros, para coordinar los esfuerzos institucionales federal, estatal y municipal.

La participación de la CEAV está formalizada en coordinación con las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación Pública y Economía, junto con el DIF.

Hernández Barros refirió que la instancia recientemente aprobó un programa emergente de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia y a la verdad, y reparación integral a las víctimas y familiares de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

A esto se suma un fondo emergente por un millón y medio de pesos para ayudarles con gastos médicos y traslados a hospitales que otras instituciones del Estado no puedan proporcionar, ya que todavía existen personas con secuelas en su salud.

“Dirán que después de un año se está aprobando un plan emergente, pero no es así. Este es resultado de otros planes que ya han sido aplicados, algunos creados días después de los hechos”, aclaró.

El programa emergente de la CEAV, abundó, tendrá que ser aprobado por las familias de los normalistas y las víctimas directas con las que se ha establecido contacto. “No se pretende un plan unilateral, sino ambicioso, que recoja sus opiniones” pues, subrayó, la instancia “se ha pronunciado por que la verdad histórica sea la de las propias víctimas”.

En este punto, el titular de la CEAV, agregó que el pasado 11 de noviembre, en presencia de autoridades estatales y federales, se presentó el proyecto ante las víctimas, familiares y representantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, quienes lo recibieron positivamente.

Al continuar, Hernández Barros puntualizó que la parte medular del plan es la reparación individual y colectiva. “Se busca el resarcimiento de daños físicos, pero también morales, pues consideramos que la desaparición de una persona –como es el caso de los 43 normalistas- es la situación que más dolor genera al ser humano, por encima de cualquier otro delito, incluso el de homicidio”.

También toma en cuenta la pérdida de oportunidades y daños patrimoniales y habla de los derechos de reparación colectiva, pues tanto el municipio de Iguala como la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, han sido dañados como entes colectivos “y se debe atender la reparación de un hecho que, en el mundo, no tiene antecedente”.

Para su implementación, explicó, se ha planteado coordinar los trabajos interinstitucionales entre dependencias como Sedatu, Sedesol, DIF, las secretarías de Salud y Educación Pública, en el marco de sus atribuciones, para brindar atención médica y sociopsicológica a las víctimas.

La presidenta de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), mencionó que como resultado de las reuniones de trabajo y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se han identificado a seis víctimas fallecidas:

Daniel Solís Gallardo; Julio César Ramírez Nava; Julio César Mondragón Montes, alias “El Chilango”; David Josué García Evangelista, del equipo de “Los Avispones de Chilpancingo”; Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del camión de “Los Avispones”, y la señora Blanca Montiel, pasajera de un taxi.

Dijo que de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay 33 lesionados. “Junto con la información que obtuvimos del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podemos identificar que de esas 33 personas lesionadas, cuatro son de gravedad: Aldo Gutiérrez Solano, con muerte cerebral; Jonathan Maldonado Hernández, que sufrió la amputación de varios dedos; Fernando Martín Benítez, con herida en el brazo, y Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara, y desde luego, los 43 estudiantes desaparecidos, cuyas familias requieren conocer su paradero”.

Recordó que a principios de octubre, un medio de comunicación digital dio a conocer que el Servicio Médico Forense de Guerrero recogió cadáveres frente al Palacio de Justicia de Iguala, tras los acontecimientos.

Este dato no aparece en el informe del GIEI, acotó; sin embargo, dicho medio se basó en el parte informativo del Ejército, que se integró al expediente de la PGR, para aseverarlo. Pidió a los funcionarios detallar si tienen conocimiento al respecto, además de referir si han solicitado a las autoridades la ficha de identidad de los 43 normalistas desaparecidos.

Hernández Barros, aclaró que la CEAV sólo ha tenido acceso a documentos como la averiguación previa de la PGR, y los informes del GIEI y la CNDH, donde se detallan tres ataques el día de los hechos, más el hallazgo del normalista desollado, pero “no tenemos conocimiento de otros que hayan ocurrido en el Palacio de Justicia”.

Sobre las fichas de identidad, comentó que únicamente se ha tenido acceso a las que proporcionan la PGR y los familiares, que detallan las señas particulares de los 43 desaparecidos, pero no con otro material distinto.

En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Araceli Damián González (Morena) resaltó que existe una diferencia en el número de víctimas que maneja la CEAV, de un total de 398, tanto directas como indirectas, con el del GIEI que menciona 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, 40 heridas, cerca de 80 que sufrieron persecución y atentados contra sus vidas, otras 30 afectadas del autobús de “Los Avispones”, y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos , además de los familiares cercanos, que son alrededor de 700.

La legisladora Marbella Toledo Ibarra (MC) solicitó información sobre los casos de Aldo Gutiérrez Solano, Edgar Andrés Vargas y Julio César Mondragón, quien murió la noche del 26 de septiembre del 2014. Preguntó sobre las acciones que podría tomar la CEAV para convencer a familiares de recibir ayuda, sin que piensen que con ello se cerraría el caso de sus hijos. Además, qué podrían hacer los diputados, desde el ámbito legislativo, para apoyar al funcionamiento de dicho organismo.

Respecto a la cantidad total de víctimas atendidas por la CEAV, el comisionado Hernández Barros precisó que se registran 398 víctimas atendidas, entre ellas los 43 estudiantes desaparecidos; sin embargo, la disparidad con los números que registran la PGR, la CNDH y el GIEI se debe a que la institución no puede atender oficiosamente a las víctimas. Para ello, explicó, se requiere una excitativa, ya sea de la autoridad, de los propios afectados o sus representantes.

Enfatizó que en el caso de las víctimas de Ayotzinapa, sus representantes no han acudido a dicho organismo para solicitar su registro y acceder a los derechos que tienen de acuerdo a la Ley General de Víctimas; por el contrario, abundó, el registro se da por orden de un juez en materia penal, de ahí que sólo están los 43 normalistas, no así sus familiares cercanos.

Respecto a apoyos legislativos, el presidente de la Comisión Ejecutiva, Sergio Rochín, dijo que Ayotzinapa es un claro ejemplo de las víctimas y desapariciones que existen en el país, como los que ocurren en Guerrero, Sinaloa y Veracruz. Solicitó a los legisladores revisar la Ley General de Víctimas, ya que es una tarea difícil lograr reparar los daños. En el caso de los apoyos económicos a los afectados, detalló que a veces requieren pagar un camión y la ley dice que los pagos deben ser sobre rembolso, es decir, tendrían que dar factura o recibos.

En su turno, Hernández Barros explicó que respecto a Aldo Gutiérrez Solano, su estado de salud es “sumamente grave”; los médicos coincidieron en que su estado es vegetativo, además de que presenta una llaga o escara en la región sacra por la inactividad del cuerpo y una infección en las vías respiratorias, lo que lo hace más vulnerable.

Aseguró que una vez que mejore de estas dos condiciones podría ser dado de alta en el hospital de Neurología y Neurocirugía, para ser trasladado al Centro Nacional de Rehabilitación en el Distrito Federal, pero también buscaríamos un hospital cerca de su lugar de origen donde la familia cuente con apoyo profesional permanente.

En el caso de Edgar Andrés Vargas, quien sufrió un traumatismo en la cara a causa de un arma de fuego, precisó que está fuera de peligro, pero el proceso de reconstrucción y rehabilitación será tardado porque incluye la realización de cirugías de carácter estético y parcial.

Por lo que respecta al normalista que falleció y que apareció con probables signos de tortura, Julio César Mondragón, indicó que la PGR lleva a cabo exámenes periciales para determinar las causas de su muerte. Si resultara afirmativa la posible tortura, afirmó, se reiniciarían los apoyos a la viuda y su hijo.

Rochín del Rincón aseguró que la CEAV deberá trabajar en generar confianza y transparentar apoyos, ya que algunas víctimas no se han presentado por falta de confianza en las autoridades.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) cuestionó si en verdad se puede calificar de exitoso el Programa de Atención a Víctimas de los hechos acontecidos en Iguala, ya que después de 14 meses todavía se tienen muchos pendientes.

Pidió proporcionar todas las atenciones que se han dado a las víctimas en cada uno de los casos, para saber qué se ha dado y qué no, quiénes han dado los tratamientos psicológicos, cuál es el diagnóstico inicial y el actual de los afectados en materia económica, psicológica y de salud.

Asimismo, inquirió sobre el cuidado que se ha brindado al equipo de “Los Avispones”, así como a los familiares de Julio César Mondragón.

Julio Antonio Hernández Barros, por su lado, señaló que uno de los gravísimos problemas en materia de búsqueda es que no se cuenta con un registro nacional de ADN; entonces, por un lado se tiene a miles de familias buscando a sus seres queridos y, por el otro lado, una serie de personas que pueden ser localizadas, ya sea con vida o no, y que no pueden ser identificadas por sus familiares.

Mencionó que la ley mucha veces los restringe y el reglamento aún más, para dar ciertas ayudas y pidió analizar cómo agilizar la Ley General de Víctimas, para que las medidas de ayuda, asistencia y atención puedan ser mucho más flexibles.

El funcionario aclaró que del equipo de “Los Avispones” se ha considerado en total a 37 víctimas directas y 107 indirectas, es decir, no solamente son 22 jugadores, sino también los miembros del cuerpo técnico que viajaban con ellos. Precisó que su atención psicológica ha sido brindada por especialistas.

Asimismo, han recibido asistencia de trabajo social, lo que ha significado que tengan acceso a viviendas que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano está por entregarles, así como a proyectos productivos de la Secretaría de Desarrollo Social.

En otra oportunidad, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aseguró que en casos tan dolorosos como estos nunca es posible dar todo lo que realmente las personas requieren, porque traen mucho sufrimiento y daño. “Son situaciones graves, donde las posibles ayudas, conforme a la ley, son de alguna manera un paliativo”.

En tanto, el diputado Roberto Guzmán Jacobo (Morena) solicitó a los funcionarios informar por qué no concuerda el número de víctimas que tiene este organismo, 370, con el del Grupo de Expertos, 700 personas afectadas; además, quién los instruye a intervenir y qué medidas se han tomado con las fosas, donde se encontraron cientos de desaparecidos.

Hernández Barros, el comisionado encargado del caso Ayotzinapa explicó que en el caso Iguala, se tienen denuncias en relación con 400 personas desaparecidas, y que la CEAV se reúne todos los martes junto con autoridades de procuración de justicia, donde se les brinda asesoría jurídica, se coordinan con la Policía Federal jornadas de búsqueda, se tramitan muestras de ADN para facilitar el reconocimiento de los cuerpos que están en las fosas y se hacen los cruces con las bases de datos de desaparecidos.

Agregó que en Iguala, en los últimos meses, se han encontrado cien cuerpos, de los cuales menos de 15 corresponden a las personas que se están buscando, es decir, el resto no está identificado. Lo anterior muestra, afirmó, que existe un universo mayor de personas desaparecidas.

Puntualizó que la comisión se encarga de pagar traslados, alimentación, brindar justificantes de trabajo, realizar los protocolos de identificación y cubrir los gastos funerarios. Indicó que sólo tienen 398 personas registradas, porque actúan oficiosamente, es decir, solo se brinda ayuda si las víctimas, los representantes y la autoridad lo solicitan.

La diputada Araceli Damián González (Morena) destacó la importancia de dar un tratamiento adecuado a los casos de los 43 jóvenes desaparecidos, pues la indemnización debe ser diferente tratándose de secuestro o de desaparición forzada.

“Independientemente de que se hayan acercado o no, para solicitar el apoyo que consideren conveniente, pues ahorita no está calificado el delito como desaparición forzada, sino como secuestro, y sucedería una situación similar a la de Julio César Mondragón, que no es lo mismo que haya fallecido de un modo o de otro, porque la indemnización es distinta”.

“En un país como México, en un momento histórico como éste, hay pocos elementos para decir que la desaparición forzada se va a detener en un futuro inmediato con una comisión”, concluyó.

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