• Afirma su titular, Arely Gómez, que la lucha contra delincuencia organizada ha afectado la capacidad económica de los cárteles
• PGR trabaja de manera decidida para agotar todas las líneas de investigación en el Caso Iguala, destaca
• Anuncia elaboración de anteproyectos para presentarlos al Legislativo sobre víctimas de tortura y desaparición forzada

27-10-2015.- La procuradora General de la República, Arely Gómez González, sostuvo que la lucha contra la delincuencia organizada requiere de estrategias que garanticen un combate integral, incluida la afectación de las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, en el marco de la Glosa del Tercer Informe del Presidente de la República, puntualizó que su capacidad económica les da también fuerza operativa y les permite corromper, incluso penetrar, las estructuras institucionales dedicadas a combatir el delito.

Detalló que en el caso del grupo delictivo que dirige Joaquín Guzmán Loera, se ha avanzado en el desmantelamiento de su estructura financiera y de operación, la cual comprende inmuebles, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje.

“Esta dinámica es una directriz para atacar los apoyos logísticos que se dan a las organizaciones criminales. Con estas acciones se avanza en la ruta correcta. Por convicción institucional y exigencia legal, les arrebataremos todos los objetos, productos e instrumentos del delito con los que cuentan para llevar a cabo sus actividades delictivas”, afirmó.

Gómez González dijo que las investigaciones que ocupan la atención de la opinión pública desde hace meses, en cuanto a la fuga registrada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "El Altiplano", hasta el momento han permitido consignar y obtener auto de formal prisión en contra de 29 personas.

Mencionó que estas acciones se encuentran respaldadas por 242 pruebas científicas y peritajes, en 18 especialidades, como criminalística de campo, informática, telecomunicaciones y genética.

Por otra parte, expuso que es compromiso institucional garantizar una procuración de justicia con pleno respeto a los derechos humanos, alineándola con los estándares internacionales y con acciones concretas que garanticen efectos duraderos. De ahí que en agosto, se hayan aprobado y entrado en vigor los protocolos homologados para la investigación de los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas, en todas las instancias de procuración de justicia en el país.

Anunció que se lleva a cabo un proceso de consulta con especialistas, organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de víctimas de tortura y de desaparición forzada de personas, para elaborar y presentar en la próximas semanas al Poder Legislativo dos anteproyectos de leyes generales en esa materia.

Hoy, indicó, es una realidad la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y se inició formalmente la operación de la Base de Datos Ante Mortem–Post Mortem. En una primera etapa, se han ingresado los datos de 650 personas reportadas como desaparecidas o cuyo paradero se desconoce.

Recordó que la averiguación previa del Caso Iguala fue puesta bajo la competencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en donde se ha dispuesto que un equipo de servidores públicos altamente calificados en investigación penal y derechos humanos, atiendan esta indagatoria en una segunda fase.

“Las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas. Tratándose de una investigación abierta no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación”, aclaró.

Por ello, dijo, se han incorporado al expediente del caso diversas observaciones y elementos necesarios para su desarrollo. Muchos surgidos de la relación de coadyuvancia técnica, establecida con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el pasado 20 de octubre, argumentó, se establecieron diversos acuerdos entre el Grupo de Expertos y el Estado mexicano, y el aspecto más importante de este “es el relanzamiento de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, mediante una estrategia basada en el uso de la tecnología y la ciencia”; al mismo tiempo, añadió, “se trabajará en la atención integral a las víctimas, lo cual incluye el acompañamiento en su búsqueda de justicia”.

Reiteró: “la PGR continúa trabajando de manera decidida, para agotar todas las líneas de investigación y para dar certidumbre y confianza a las familias de los estudiantes. Esta voluntad implica el firme compromiso de que todos los responsables, sin duda, serán puestos a disposición de la autoridad competente. Seguiremos trabajando, en éste y otros asuntos con responsabilidad y transparencia, privilegiando el respeto a los derechos humanos”.

La procuradora Gómez González expuso que en esta gestión no se arraiga para investigar; la figura del testigo colaborador ha dejado de ser el único instrumento de prueba para consignar. “Hoy se utiliza como apoyo a otros medios, no se procede penalmente en contra de personas con el dicho aislado de un testigo colaborador”.

Destacó que ante la acción de grupos delictivos que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera eficaz. De ahí que a la fecha se tienen vigentes 114 tratados internacionales con 43 países y 23 acuerdos suscritos con 15 naciones.

En materia de extradición, del periodo comprendido entre el 1 septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, México ha entregado a 50 personas reclamadas por la justica de diferentes países, por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, lavado dinero, homicidio y trata de personas, entre otros.

Sobre la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, detalló que se avanza en coordinación con autoridades del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión. “La transición es histórica y constituye una alta responsabilidad y un valioso compromiso con la sociedad mexicana”.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, recordó que desde el inicio de su gestión se ordenó la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental. Agregó que para hablar de transparencia hay que serlo, siendo una prueba la versión pública de la averiguación previa del Caso Iguala, de que fuera puesta a disposición de toda la sociedad. “Esto constituye un hecho inédito”.

Precisó que este documento está totalmente abierto para su consulta en la sección de Transparencia de la página electrónica de la Procuraduría, donde hasta el 26 de octubre de 2015 se habían registrado 36 mil 552 accesos.

Otro hecho relevante, es la puesta en operación del Sistema de Consulta de Detenidos, el cual permite a cualquier ciudadano poder localizar en Internet si algún familiar o conocido se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Federación, conociendo exactamente en qué Agencia se encuentra.

La titular de la PGR resaltó que se han reducido considerablemente las declaratorias de inexistencia de la información, pasando de un promedio de 35 a sólo 2 mensualmente. La Procuraduría es la quinta dependencia de la Administración Pública Federal con más solicitudes de acceso a la información y en lo que va del año, van más de 3 mil 680 solicitudes que se atienden en tiempo y forma.

Subrayó que los retos son grandes, pero las capacidades y esfuerzo institucional son mayores, y los principios son contundentes: esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que al delincuente se le aplique la sanción que le corresponda, con pleno respeto a sus derechos procesales, y que las víctimas del delito reciban verdadera reparación y sean resarcidas en sus derechos.

Posicionamientos de los grupos parlamentarios

En los posicionamientos, la diputada Melissa Torres Sandoval (Encuentro Social) manifestó su compromiso de velar por los más desprotegidos y vulnerables que han sido víctimas de las peores injusticias. Refirió que el delito de trata de personas es prioritario para su grupo parlamentario y propuso revisar la legislación en la materia, para fomentar su prevención y su combate, así como etiquetar recursos para realizar esas tareas.

Señaló que México tiene problemas graves que exigen un gobierno eficaz, y manifestó su confianza en que la Procuraduría General de la República responderá a las exigencias de los ciudadanos para enfrentar temas complejos.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (NA) señaló: PGR debe dar respuestas claras, concretas y fundamentadas a las víctimas, sus familiares y la sociedad y, aunque reconoció que hay avances en algunas materias, “acontecimientos como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas en septiembre de 2014, no tienen cabida en ningún sistema democrático”. No sólo debe conocerse la verdad, sino que la investigación conducirla a un castigo ejemplar a los responsables.

Los temas prioritarios para mi partido son el combate al ejercicio indebido del servicio público, a la desaparición forzada, el tráfico de influencias y otros que merman la confianza de la población. Externó su propósito de que la PGR sea una institución fuerte al servicio de mexicanos, para procurar una justicia eficaz y oportuna en el marco del Estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la legalidad.

De Movimiento Ciudadano, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco apuntó que el problema de inseguridad y el aumento del crimen organizado que enfrenta el país “es de ustedes; han fracasado porque no han establecido las estrategias correctas; su ineficiencia quedó demostrada en la investigación del caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, que “hasta hoy no se sabe el móvil del crimen ni dónde están”.

Dijo que la dependencia ha tenido un pobre desempeño institucional, pues se mantiene un preocupante ascenso en homicidio doloso, secuestro y desaparición forzada. Expresó que el primer problema sin resolver es el de la delincuencia organizada, que genera terror y violencia y su combate corresponde a la PGR, que “a pesar de los considerables presupuestos para su funcionalidad tiene tristes resultados y los avances para contener la violencia y criminalidad son mínimos e irrelevantes”.

El legislador Cuitláhuac García Jiménez (Morena) sostuvo que los mexicanos están cansados de que se les vea la cara y que la PGR solape, engañe, sea omisa y cómplice de quienes deben ser castigados por delitos diversos, que a la vista de la mayoría deberían estar en la cárcel.

Las intervenciones tardías caracterizan a las acciones de la justicia de esta Procuraduría, se convierten en actos de injusticia y prueba de ello es el evidente conflicto de intereses que existe en el caso de Oceanografía; se ha limitado su toma de decisiones, al no haber realizado a la fecha la captura del citado delincuente “que es, hay que decirlo, es primo hermano de su esposo.

En representación del PVEM, la diputada Lia Limón García, puntualizó que la Procuraduría General de la República está reprobada al no entender la composición del país, ya que las deficiencias en procuración de justicia suceden en todo el país, particularmente a nivel estatal que aún enfrentan importantes retos.

Si se quiere recuperar la confianza ciudadana, no hay otro camino más que esclarecer plenamente los hechos ocurridos en Iguala, sin embargo, reiteró que para mejorar la procuración de justicia en México, no sólo a nivel federal, sino a nivel local se requiere la colaboración de todos los niveles de gobierno y los partidos políticos.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) mencionó que para el pueblo de México, resulta verdaderamente ofensivo e insatisfactorio el que hasta el día de hoy, no se tengan resultados concretos en las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría en los lamentables hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y seis personas más que perdieron la vida, pues pareciera que lejos de buscar la verdad histórica, se trata de confundir más a los ciudadanos.

Es momento que se comiencen a ver resultados en la materia y que no sigan creciendo la cifra de desaparecidos, pues de acuerdo con el CIDE en los últimos tres años del gobierno federal desaparecen 13 personas al día.

Esperamos, que con la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se erradique la gran problemática de México sobre los altos índices en la comisión de este delito y se desintegren los grupos delincuenciales que se encargan de dañar la integridad y el bienestar de las familias.

Por el PAN, el diputado Javier Antonio Neblina Vega señaló que México vive una situación sumamente compleja en materia de procuración e impartición de justicia; en estos momentos de crisis, la incertidumbre permea sobre la sociedad, el crimen organizado acecha a las comunidades del país, el respeto a los derechos humanos parece ser la excepción antes que la regla.

Mencionó que Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Villa Purificación y Ecuandureo, y la fuga del “El Chapo” Guzmán, “han puesto en evidencia las deficiencias del sistema de procuración de justicia para conocer la verdad de hechos y dar con los servidores públicos responsables de omisiones o delitos”. Hoy los derechos humanos se encuentran bajo amenaza permanente, “resultado de la ausencia de un imperio de la ley efectivo que permita la convivencia armónica entre los mexicanos”.

La diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI) aclaró que la PGR no requiere ocultar información ni engañar a los mexicanos; “ahí están más de 53 mil hojas del expediente de Iguala, disponibles para quien quiera conocer la verdad, la consulte en línea”. Precisó que la investigación de la procuraduría en este caso ha conllevado el desarrollo de trabajos científicos en más de 18 especialidades, arrojando 714 dictámenes periciales, que ha permitido la detención de 111 personas. “Dejémoslo claro, la investigación sigue abierta”.

Precisó que desaparición de persona no es lo mismo que desaparición forzada, “es una distinción legal, sutil, pero importante”. Asimismo, indicó que su grupo parlamentario comparte la preocupación por acabar con los espacios de opacidad y corrupción, “nada es más dañino para la democracia”; por agenda legislativa, es prioritario concretar las reformas secundarias en materia de transparencia, así como las atinentes al sistema nacional anticorrupción, advirtió.

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