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Boletín N°. 0845 Aprobar Ley General de Desaparición Forzada tema prioritario en el próximo periodo ordinario de sesiones: Zambrano Grijalva

• México no puede esperar más, la impunidad debe combatirse sin demora, señala
• Aumentó 200 por ciento, desaparición de mujeres adolescentes de 15 a 17 años, entre 2012 y 2014
• Convoca a trabajar de la mano para que los trabajos en la materia se realicen con la urgencia que ello amerita

25-01-2016.- Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados, refrendó el compromiso público para que la Ley General de Desaparición Forzada sea tema prioritario a fin de que se apruebe en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones que inicia en febrero, con la inclusión de las exigencias y preocupaciones de los familiares de las víctimas.

En este sentido, reiteró su llamado a evitar que el proceso electoral que tendrá lugar a mediados de año -donde cerca de la mitad de las entidades del país renovarán gobiernos y legislaturas- contamine el quehacer legislativo, a la vez que convocó a “no opacar ni obstruir –por ese proceso- la actividad parlamentaria en el próximo periodo de sesiones”.

“México no puede esperar más, la impunidad debe combatirse sin demora y respetarse los derechos humanos, de lo contrario estaríamos condenando al país a un dolor de muchos años y al descrédito de las instituciones y de la propia democracia para mal de todos”, sostuvo.

Al participar en el foro: “Desaparición Forzada de Personas, la Ley que falta”, a invitación del diputado Juan Romero Tenorio (Morena), Zambrano Grijalva exigió a las comisiones involucradas, a acelerar el proceso para dictaminar sobre dicho ordenamiento, pues advirtió que los plazos legislativos constitucionales y legales vencieron el 15 de diciembre pasado.

Zambrano -quien con el también perredista Alejandro Ojeda presentaron una iniciativa sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas- emplazó en esta oportunidad al Legislativo, a reforzar el trabajo parlamentario en conferencia entre las cámaras de Diputados y el Senado, pues recordó que ese fenómeno no es aislado y exige un ataque frontal.

Convocó en este sentido, a los demás grupos parlamentarios a caminar de la mano con las organizaciones de familiares para revisar detalladamente la propuesta presidencial enviada al Congreso y sumar voluntades, así como conjuntar las piezas legislativas para construir un marco jurídico integral que atienda las necesidades de quienes viven esa tragedia.

Refirió que la desaparición forzada parecía un asunto aislado en Ciudad Juárez, en su momento, pero después con los jóvenes desaparecidos en Iguala, de la Normal de Ayotzinapa, de ninguna manera lo es, ya que “el crecimiento en los últimos años es verdaderamente espeluznante para cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad”.

Señaló que, según datos estadísticos oficiales, aumentó 200 por ciento la desaparición de mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años, (2012–2014), lo cual “pone los pelos de punta a cualquiera y exige, efectivamente, tomar decisiones gubernamentales que ataquen este fenómeno”.

Refirió que la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce 27 mil 638 casos que están por resolverse en la materia.

“Y sigue creciendo la mata. Notas periodísticas, dan cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Veracruz -durante la gestión del actual gobernador Javier Duarte- se incrementaron más de 5 mil por ciento las denuncias sobre mujeres desaparecidas en el estado”, recalcó.

Llamó en este sentido, a estar muy pendientes y respetar los derechos de manifestación de los familiares de desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, y que protestan desde hace varios días en las afueras del Ministerio Público en Jalapa. Pidió que se atienda su exigencia de dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Finalmente, refrendó su llamado a trabajar conjuntamente en la prevención e inhibición de la desaparición forzada de personas, tipificar este delito -incluso si se perpetra por particulares- y sancionar a los autores, cómplices y encubridores, así como a quienes inciten a cometerlo, bajo cualquier circunstancia.

Durante el foro, legisladores y organizaciones civiles aseguraron que en el país existen registradas más 27 mil personas víctimas de este delito, de las cuales 134 son activistas defensores de derechos humanos.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Rocío Nahle García, dijo que en la discusión de la próxima miscelánea penal, a realizarse a comienzos de febrero, su bancada pondrá énfasis en el combate de este delito.

A partir del primero de febrero viene la discusión de una miscelánea penal, ante la que nos comprometemos a estar en la mesa y es de donde necesitamos de ustedes, organizaciones”, sostuvo.

Al inaugurar el evento, la legisladora calificó de bochornoso que no se ha logrado garantizar una seguridad personal que forma parte inherente de un tejido social que ha sido dañado.

“Los diputados nos centramos en temas de educación, salud y economía, pero de nada sirven sin la garantía del derecho a la vida”, señaló.
Consideró que la iniciativa de este foro atiende a la necesidad de responder a un tema tan fuerte como es “el cáncer social que este delito representa para México”.

“Queremos que quede lejana la etapa del exterminio que sufren jóvenes y mujeres que desapareen en todos los estados ante la incapacidad de los gobiernos por evitarlo”.

su parte, el diputado Romero Tenorio aseguró que según estadísticas de diferentes organismos, hay alrededor de 27 mil víctimas de desaparición forzada, lo cual se ha convertido en un delito común y en donde diario se encuentran muertos, lo que ha provocado que “tengamos una sociedad apática ante este problema”.

que el foro no debe quedar sólo como un evento más, por lo que deben conjuntarse las visiones de los sujetos involucrados, abarcando desde víctimas, familiares, organizaciones y autoridades”.

Hay una iniciativa del Ejecutivo, otras de los legisladores y también de la sociedad, pero primero debe impulsarse desde este proceso legislativo que es frío y mecánico porque no recurre a la visión de las víctimas y sus familias”.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, precisó que se han creado unidades especiales en cada entidad para la atención de este delito, con el adecuado desarrollo de los elementos policiacos, la investigación y de los ministerios públicos especializados, pero se necesita de la ley aprobación del proyecto de Ley que se impulsa desde el Ejecutivo y la consecuente aprobación de los recursos necesarios para el funcionamiento del que sería el nuevo marco jurídico.

“Se espera que haya un impacto presupuestal que cubra las necesidades de esta ley”, apuntó.

Dijo que reconocer la gravedad de dicha práctica no solo debe ser sólo a partir de la expedición de ley, sino de la mano de los testimonios de la sociedad civil, las víctimas o de quien tiene un familiar desaparecido.

El actual proyecto de Ley de Desapariciones Forzadas será presentado como una iniciativa por parte de la PGR”, informó.

Precisó que entre las acciones que actualmente se han impulsado está el reforzamiento a la alerta Amber, en la cual ya se han involucrado todos los estados del país, así como la herramienta cibernética "¿Haz Visto a...?" la cual ha llegado a las 18 mil visitas en su portal.

El autor del libro “Ni vivos, ni muertos, la desaparición forzada en México como Estrategia de Terror”, Federico Mastrogiovanni, declaró que las actuales cifras son conservadoras, a pesar de ser una práctica que se realiza de forma sistemática. “Es la peor tragedia que vive el país, sin que se trate de un tema de la agenda política”.

Dijo que “tuvieron que pasar cosas muy pesadas para la gente volteara a ver esta práctica”, la cual no acaba cuando ya no está la persona en cuestión, sino que continúa con amedrentar a sus familias.

Aseguró que en el caso de los periodistas asesinados o desaparecidos, las acciones han llegado directa o indirectamente de las instituciones. “Hay frustración en tener que enfrentar a un Estado que te ve como su enemigo”.

“Las organizaciones son vistas como adversarios y no como a quienes se debe ayudar”, expresó.

Héctor Cerezo, integrante del comité de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, acusó que de 2006 a la fecha han desaparecido de manera forzada 134 luchadores sociales, muchos de estos delitos han sido cometidos por el Estado mismo.

“Si no se reconoce la gravedad, la respuesta institucional crea un manto de impunidad a los agresores y seguirán sucediendo como pasó con los 43 normalistas o los 5 estudiantes en Veracruz”.

Carlos Karim Zazueta, investigador de Amnistía Internacional en México, sostuvo que la desaparición forzada en el país es un problema de Estado, resultado de una grave crisis por la falta de respeto a los derechos humanos desde la década de los 60s.

Oficialmente, se reconocen más de 27 mil 600 desaparecidos o etiquetados como “no localizados”, pero “la cifra negra implica un 90 por ciento más, en virtud de que no se reportan ante las procuradurías, y todavía hay muchos cuerpos sin identificar”, refirió.

Aseguró que prevalece la impunidad, ya que sólo se han emitido menos de 10 sentencias federales desde que se creó este delito en el Código Penal Federal, y hay miles de casos sin resolver; por eso, continuó, urge una ley general que unifique y coordine los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, a través del diseño de políticas públicas en investigación, atención a víctimas y reparación.

Aclaró que la nueva ley general será una herramienta, pero no podrá atender todas las decisiones a nivel administrativo y judicial que implica, por lo que es indispensable diseñar un esquema dentro de la norma que dé certeza y seguridad a las víctimas en el proceso de investigación.

Por ello, pidió a las fracciones parlamentarias del Congreso “ser sensibles” ante este grave problema. Hizo votos por que los legisladores estén vigilantes y exijan la rendición de cuentas a las autoridades para que se aplique eficientemente la ley, la cual, señaló, sólo podrá funcionar si hay voluntad política. También les solicitó escuchar a los familiares, a fin de lograr una buena ley.

Aseguró que la propuesta presidencial es muy general y adolece de fallas técnicas que, en algunas circunstancias, la pueden hacer inoperante, por lo que solicitó a los diputados un análisis exhaustivo para clarificar el andamiaje legal y mejorarlo, que garantice una búsqueda e investigación inmediata, participación de familiares y posibilidad de atracción por parte de la PGR

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (AFADEM), aseguró que este fenómeno es un delito de Estado ejercido incluso por grupos paramilitares, cuya solución exige una política de Estado para resolverlo.

Sostuvo que de 1960 al presente año, la desaparición forzada se ha agravado. “Hasta hoy hay más de 50 mil detenidos-desaparecidos, sin contar los torturados, los miles de desplazados, los ejecutados extrajudicialmente y los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. Por eso, recordó, la comunidad internacional considera que México vive una grave crisis de derechos humanos”.

Refirió la falta de confianza de la sociedad en los cuerpos de seguridad federales por la serie de violaciones a los derechos humanos que cometen, para “mantener el terror entre la población”, provocando que no se denuncien muchos casos.

Pese a ser un grave problema, denunció, se carece de una base de datos única nacional. “El delito no se califica como desaparición, no hay equipo para exhumar las innumerables fosas clandestinas identificadas en todo el país, no hay voluntad política para conocer la verdad ni investigar y llevar a juicio a los responsables, porque son parte de las nóminas oficiales”.

“Es necesario que en la construcción de la ley se tome en cuenta la opinión de la experiencia y necesidades de los familiares de las víctimas, porque son ellos los que han asumido las obligaciones del Estado. Es hora que se legisle sin dejar de lado a las familias, construyendo unidades de búsqueda e investigación, lo cual es la primera demanda”, aseveró.

Michael W. Chamberlin, trabajador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., consideró que si de cada 100 delitos que se cometen sólo ocho son denunciados y de éstos menos de uno llega a proceso, entonces las 27 mil víctimas de desaparición debe multiplicarse por 10, para “tener idea de cuántas personas estamos hablando”.

Destacó la importancia de contar con un Registro Nacional de Personas Desaparecidas que sea riguroso y autónomo para que los intereses políticos no minimicen su importancia. “La actual Fiscalía para Personas Desaparecidas está reducida a poco más de 20 Ministerios Públicos, de los cuales cada uno maneja más de 40 asuntos, por lo que las investigaciones tardan mucho”.

Subrayó que no existe un número claro de la cantidad de fosas clandestinas que hay en todo el país, lo que se agrava con el hecho de que la PGR tiene menos de 20 expertos en materia de identificación de cuerpos.

La activista de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México FUNDEM–Guanajuato, Grace Fernández, y hermana de una persona desaparecida de manera forzosa, dijo que hay una doble victimización, ya que las personas padecen primero la desaparición, y luego la negación del gobierno de lo que está sucediendo.

Agregó que, junto con los problemas que causa la ausencia de la víctima, se suma la pérdida de derechos. “Con el desaparecido se van sus bienes, la seguridad social para su familia y muchas cosas más”.

Entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, una solicitud para que sea tomada en cuenta la participación de las familias de las víctimas en la elaboración de la ley “y se haga realidad el cambio”.

Del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Araceli Rodríguez pidió que dentro de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, se establezca la no prescripción del delito, para que las autoridades no nieguen la atención bajo el argumento del tiempo transcurrido.

“Queremos que la Cámara de Diputados abrace el dolor de las familias de las víctimas, para que la ley no se tire a la basura”, declaró.

Del mismo organismo, Marisela Orozco, víctima de desplazamiento en Veracruz, relató que se vio orillada a emigrar después del secuestro de su hijo, quien fue asesinado a pesar de haber pagado el rescate, dentro de la misma colonia en donde vivía.

“No hemos recibido atención del gobierno, no sé si esperan que nos maten a mi esposo, a mi hija y a mí, o que nos quieran amedrentar para que dejemos de fastidiar y ser la piedrita en el zapato”.

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