• De avalarse por el Pleno sería un avance significativo: Plascencia Pacheco

26- 11- 2015.- La Comisión de Igualdad de Género aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a elaborar, coordinar y homologar con las procuradurías de Justicia del país, un protocolo único de investigación ministerial, pericial y policial aplicable a todas las mujeres víctimas de violencia, así como capacitar al personal en perspectiva de género.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la instancia legislativa, precisó que en este proceso participaría también el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para diseñar “un protocolo único de actuación ministerial de aplicación nacional para delitos en contra de este sector de la población. De aprobarse en el Pleno será un avance significativo”, aseguró.

La PGR y el Inmujeres, en un marco interinstitucional con el apoyo de expertos en igualdad de género, deben definir las líneas estratégicas para aplicar este protocolo en las entidades federativas y garantizar su funcionamiento de manera integral, explicó.

Plascencia Pacheco destacó que las mujeres recluidas representan menos del 5 por ciento del total de la población presa. Comentó que pierden derechos civiles, pero no humanos y la comisión está comprometida a mejorar su calidad de vida, porque una pena corporal impuesta a una mujer no sólo la afecta a ella, sino a su familia y a la sociedad.

“Sigue siendo más castigado socialmente el que una mujer cometa un delito que un hombre, porque la familia o la pareja cambian su perspectiva, la discrimina y evita el contacto o el apoyo; el cónyuge la abandona a los dos o tres meses. Debe asegurarse el derecho de sus hijos menores, que permanecen con ellas en los reclusorios, con cuidados integrales por parte del Estado mexicano”, afirmó.

Refirió que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob), funciona como una política pública integral y eje específico para frenar dicha conducta.

Sobre todo, explicó, porque el 60 por ciento de las mujeres mexicanas admite haber sido víctima de algún tipo de violencia. “Lo más grave aún es que más del 57 por ciento reconoce o cree que es normal. No es normal la discriminación ni los malos tratos”.

Tenemos que impulsar una cultura de paz, del respeto de los derechos humanos y difundir que las mujeres no están solas, que hay instancias que trabajan día y noche en atender a las mujeres violentadas.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin) tiene más de 25 Centros de Justicia en todo el país, donde las mujeres violentadas pueden recibir orientación integral. La meta es instalar uno por cada entidad federativa y seguir avanzando.

Para combatir la violencia, propuso “educar para la igualdad” desde el seno del hogar, sin diferencias de actividades domésticas y académicas entre niñas y niños o adolescentes, que la pareja valore a su esposa. Este nuevo enfoque es fundamental para abatir y prohibir un trato desigual.

Frenar la violencia hacia las mujeres es tarea de todos, debe unir y sumar esfuerzos. Violentarla es un fenómeno cultural no coyuntural que es permanente y cotidiano en la vida de muchas mujeres mexicanas; lo grave es que lo consideren como una conducta normal o “es tu cruz y tienes que aguantar”, cuando es una clara desigualdad y discriminación, destacó.

La instancia legislativa avaló otros tres puntos de acuerdo. Destaca el llamado para que los titulares de las secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de los gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Estado de México fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las zonas rurales, en particular de las indígenas que siguen siendo violentadas en sus comunidades y carecen de planes que contribuyan a que superen los graves niveles de marginación y pobreza que sufren.

Asimismo, solicitar a la Segob, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo) e Inmujeres, difunda los avances logrados para prevenir el embarazo en adolescentes. También, para que el Senado de la República considere la terna para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada únicamente por mujeres.

Avaló también una opinión para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso, para implementar la paridad de género en diversos órganos de gobierno en las cámaras de Diputados y Senadores.

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