• Afirma que se trabaja con dedicación para conocer paradero de desaparecidos de Ayotzinapa

• En últimos siete meses han sido removidas 110 personas por actos de corrupción

27-10-2015.- Al iniciar la segunda ronda de cuestionamientos de su comparecencia ante la Comisión de Justicia, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, subrayó que la PGR trabaja con todo apego a la ley y dedicación para conocer el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; subrayó que recuperar la confianza ciudadana no es un reto fácil, pero se trabaja para cambiar el rostro de la dependencia a su cargo.

Los legisladores preguntaron sobre casos de corrupción dentro de la PGR; la situación que guardan las investigaciones del asunto de OHL; la implementación del Sistema de Justicia Penal y sobre las sanciones a los agentes involucrados en el cateo a oficinas de la empresa Infraiber.

La diputada Melissa Torres Sandoval (PES) refirió que el pasado 7 de septiembre se hizo público un operativo de elementos de la policía federal para localizar y presentar como testigo al abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari, a quien supuestamente sembraron un arma, y luego realizaron un cateo en las oficinas de esa empresa. Preguntó por qué motivos la PGR detuvo al abogado y qué medidas se han tomado para sancionar a los agentes que participaron en esa acción.

En respuesta, la procuradora señaló que los agentes fueron suspendidos provisionalmente de su cargo. “Se hizo cumplir la ley, ellos llevarán su proceso y deberán aclarar las causas. Tendrán todos los elementos para poder defenderse, pero la Procuraduría actuó, para cumplir con una orden de presentación”.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza) manifestó que las autoridades no han podido esclarecer lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerreo, y no hay una verdad incuestionable; por ello, preguntó a la procuradora cómo piensa asumir la responsabilidad de mostrar la verdad de lo sucedido; qué pasará con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del cual se ha dicho que no se encuentra consignado por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sino por un proceso en torno al secuestro y homicidio de un líder social; y qué sucede con Gildardo López Astudillo, supuesto autor de la ejecución de los normalistas.

Gómez González refirió que la PGR trabaja con apego a la ley y dedicación para conocer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Sobre José Luis Abarca, dijo que enfrenta dos procesos por cuatro delitos: delincuencia organizada, secuestro en agravio de estudiantes normalistas, secuestro y homicidio calificado, además de enfrentar dos procesos en el fuero común. “De El Cabo Gil, puedo decir que su declaración nos ha dado grandes indicios para ampliar las líneas de investigación”.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (MC) inquirió qué acciones impulsa la Procuraduría para enfrentar la desaparición forzada; en qué se gastaron 4 millones de pesos que al año pasado se etiquetaron para crear la Unidad de Género que no hubo; cómo supervisa a subalternos para que no haya actos de corrupción y cuántos Ministerios Públicos y policías ministeriales han sido sancionados por tortura o abuso de autoridad.

La titular de la PGR precisó que el recurso que no se gasta se reintegra en el siguiente ejercicio presupuestal. Por otro lado, apuntó, en los últimos siete meses han sido consignadas 209 personas, de las cuales 198 son servidores públicos y 110 fueron ya removidos por temas de corrupción.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) preguntó sobre la “suspicacia” respecto a los contratos de Pemex con Oceanografía y, a su vez, con la empresa española OHL. Cuestionó por qué la PGR se niega a citar a José Andrés de Oteyza y otros personajes a declarar como testigos y actores en los hechos de OHL y qué avances existen en la averiguación previa iniciada por supuesta intervención de conversaciones privadas, presentada por la citada empresa.

Arely Gómez explicó que es obligación de la PGR analizar todas las denuncias que se presenten. “Estos son asuntos que se están integrando, que están empezando, llevan pocos meses”. Sobre llamar a distintos personajes, comentó, se han solicitado asistencias jurídicas al exterior, en particular a España. Todas las asistencias jurídicas que son necesarias en la integración de una averiguación previa son tramitadas.

La diputada Sofía González Torres (PVEM) indicó que la implementación del Sistema Penal Acusatorio abona a la justicia pronta y expedita, al respecto, preguntó qué medidas se ejercen en la PGR para fortalecer la operación de dicho sistema.

La titular de la Procuraduría mencionó que para la PGR un eje transversal de trabajo el Sistema Penal Acusatorio, por lo que se trabaja en coordinación con Poder Judicial y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para observar la gradualidad con la que ha entrado en vigor el sistema.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) solicitó saber con qué carácter funcionará el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la integración de la averiguación previa relacionada con los hechos de Ayotzinapa y cuál es el estatus jurídico que tiene el presidente municipal de Colula, Miguel Peñalosa. En el torno al caso de “El Chapo Guzmán”, preguntó si hay o no responsabilidad de altos funcionarios, por omisión, comisión o corrupción.

Respecto a la función del grupo de expertos, la funcionaria señaló que se les ha entregado respuesta a cerca del 90 por ciento de las solicitudes que han enviado, alrededor de 200 preguntas.

En relación a Miguel Peñalosa González, respondió que fue consignado en diciembre de 2014, no obstante, el juez consideró que no existían elementos para proceder en su contra, por lo que la PGR impuso una apelación que está pendiente. Respecto a porqué no se ha consignado a altos funcionarios en el caso de “El Chapo Guzmán”, dijo, que se ha consignado a quienes se les ha acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.

En su oportunidad, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) afirmó que además de Iguala y las fosas clandestinas, hay diversos casos en donde están involucrados servidores públicos y no se han concluido las investigaciones exitosamente. En este contexto, preguntó, cómo recuperará la PGR la confianza ciudadana y qué aportaciones hará para abatir la impunidad y transparentar su actuación.

La procuradora, precisó que recuperar la confianza ciudadana, no es un reto fácil, es un tema complejo a resolver, pero “estamos trabajando para poder cambiar el rostro de la PGR a partir de la procuración de justicia eficaz, respeto de los derechos humanos y capacitación a los integrantes de la procuraduría.

Enfatizó que el hecho de subir el expediente de Ayotzinapa, que hasta el día de ayer llevaba 36 mil visitas, le da a la ciudadanía la posibilidad de poder acceder al expediente y darse cuenta de cuáles son los elementos con los que se ha trabajado. “Estamos dando pasos firmes con el propósito de recuperar la confianza ciudadana. El esfuerzo no ha sido estéril, estamos en eso y estamos comprometidos con este tema”.

El diputado Abel Murrieta Gutiérrez (PRI) cuestionó cuáles son las acciones en materia de transparencia que se hacen dentro de la Procuraduría que permitan garantizar a todos los mexicanos la transparencia que merecen y cuáles son los resultados. Asimismo, cuestionó sobre la contradicción de los peritajes.

La procuradora dijo que en el tema de la contradicción de peritajes, todos los códigos procesales, la Ley de Amparo, el Poder Judicial, existe la contradicción en los peritajes para lo cual se llama siempre al perito tercero en discordia. Respecto a la transparencia, expresó su compromiso no sólo con impulsarla sino que sea efectiva. Indicó que en su gestión en la Procuraduría, se inició con la Unidad de Apertura Gubernamental, y desde ahí se ha trabajado en varios temas.

Durante la tercera ronda, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) indicó que de acuerdo con diferentes medios, recientemente se consignó a miembros que orquestaron la fuga de Joaquín Guzmán Loera; ante ello, preguntó cómo se puede decir realmente que se está desarticulando dicho grupo y que se ha debilitado la capacidad operativa.

La procuradora explicó que se ha debilitado el grupo de Guzmán Loera porque a las personas que les acaban de dar el auto de formal prisión, eran las que participaron con él, no solamente en ese momento sino ya tenían una relación muy estrecha. Admitió que ahora lo que falta es saber realmente el nexo entre los de adentro y los de afuera y por eso la investigación continúa.

Comentó que hasta el momento se tienen identificados 206 domicilios, de los cuales 137 ya se han verificado y a estos últimos fueron agentes del Ministerio Público de la Federación a visitar y tener la información catastral, de luz, para ver exactamente, del círculo cercano, si estaban a su nombre, “porque estas personas, al sacar cuentas bancarias o al comprar un coche, daban estos domicilios y tampoco queríamos cometer una injusticia”. Entonces, dijo, que al día de hoy llevan 23 cateos ya con estos domicilios que están relacionados con la fuga.

En tanto, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza) refirió que en el periodo de 2013 al 2014 el número de denuncias registradas a nivel federal pasó de mil 165 a dos mil 43, según datos de la Procuraduría, por lo que cuestionó cuáles son los avances y el estado que guarda la implementación de protocolos sobre investigaciones en caso de tortura y la búsqueda de personas desaparecidas.

La funcionaria precisó que la PGR ha puesto un gran empeño en atender estos dos temas, a través de los protocolos de desaparición forzada de personas y tortura, los cuales empiezan a trabajar en este año y estos permitirán en todos los estados de la República que cuando exista algún caso, se tenga que cumplir con determinados elementos a seguir, lo que hará más fácil y accesible localizar a las personas.

Reconoció que “se han incrementado las denuncias de tortura y se analiza cuáles son verdaderamente, porque pueden ser uso excesivo de la fuerza o maltrato”; entonces, se debe tener la separación para ver cuáles realmente son tortura. Comentó que a raíz de la reformas del artículo 73 de la Constitución se trabaja en las leyes generales de Desaparición Forzada y de Tortura, y “ojalá puedan ser aprobadas en este periodo legislativo”.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) cuestionó a la funcionaria sobre cuánto dinero se ha asegurado al crimen organizado este año, y si en la investigación de los normalistas no se ha encontrado alguna responsabilidad administrativa o legal por las omisiones graves desde el ex gobernador, el ex secretario de Seguridad Pública, los miembros del Ejército y los policías federales y estatales y del Ministerio Público Federal.

En este tema, Arely Gómez señaló que las acciones para la recaptura de Joaquín Guzmán están a cargo de las fuerzas federales; sin embargo, la PGR, ha estado atenta para dar todo el apoyo necesario en el ámbito de su competencia para lograr su ubicación y en algún momento dado recapturar al evadido. Agregó que el interés no sólo es ése, sino castigar a quienes facilitaron su fuga. En cuanto a lo asegurado al crimen asegurado, dijo que las cuentas bancarias que se tienen son cantidades importantes de dinero.

Al dar su comentario, el diputado Sánchez Orozco, sostuvo que el crimen organizado lava cerca de diez mil millones de dólares al año, según un estudio de la Cámara de Diputados, la DEA habla de alrededor de diez mil 200 millones y el Congreso de Estados Unidos dice que es de 39 mil millones de dólares, pero aunque esto es un grave problema no es atendido de forma adecuada.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) solicito a la titular de la PGR que explicara por qué no existe una sola investigación en relación con los presuntos actos de corrupción de OHL y los actos de manipulación contable de ésta, los cuales pueden constituir delitos en términos de la Ley del Mercado de Valores.

Al respecto, la procuradora dijo que actualmente no se tiene averiguación previa, porque nadie ha presentado una denuncia, pero se realizó un acta circunstanciada donde se está agotando la investigación y donde se deben realizar todas las diligencias que resulten, así como una violación a la norma. “Tenga la certeza de que la institución a mi cargo actuará con transparencia y el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica”.

Por el PVEM, la diputada Lia Limón García pidió a la titular de la PGR, explicar cuáles son las funciones la Unidad de Ética y Derechos Humanos, así como sus funciones, qué ha realizado la dependencia a su cargo respecto a la tendencia que se seguía del uso de testigos protegidos, y cuál es el fin de la Unidad de Apertura Gubernamental y del Sistema de Consulta de Detenidos.

En este sentido, la funcionaria precisó que se ha buscado no usar a los testigos protegidos como la única prueba para ejercer la acción penal, los cuales, además de percibir ingresos y contar con vigilancia, “tenían muchos privilegios. Actualmente sólo hay 14 testigos colaboradores, por lo se redujo la cifra en 80 por ciento, dijo.

Respecto de la Unidad de Apertura Gubernamental y la Consulta de Detenidos, explicó que este sistema es muy importante ya que permite a la ciudadanía conocer por medios electrónicos, en tiempo real, si una persona está detenida ante Ministerio Público. “Se realizan 132 consultas diarias en promedio”, indicó.

En su turno, el diputado del PRD, Waldo Fernández González, destacó que México ha sido objeto de señalamientos por prácticas como la desaparición forzada y tortura por lo que preguntó a Gómez González qué avances ha logrado la PGR en derechos humanos durante su administración y qué estrategias siguen en la materia.

La procuradora Gómez González respondió que la dependencia que conduce cuenta con protocolos establecidos y obligatorios para que los MP realicen mejor su trabajo. “Hemos avanzado en que el trato dentro de la PGR debe ser digno; Hay protocolos homologados para la investigación de personas desaparecidas, para casos de tortura, y un código de conducta.

Por Acción Nacional, el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez puso en duda las capacidades de la PGR para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para generar mayor seguridad, menos impunidad, despresurizar el sistema carcelario, reinsertar en la sociedad a los delincuentes, revalorizar a las víctimas y recomponer el tejido social.

En respuesta, la procuradora Arely Gómez lamentó que este nuevo sistema no se haya aprobado con anterioridad para mejorar los trabajos de la institución; sin embargo, refirió que se cuenta con una unidad encargada para su puesta en marcha, gracias a lo cual, la fase de preimplementación ha instalado el modelo de transición piloto en 27 delegaciones de la PGR en el país.

En ocho entidades ya se ha puesto en marcha la fase de implementación, lo que representa un 25 por ciento de avance a agosto de este año. Asimismo, agregó, 47 por ciento de los funcionarios en las delegaciones de la PGR ya han sido capacitados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Por otra parte, indicó que en conjunto con la Auditoria Superior de la Federación se ha dado seguimiento a denuncias por irregularidades en la función pública. Se tienen 209 asuntos en trámite, 24 a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y 185 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.

De 2012 a la fecha, se han iniciado 250 averiguaciones previas, determinándose 41 indagatorias; 24 de ellas concluyeron en consignaciones.

Del Revolucionario Institucional, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales señaló que diferentes fracciones parlamentarias han acusado a la PGR de tener la responsabilidad en hechos como los de Iguala; sin embargo, acusó que han omitido la responsabilidad de funcionarios públicos con los que comparten colores partidistas. Asimismo, preguntó a la procuradora por la evolución de la figura del arraigo en el país.

En respuesta, la procuradora comentó que la figura del arraigo se emplea en casos excepcionales, además de que está pendiente una reforma en la materia, trabajo que está en manos del Poder Legislativo.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), reconoció la presencia de la titular de la PGR en esta comparecencia y su disposición de seguir colaborando en los trabajos de este órgano Legislativo.

Añadió que con la participación de todos, se fortalecen los trabajos de la Comisión y de la Cámara de Diputados. Informó que la versión estenográfica de la reunión, será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Al formular sus comentarios, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales (PRI) afirmó que se cumplirá en tiempo y forma con la aprobación del marco jurídico que requiere el nuevo sistema penal acusatorio, y se atenderán las iniciativas sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de la Tortura.

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