• Con responsabilidad, objetividad y compromiso, analizará las circunstancias que desembocaron en los hechos: Murguía Gutiérrez

15-09-2015.- Quedó instalada la Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, respecto al Caso Ayotzinapa, que “han generado expectativa y exigencia social” para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, al brindar nuevas conclusiones y revelar omisiones en la investigación oficial de la PGR.

Los diputados integrantes de esta comisión especial –primera en crearse en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados- acordaron formular el próximo martes 22 de septiembre su calendario y programa de trabajo. Se propuso como actividad prioritaria un encuentro con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Asimismo, aprobaron solicitar a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados los archivos generados por la comisión especial creada en la LXII Legislatura que dio seguimiento al Caso Ayotzinapa.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), diputada presidenta del órgano legislativo, señaló que a casi un año de la desaparición de los 43 normalistas, aún se desconoce su destino, hecho que ha vulnerado la confiabilidad de las instituciones de procuración de justicia y ha trascendido a nivel internacional.

Por tanto, dijo, el órgano que preside “no se perfila como uno más”, sino como uno que buscará con responsabilidad, objetividad y compromiso analizar las circunstancias que desembocaron en los lamentables hechos, privilegiando las condiciones de discusión para esclarecer el caso.

“Daremos el mejor esfuerzo para coadyuvar en la búsqueda de la verdad y para dar seguimiento a las conclusiones que obtengan no solamente el GIEI, sino a las que llegó la PGR y cualquier otro grupo de expertos que la Procuraduría llame a integrarse a la averiguación”, abundó.

Del Revolucionario Institucional, el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda coincidió en que este órgano legislativo “debe dar los pasos necesarios para restablecer la credibilidad de las instituciones en el esclarecimiento del caso”, por lo que es menester trabajar en conjunto y tener a disposición los elementos suficientes para emitir las opiniones pertinentes.

En tal sentido, destacó que los integrantes de la Comisión Especial “tenemos más coincidencias que divergencias”, aunque se pronunció por definir sus alcances y atribuciones legales, pues “no podemos ir más allá de las que tenemos como Poder Legislativo, si queremos entregar cuentas y resultados a la sociedad y a la comunidad internacional”.

De Movimiento Regeneración Nacional, la diputada Araceli Damián González consideró que esta comisión no sólo tiene como responsabilidad dar seguimiento a las conclusiones del GIEI, sino la autoridad y capacidad para llamar a declarar a los responsables tanto de la PGR, del Ejército y a quien sea necesario para contribuir a que “salga la verdad”.

Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 “no deben darse nunca más en ninguna parte de la República. Si vuelve a suceder con una sola persona, estaremos fallándole a la sociedad”, sentenció.

De Encuentro Social, los diputados Norma Edith Martínez Guzmán y Gonzalo Guízar Valladares destacaron que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de colaborar en estricto apego a la ley y a la verdad para esclarecer la desaparición de los normalistas, mientras que los trabajos de esta comisión deben manejarse “como si todo México estuviera actuando en ella”.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, enfatizó que el Estado mexicano tiene una gran deuda con los padres de los normalistas lo cual se perfila como una “oportunidad histórica” en la que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de rescatar la credibilidad en los políticos.

La diputada del PRD, Cristina Ismene Gaytán Hernández, se pronunció por escuchar, atender y apoyar a las familias de las víctimas, quienes “no han encontrado una razón para seguir todos los días o decir que somos un Estado de derecho o que estamos en un país donde se hace justicia”.

El informe del GIEI, precisó, obliga a revisar las investigaciones y a exigir la verdad que los padres de los normalistas no tienen, pues a casi un año de los hechos, “estamos parados en el mismo lugar”, acusó.

El diputado Arturo Álvarez Angli, del Verde Ecologista, instó a los integrantes de la comisión a manejarse con apertura, objetividad y claridad para que se tomen en cuenta todas las líneas de investigación, “se afecte a quien se afecte, y caiga quien caiga”.

Ante un tema que representa un reto importante para los legisladores, subrayó, debe existir compromiso con la objetividad, además de que “la mordaza y censura no abonarán en nada” a los fines del órgano legislativo.

De Acción Nacional, la diputada Guadalupe González Suástegui opinó que los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa son sólo 43 de entre miles de desaparecidos en el país y fue gracias a este caso que se volteó a ver la problemática; por ello, reiteró la propuesta del PAN para recordar el 26 de septiembre de todos los años a todas las víctimas de la desaparición forzada.

“No es posible que los gobiernos se presten para un delito tan grave como éste. Que sea un recordatorio para que no vuelva a ocurrir”, expresó.

Por Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco hizo un llamado para investigar el entorpecimiento de las investigaciones “pues el grupo de expertos dejó en claro que hubo una intención para que no se conozca la verdad, y eso viene sólo desde las más altas esferas del gobierno”.

Su correligionaria, diputada Marbella Toledo Ibarra consideró que los políticos están obligados a llevar a cabo un trabajo serio y verdadero. “Estamos obligados a proporcionar felicidad al pueblo y hoy estamos ante esa oportunidad, para ayudar a quienes lloran y esperan a sus hijos”.

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