22-10-2015.- Los diputados de las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública cuestionaron al secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, sobre inseguridad, fortalecimiento y respeto a los derechos humanos, tráfico de armas, impunidad, controles de confianza, infiltración del crimen organizado en la política y sus vínculos con aspirantes a cargos de elección popular en 2016, y los casos de ex gobernadores acusados de corrupción.

En su comparecencia con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el funcionario federal aseguró que para la contienda electoral del próximo año no se vetará a ningún aspirante a un cargo de elección popular; habrá confianza en los partidos políticos en determinar si participan o no ciertos candidatos, dijo.

En la segunda ronda de preguntas, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) refirió que Tamaulipas padece desde hace varios años la presencia del crimen organizado, por lo que solicitó conocer en qué consiste la estrategia de seguridad para la entidad y qué avances se tienen hasta el momento, cuando el estado podría ser una gran potencia económica para el país al compartir más de 350 kilómetros de frontera con Estados Unidos y donde se mueven el 30 por ciento del comercio nacional.

El secretario Osorio Chong, dijo que, si bien, la presencia de la delincuencia organizada es la constante en todos los estados, la forma de operar y conducirse logística y financieramente es distinto en cada estado. En el caso Tamaulipas precisó que los 15 delincuentes más importantes y fijados como objetivos ya están detenidos. “Hoy estamos focalizados en donde hay robo de vehículos y secuestros en las cuatro regiones en que se ha divido la entidad para atacar estos casos”, explicó.

En su turno, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de NA, solicitó conocer los elementos con los que cuenta el gobierno federal para impugnar el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y cuáles serán las acciones que se implementarán desde la Segob para impulsar el fortalecimiento de los derechos humanos en México.

“Nos preocupa que México sea un país donde la impunidad, la inseguridad pueda llegar a consolidarse, en virtud de la falta de directrices que garanticen la vigencia de las garantías individuales en diversas instituciones del Estado”.

Al respecto, el funcionario respondió: “no vamos a impugnar, hay que comprobar y llegar a la verdad sea la que sea, y por ello es que tomamos no sólo las recomendaciones de la CIDH, sino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Señaló que no esperarán un informe final, ni los seis meses donde el Estado ha abierto sus puertas a expertos internacionales. “Lo que queremos es trabajar junto con ellos, queremos construir junto con ellos una conclusión en la que estemos todos de acuerdo”, afirmó.

En cuanto al tema de derechos humanos, dijo, no podemos aceptar cuando se habla de temas que le ponen el anuncio de “generalizado”, no estamos cerrando los ojos a lo que sucede en el país, pero tampoco podemos aceptar que esto sea la constante en todos lados. Reiteró que se han atendido todos los asuntos para avanzar en el tema.

Por MC, el diputado Manuel Espino Barrientos preguntó qué se va hacer para evitar que continúe el contrabando de armas, cuando en México hay 13 millones de armas ilegales y diariamente entran al territorio nacional de manera ilícita otras 2 mil. En otro tema, cuestionó porqué siendo tan evidentes los actos delictivos de Guillermo Padrés Elías y Rodrigo Medina, ex gobernadores de Sonora y Nuevo León, respectivamente, hasta ahora se les ha exonerado.

Además, señaló que el Estado no ignora que algunos aspirantes para ser gobernadores el próximo año tienen vínculos poco confiables, ¿no es responsabilidad de los partidos, proteger al Estado de este riesgo, en qué le podemos ayudar, estamos dispuestos a colaborar para que el crimen organizado no siga infiltrándose en nuestras instituciones?

En respuesta, el secretario de Gobernación comentó que el tema del tráfico ilegal de armas en la frontera norte es una prioridad en la agenda binacional con Estados Unidos. “Hemos avanzado, pudimos hacer una política pública en la frontera sur, estoy convencido de que se podrá hacer otra para la seguridad de la zona norte, ahí requeriremos el apoyo del Poder Legislativo.

Sobre el caso de los exgobernadores, precisó que quien tenga que enfrentar responsabilidad por sus propios actos será una determinación de las instancias de seguridad de los estados. “Seremos respetuosos de lo que éstas determinen”.

En cuanto a las próximas elecciones para renovar en 12 gubernaturas, 13 congresos y 965 ayuntamientos el próximo año, hemos logrado una comunicación importante con los partidos políticos, no podemos vetar a nadie, lo que nos toca es que en caso de conocer algún vínculo de alguien ya electo, entonces daremos seguimiento y actuaremos”.

Por Morena, la legisladora Delfina Gómez Álvarez consideró que el hecho de tener una policía de alto nivel no resuelve el problema de la delincuencia, cuando no se atienden las necesidades básicas de la población más vulnerable como educación, alimentación nutritiva, protección a la salud, vivienda digna y empleo.

Ante ello, cuestionó, ¿por qué no fortalecer a las policías locales a través de la profesionalización? y ¿a qué atribuye que, aún aplicando el examen de control y confianza, todavía prevalecen en algunos elementos de seguridad actitudes de deshonestidad y abuso de autoridad?

Osorio Chong señaló que en el tema de seguridad, para el gobierno federal no ha sido un tema de más policías o más corporaciones, sino fundamentalmente de atender las causas y éstas siempre serán la falta de oportunidades, en su mayoría de las veces. Informó que el Programa de Prevención, de más de 7 mil 600 millones de pesos, generó oportunidades a 5 millones de jóvenes en circunstancias de violencia e inseguridad.

Respecto a dejar a las fuerzas federales, al Ejército y la Marina en los estados, “no, no es correcto”, afirmó. Hoy hay un acuerdo con las entidades en generar instituciones fuertes en seguridad, sólo entonces vamos a retirar a las fuerzas federales.

A nombre del PVEM, el diputado Cándido Ochoa Rojas preguntó qué medidas va a tomar la Secretaría de Gobernación para garantizar la correcta implementación de la reforma educativa, incluso si esto implica actuar en contra de aquellos grupos que pretenden defender a toda costa los privilegios y los intereses particulares que mantuvieron durante muchos años.

Osorio Chong sostuvo que el gobierno ha decidido aplicar la ley en torno a la reforma educativa, cuyo único objetivo es elevar la preparación académica de niños y jóvenes. “Vamos a hacer todo desde el gobierno para que se cumpla. Diálogo sí. Violación de los derechos de los demás, no lo vamos a tolerar”, afirmó.

Por el PRD, el diputado David Jiménez Rumbo precisó que la estrategia de Mando Único se percibe como un total fracaso a nivel nacional. Cuestionó sobre las nuevas acciones que emprenderá el gobierno federal para evitar que la inseguridad y la violencia sigan permeando en el país. Planteó el uso político de los instrumentos de seguridad y procuración de justicia que ha maximizado altas dosis de impunidad para coartar aspiraciones de adversarios políticos.

El funcionario federal garantizó que no se partidiza la seguridad ni la justicia. “No ocupamos la política en seguridad, lo hemos validado. Los tiempos electorales no van con tiempos judiciales o en el marco de la legalidad”.

Cuando alguien comete o se le comprueba que es infractor, tiene que actuarse, y sin esperar a que haya un proceso electoral para tomar acciones. Apuntó que las facultades de seguridad pública que tiene Gobernación busca acercarlas a los estados, respaldarles, ayudarles y apoyarles para que puedan formar sus instituciones.

La panista Angélica Moya Marín refirió la inoperancia e ineficiencia de la actual estrategia en seguridad, manifestada en la elevada y creciente impunidad, no sólo en las violaciones de los derechos humanos o la corrupción, sino en general en todos los delitos.

Sostuvo que las cifras oficiales no reflejan la realidad de la incidencia delictiva; la persistencia de focos rojos en diversas entidades federativas; en las recurrentes y lastimosas prácticas de expolio por parte de la delincuencia organizada; el rezago de la reforma de la policía, y en la ausencia de un cronograma para retorno gradual de las Fuerzas Armadas a sus funciones ordinarias.

El titular de la Segob destacó la coordinación entre la Federación y los estados en la estrategia de seguridad, para que construyan instituciones fuertes que combatan la inseguridad y alentar la investigación en el nuevo modelo de justicia. Resaltó que sólo con esfuerzo de todos se va a lograr la tranquilidad perdida por muchos años.

Precisó que sí hay que reconocer defectos y retrocesos, pero también los avances, y la Gendarmería hoy está probada y ocupa los primeros niveles de confianza por la población.

Por el PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado inquirió respecto a la estrategia para capacitar a todos los policías locales ante el nuevo sistema de justicia penal. Profesionalización imprescindible en materia de derechos humanos, y no sólo eso, sino que estén plenamente convencidos de protegerlos y garantizarlos, precisó.

Osorio Chong refirió que el nuevo sistema penal oral es un cambio de paradigma en materia de justicia que implica no sólo capacitar a policías, jueces, ministerios públicos, sino que la ciudadanía conozca esta transformación.

Comentó que el Sistema Nacional de Seguridad, en su última sesión, decidió apoyar nuevamente a los estados en el enorme atraso en materia de capacitación de los policías, primer actor y fundamental en este nuevo modelo. Dijo que de los 450 mil elementos, hoy cerca de 360 mil no están capacitados.

“Más que buscar culpables lo que hicimos es un acuerdo con recursos que van a permitir capacitar a todas las y los policías del país. Iniciamos hace 15 días en San Luis Potosí, en nuestra academia, capacitando a los capacitadores y se va a replicar hasta llegar a los policías”, explicó.

Señaló que si no se cubre ese eslabón, lo que puede suceder es que los delincuentes estén en las calles e inocentes puedan ser responsabilizados.

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