• También, un andamiaje legal claro y preciso que no deje al arbitrio del gobernante en turno cumplir con su obligación: Ramos Hernández
• Plantea dar autonomía presupuestal, financiera y administrativa a los órganos de control y vigilancia del sistema de seguridad

30-04-2016 El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), afirmó que se requiere una política de Estado que establezca un esquema de coordinación y responsabilidad entre los tres niveles de gobierno, para combatir la vinculación del crimen organizado con las autoridades.

En entrevista, sostuvo que “tiene que alinearse a todo el Estado mexicano para enfrentar a la delincuencia” y, para que el esfuerzo no quede en una utopía o buenas intenciones, planteó construir un andamiaje legal claro y preciso que no deje al arbitrio del gobernante en turno o a su voluntad política el querer o no cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a la población.

Aseveró que el primer paso es “limpiar la casa para luego sanear la violencia en las ciudades del país”, en donde nadie quede fuera de esa responsabilidad, y que sea “un imperativo de ley que, de no cumplirse, tenga consecuencias administrativas, penales y políticas para los responsables de la seguridad.

Ramos Hernández sostuvo que el primordial reto en materia de seguridad pública es hacer una depuración policiaca a fondo. Es fundamental, agregó, mientras haya municipios y estados vinculados con el crimen organizado.

El segundo desafío, destacó, es pasar de la voluntad política de los alcaldes y gobernadores a una obligación legal con consecuencias administrativas, políticas y hasta penales, ante el incumplimiento de una tarea tan importante como es proveer seguridad a los habitantes.

Además, recomendó, establecer jurídicamente la autonomía presupuestal, financiera y administrativa de los órganos de control y vigilancia del sistema de seguridad, porque mientras sean dependientes del superior jerárquico y no gocen de esas facultades, van a seguir siendo dirigidas por el funcionario de mayor rango.

Consideró que el Mando Único es una herramienta más de todo el sistema de seguridad que debe corregirse, donde resalta el esquema penitenciario, ya que tiene que modificarse, fortalecerse y aumentar la fiscalización interna, porque las fugas registradas han puesto en evidencia la corrupción existente; en las procuradurías se requiere aplicar sanciones a los responsables del área de procuración de justicia, cuando no cumplan con sus obligaciones.

El legislador por Baja California indicó que se requiere un plan de corto, mediano y de largo plazo. En lo inmediato, insistió en que se necesita una depuración de los cuerpos policiacos, la definición constitucional y legal del ámbito de competencia, que identifique cuáles estados y municipios sí pueden ofrecer la seguridad y los que no, que sea la Federación la que absorba el compromiso.

Por ello, subrayó, es indispensable crear un esquema de coordinación en los tres órdenes de gobierno, donde nadie quede fuera de la responsabilidad.

Resaltó que, en materia de seguridad pública, “no es suficiente el esfuerzo hecho hasta el momento”, ya que no se observan resultados contundentes, no se conocen detenciones relevantes que sean resultado de una investigación de la contraloría, del área de asuntos internos o de una visitaduría, en el caso de las procuradurías del país; por eso, agregó, “se requiere un compromiso mayor”.

Sin embargo, Ramos Hernández resaltó que sí hay experiencias de éxito que deben replicarse como “modelos virtuosos que ya dieron resultados, son experiencias tropicalizadas del país que corresponden a nuestras realidades”. El reto, dijo, es convertirlas en políticas públicas y en leyes que obliguen a los responsables a lograr los resultados que se obtuvieron donde se aplicaron.

Un ejemplo, es Baja California, ya que en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Rosarito, por la incidencia delictiva desbordada, ocuparon el primer lugar en América Latina, y cuando la autoridad se arriesgó y realmente enfrentó con toda la fuerza del Estado y de la comunidad la inseguridad, empezó a descender hasta que se encarceló a integrantes de los cuerpos policiacos que estaban coludidos con el crimen organizado.

Otro caso de éxito es Ciudad Juárez, Chihuahua. “Aquí la responsabilidad es de todos y no se vale excusar competencias para justificar incompetencia locales”.

Destacó que la participación de la sociedad es vital para que los ciudadanos no dejen de exigir y organizarse para reclamar seguridad. “La presión social es más fuerte que la del gobierno y los partidos, es un aliciente importante”, porque después del reclamo se pasa a la colaboración por vía de las denuncias anónimas, y participación en los colegios y cámaras de comercio, para apoyar al gobierno a desplegar seguridad. “Es un compromiso general y requiere de todos para sacarlo adelante”, concluyó.

-- ooOoo --