28-04-2016.- La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, por 403 votos en pro, 24 abstenciones y 0 en contra, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 10 ordenamientos jurídicos, conocida como Miscelánea Penal.

En lo particular, con 359 votos a favor, 47 en contra y una abstención, se aprobaron en términos del dictamen, los artículos 22, 113, 151, 165, 174, 176, 196, 218, 222, 421, 422 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los preceptos 11 y 11 Bis del Código Penal Federal; y 42 y 92 del Código Fiscal de la Federación.

Al fundamentar el dictamen, devuelto a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), destacó cuatro grandes ejes en la reforma de la Miscelánea Penal: certeza jurídica en todo momento, pues se establece, entre otras cosas, que la lectura y explicación de la sentencia se realizará cinco días después de la emisión de la misma, independientemente de que se trate de una sentencia condenatoria o absolutoria.

Defensoría pública adecuada, pues se especifica que la institución de la defensoría pública hará el nombramiento del abogado defensor que esté debidamente capacitado para la función que va a desempeñar.

Resoluciones eficaces, como acontece al emitir órdenes de aprehensión o comparecencia, donde el juez resolverá en un plazo máximo de 24 horas, bien en audiencia o bien a través del sistema informático.

Así como piso parejo para todas las partes, ya que en el proceso se modificaron diversas disposiciones a fin de respetar los derechos de todas las partes.

“No queremos juicios donde se incremente el daño a las víctimas, o donde el probable responsable sea tratado como el culpable si no se ha determinado plenamente su culpabilidad a través de una sentencia que haya causado ejecutoria. Queremos juicios justos y eficaces, donde se emitan resoluciones de manera pronta, completa e imparcial para bien de todos los mexicanos”, subrayó.

Las modificaciones de la minuta, propuestas por esta Comisión de Justicia, velan en todo momento por el respeto irrestricto a los derechos humanos, por el derecho al debido proceso y por la certeza jurídica.

“Esta gran transformación nos permite complementar el cuerpo normativo que habrá de ser la gran pista de aterrizaje del nuevo Sistema de Justicia Penal, para que, en todo el territorio nacional, los ciudadanos tengamos acceso a una justicia gratuita de forma expedita, transparente y moderna, y leguemos a las próximas generaciones un México más justo, indicó Ibarra Hinojosa.

La Miscelánea Penal complementa el andamiaje jurídico de la reforma constitucional del año 2008, donde se estableció que el nuevo modelo de justicia penal en México, sería de corte acusatorio adversarial y se fijó un plazo de ocho años para su entrada en vigor en todo el territorio nacional.

Asimismo, refirió que 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual desarrolla los principios y lineamientos de la reforma constitucional, pero sobre todo unifica criterios en materia procesal para todo el territorio nacional.

Dijo que sólo mediante el efectivo acceso a la justicia se podrá combatir de manera más eficaz la injusticia, la desigualdad social y la impunidad. “El compromiso que tenemos como legisladores es construir cuerpos normativos sólidos que se traduzcan en auténticas y eficaces herramientas ciudadanas para el pleno goce de sus derechos”.

La Comisión de Justicia, subrayó, actuó bajo los plazos legales y abordó el estudio de la minuta desde una perspectiva plural y objetiva; escuchó y atendió las observaciones y propuestas de los diputados de los distintos grupos parlamentarios, así como de instituciones públicas y privadas, que enriquecieron la elaboración del dictamen.

Se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

También la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley de Instituciones de Crédito.

El documento, deja en claro que el único compromiso es con la ciudadanía y que, para garantizar el acceso a una mejor justicia en materia penal, más allá de las diferencias, está la responsabilidad de construir una nueva y mejor etapa en las tareas de la procuración e impartición de justicia.

El dictamen establece que durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial, también se podrán instrumentar para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento.

El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, para el caso de la solicitud de comparecencia, el Juez de Control deberá resolver dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud.

No se considerará dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos, cuando por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado, se realice ante el Ministerio Público distinto al del lugar de la comisión de los hechos, siempre y cuando exista el registro inmediato de su detención y de su traslado.

La prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado cuando éste o su defensor, gestionen incidencias evidentemente dilatorias, con el fin de prolongar el proceso para que transcurra el tiempo para dictar sentencia; cuando el imputado o su defensor manifieste o el juzgador advierta la existencia de tortura y esta deba resolverse primeramente; durante el tiempo en que el proceso penal esté suspendido a causa de un mandato judicial, o cuando el proceso se encuentre suspendido o se aplace por impedimento o por inasistencia del imputado o su defensor.

Para las entidades federativas, se considerarán delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el de homicidio doloso, violación, delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego y explosivos, aquellos delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad, que determine su legislación penal.

Asimismo, se establece que en caso que el imputado notificado no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que se le cite, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión. En caso de que el imputado sea sorprendido incumpliendo flagrantemente una medida cautelar, inmediatamente será puesto a disposición del Juez de Control, quien convocará a las partes a una audiencia para la revisión de dicha medida.

El dictamen menciona que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, y se podrá auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones.

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos.

La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo sistema de comunicación, o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real. Tratándose de una víctima menor de doce años, se observará el principio de interés superior de la niñez.

Posicionamientos

Al abrir la ronda de posicionamientos, la diputada de Encuentro Social, Melisa Torres Sandoval, recordó que la mala o nula aplicación de la ley, trae “graves consecuencias”. De ahí, dijo, que sea necesario fortalecer el Sistema Penal Acusatorio.

Agregó: “Estamos convencidos de que sólo con un sistema penal sólido, profesional, transparente, eficiente y justo, será posible revertir los graves daños que la ilegalidad y la falta de aplicación de la ley han dejado en el tejido social de nuestra nación”.

De Nueva Alianza, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre aplaudió que en la enmienda a los 10 ordenamientos se haya respetado el principio del Interés Superior de la Niñez. Con ello, los menores de 12 años que sean víctimas de un delito no podrán ser revictimizados ni obligados a testificar en audiencias.

“Sabemos que es fundamental garantizar el orden público, la protección y la defensa de los ciudadanos. Esa es la única manera de devolver la confianza ciudadana en las instituciones”, subrayó.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, opinó que el proyecto de Miscelánea Fiscal viene a robustecer la justicia en México donde los índices de criminalidad e impunidad han aumentado. Los casos de secuestro, refirió, subieron de 74 cada 24 horas en 2013, a 88 para 2014.

Aunque celebró que el reforzamiento justicia ayudará a combatir este flagelo, también admitió que, eventualmente, se requerirán más reformas a otros ordenamientos para instrumentar de mejor manera la operación del sistema procesal penal previsto en el Código Nacional en la materia.

Representando a Morena, la diputada Ernestina Godoy Ramos manifestó que el voto de su partido sería en abstención, ya que las enmiendas propuestas no abonan a mejorar el sistema de justicia penal mexicano, sino, por el contrario, “resultan regresivas”, y contravienen principios constitucionales.

Explicó que, por ejemplo, la reforma prevé la posibilidad de que un extranjero renuncie a la asistencia consular; aumenta las facultades discrecionales del procurador general de la República en materia de Protección de Personas y no mejora los mecanismos de transparencia en la administración de recursos decomisados por la comisión de delitos.

Lía Limón García, del Verde Ecologista, aseguró que la Miscelánea Penal se sometió a juicios de valoración bajo el tamiz del respeto a los derechos humanos y buscando un equilibrio entre las partes para facilitar la operación del nuevo sistema de justicia. Esto formó parte de la revisión exhaustiva que envió el Senado de la República.

Subrayó que en la implementación del nuevo sistema de justicia penal a cada instancia, a cada Poder, y a cada orden de gobierno, “le toca hacer su parte, le toca hacer su esfuerzo”, y a los legisladores les corresponde subsanar deficiencias que se identifiquen y hacer más operativo este nuevo modelo de justicia y alcanzar con ello el éxito que se buscó con la reforma de 2008.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) sostuvo que el Poder Legislativo tiene la encomienda y obligación de legislar para poner a la vanguardia todo ordenamiento jurídico y, sobre todo, para contar con un sistema acusatorio preciso y exacto en nuestro país, en donde no existan lagunas o vacíos legales que den pauta para que un delincuente sea liberado o no sea juzgado.

Reconoció la importancia de incluir en la enmienda figuras como la intervención telefónica, la geolocalización y la obligación de resguardar telecomunicaciones en caso de secuestros. Con ello, consideró, jueces y ministerios públicos tendrán más herramientas para combatir la delincuencia.

Representando a Acción Nacional, el diputado José Hernán Cortés Berumen destacó que, para el proceso de esta reforma, los integrantes del órgano colegiado se reunieron con diversos actores de la sociedad y se recibieron observaciones de académicos, especialistas, organizaciones, empresarios y abogados litigantes.

Subrayó que su fracción parlamentaria exigirá cuentas a todos los operadores del nuevo sistema penal acusatorio a efecto de vigilar su efectiva implementación, ya que esta reforma es “un gran paso” para cumplir una obligación constitucional. “Sabemos que nada está concluido si no tenemos instituciones que garanticen a los mexicanos el respeto a sus derechos humanos”, enfatizó.

Por el Revolucionario Institucional, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales también destacó que para la redacción de la Miscelánea Penal, se tomó en cuenta la opinión de organizaciones de la sociedad civil y de diversos actores del sector público, con el objetivo de abrir la función legislativa a los ciudadanos.

La comisión, agregó, escuchó las inquietudes de sectores integrados por personas jurídicas, de tal forma que su redacción protege los mínimos y los medios propuestos por ellos. “Las empresas y personas jurídicas legalmente constituidas, y con actividades y objetivos lícitos”, sostuvo, “nada deben temer al ser hoy objetos de responsabilidad”.

“El temor estará con quienes participan en ficciones jurídicas para delinquir”, concluyó.

Pro y contra

A favor del dictamen, el diputado Manuel Espino (MC) indicó que la Miscelánea Penal robustecerá de forma integral el sistema de justicia al otorgar herramientas a la autoridad judicial y al inculpado. “Hemos evolucionado al dar elementos jurídicos al Poder Ejecutivo y Judicial para una mejor procuración de justicia, pero no es suficiente, ya que México destaca entre los países con mayor impunidad en América Latina”, acotó.

Por el PVEM, la legisladora Sofía González Torres señaló que la Miscelánea Penal consolidará un sistema de seguridad de impartición de justicia en el que la ciudadanía confíe. Entre las medidas que adoptará, se encuentra la modernización del lenguaje de códigos y leyes federales; procurará completo respeto a los derechos fundamentales de cada una de las partes involucradas y perfeccionará los procedimientos para tener congruencia y agilidad en todas sus etapas.

En la misma postura, la diputada María Cristina García Bravo (PRD) destacó que el dictamen genera un cambio radical al sistema de justicia penal, ya que permitirá disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existe en la impartición de justicia en México. “Nuestra bancada votará a favor porque estamos convencidos de que el actual sistema de justicia concibe un sinnúmero de inocentes privados de su libertad, en tanto muchos delincuentes gozan de libertad.

En contra del dictamen, el diputado Alfredo Basurto Román (Morena), dijo que este nuevo sistema de justicia implicará una gran capacitación, pero ¿realmente los cuerpos policiacos federal, estatal y municipal están capacitados y profesionalizados para llevar una investigación y custodia en los indicios de la comisión del delito? No, aseveró, por eso hay tantas violaciones a los derechos humanos, hace falta mucho para tener un sistema penal de avanzada.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana, viernes 29 de abril, a las 10:30 horas.

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