• El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, se congratula por decisión de PGR de permitir intervención de expertos internacionales en caso Ayotzinapa

• Sin embargo, señala que la desaparición de los normalistas es apenas la punta del iceberg, pues se estiman más de 150 mil desaparecidos

• En México se padece una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad

09-10-2015.- El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, se congratuló por la apertura que muestra la Procuraduría General de la República (PGR) para que intervengan expertos internacionales en el caso Ayotzinapa, aunque el gobierno debe dejar la soberbia e ir al fondo de las desapariciones, problema que afecta a grandes regiones del país.

Añadió que la desaparición de los normalistas representa una afrenta para todos los mexicanos y sus instituciones, pero apenas es la punta del iceberg, porque en México existen miles de cientos de desaparecidos, muchos de los cuales ni siquiera son denunciados.

Refrendó que las autoridades federales deben asumir con toda responsabilidad las observaciones tanto del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aseveró que ante los golpes de pecho que se da el gobierno mexicano, los datos duros son lapidarios, tal como lo señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.

Para la mayoría de los mexicanos, dijo, es evidente la enorme impunidad que prevalece frente a los delitos denunciados, muchos de los cuales ni siquiera son investigados, lo que ocasiona una enorme desconfianza de la población que, a su vez, incrementa las cifras negras, es decir, los delitos que no se denuncian.

El legislador perredista consideró contradictorio que por un lado se presuma que fueron las propias autoridades mexicanas las que invitaron a dichas instancias internacionales, y después reaccionen con descalificaciones ante los informes preliminares que han presentado sobre la situación que vive el país en materia de Derechos Humanos.

El diputado Ojeda sostuvo que para nadie es ajeno que alrededor del 90 por ciento de los delitos no son denunciados por temor a las propias autoridades encargadas de perseguir a los delincuentes, y apenas uno de cada diez casos es consignado.

Por todo lo anterior, reiteró que México está obligado a acatar las recomendaciones de dichos organismos internacionales, porque así lo determinó de manera autónoma y soberana al signar y ratificar la Convención Americana sobre derechos humanos, mejor conocido como Pacto de San José.

Subrayó que más que quejarse del panorama desolador que dieron a conocer dichos organismos, el gobierno federal debería estar más abierto a este escrutinio internacional y mostrar voluntad política para resolver el grave problema de las desapariciones, que a todas luces es un asunto que preocupa a la mayoría de los mexicanos.

Dijo que los señalamientos realizados en el sentido de que México padece una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad; más que indignar a las autoridades mexicanas, las deberían obligar a trabajar.

Insistió en que el gobierno debe entender el mensaje que le dejaron los visitantes internacionales: la tragedia de Ayotzinapa no es un asunto aislado, sino un patrón de violaciones a los derechos humanos.

El diputado Alejandro Ojeda instó nuevamente al gobierno de México a acatar las recomendaciones de la CIDH, tal como quedó estipulado en 1969, cuando fue aprobada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a septiembre de 1997, por 25 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana y Ecuador.

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