Durante el Segundo Coloquio Internacional: “Las Paradojas de la Megalópolis”, legisladores y expertos en urbanismo, medio ambiente y servicios dijeron que es necesario encontrar los mecanismos que ayuden a la gobernanza, además de un plan a largo plazo que favorezca un desarrollo ordenado, garantizando los derechos de los habitantes y el abasto de agua, además de reducir la generación de contaminantes.

En el segundo día del foro, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, diputada Cecilia Soto González (PRD), aseguró que se “súper valoriza” la inversión inmobiliaria privada, pero faltan propuestas de impuestos o de mecanismos de política pública que se pueden emplear para moderar esta tendencia.

Por su parte, el senador Alejando Encinas Rodríguez refirió que la principal paradoja de la Megalópolis es que a pesar de los más de 35 millones de personas que circulan en esta zona, no existen leyes o un marco jurídico para atender sus derechos.

Indicó que se requiere una planeación a largo plazo que fortalezca el ámbito local y con mecanismos de evaluación permanente. Además, dijo, “el eje articulador de esa planeación de desarrollo debe ser el territorio, en el conjunto de sus dimensiones urbanas, rurales y ambientales”.

El profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Ernesto López Morales, aseguró que sin inversión privada no puede haber desarrollo en las Megalópolis; sin embargo, alertó, las empresas e inmobiliarias exigen altos márgenes de ganancias, mientras que el rédito para el Estado y la población original es muy bajo.

Durante su conferencia magistral World Gentrification, el ponente indicó que “la inversión inmobiliaria es deseable, pero el problema es que sólo miran a la clase media y alta, y no a la media baja y baja”.

Explicó que el “el boom mundial de gentrificación” crea islas de deterioro dentro de las urbes, las cuales consisten en los remanentes de espacios que al capital privado no le interesa comprar o invertir en ellos, a pesar de que se encuentren a lado de súper torres o condominios en desarrollo. “Nuestras ciudades se modernizan, pero dejan espacios sin tocar”, precisó.

Esta situación, subrayó, se agrava porque los propios desarrollos generan impactos sobre el espacio general y la población circundante, ya que en el caso de grandes torres de 50 pisos de altura, provocan la falta de luz natural y de agua dentro del barrio donde se ubican, además del uso de hasta 3 mil cajones de estacionamiento.

Añadió que esto tiene como consecuencia el incremento de precios en la vivienda, lo que genera la expulsión de los habitantes hacia las periferias de estas zonas.

La directora del Secretariado del Pacto Climático Global de Ciudades, Martha Delgado Peralta, precisó que en la Megalópolis conviven más de 24 millones de personas todos los días; se generan 13 mil toneladas de basura; se consumen 32 metros cúbicos por segundo de agua, y el parque vehicular realiza 22 millones de viajes diarios.

Consideró importante implementar un plan, con visión “megalopolitana”, ante la particularidad de este territorio, ya que otras ciudades del país comienzan a desarrollarse con los mismos problemas de infraestructura. Agregó que una dificultad es la gestión de los gobiernos y los ánimos electorales y económicos.

Julie-Anne Boudreau, profesora del Instituto Nacional de Investigación Científica, del Centro de Urbanización, Cultura y Sociedad en Montreal, Canadá, expresó que en el Estado moderno ideal, el sistema de justicia protege a los ciudadanos frente a los abusos que pueden surgir de las relaciones sociales del poder desigual; sin embargo, “hemos sabido por mucho tiempo que el Estado mexicano no proporciona de manera eficiente esa protección oficial”.

Se sabe, abundó, cómo el miedo y la inseguridad se hacen sentir intensamente en los habitantes de las ciudades, lo que crea un clima de desconfianza y, al Estado, la necesidad de aumentar la vigilancia o militarización, a fin de proteger a sus ciudadanos, “lo que reduce la democracia”.

En su conferencia magistral, Seeking protection in megaterritories? When the state can not protect its citizens, la académica subrayó que frente a la incapacidad del Estado para otorgar justicia, el espacio urbano constituye un mecanismo clave para la defensa de sus ciudadanos y jóvenes, pero “con la rápida urbanización los estados se enfrentan a un territorio cada vez más complejo que es muy difícil de proteger”.

Resaltó que la religión, y sobretodo las adaptaciones urbanas de las prácticas devotas, se ha convertido en una forma cada vez más visible que marca microespacios, a fin de proporcionar protección. “Nos estamos enfrentando a una espiritualización de diversos espacios de socialidad”.

Julie-Anne Boudreau argumentó que la protección, a través del Estado de derecho, se está desplazando hacia la de gestión de riesgo y la de dominación masculina, militarización, vigilancia y control, que se vuelve más común y legitimada.

Mencionó que las adaptaciones de prácticas religiosas se han convertido en una forma cada vez más visible de la protección en ciertos microespacios de la megaciudad, situación que tiene resonancia cultural y legal en México.

Enrique Pérez Campuzano, del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que se tiene un crecimiento metropolitano y megalopolitano, principalmente en países en vías de desarrollo, ya que las naciones desarrolladas han alcanzado su máximo progreso urbano y las ciudades ya no crecen al ritmo que lo hicieron durante el siglo XX.

Lo anterior, dijo, representa nuevos retos a nivel global de planificación en términos de ciclos económicos y de distribución de la población en cuanto a los servicios de sistemas urbanos. Destacó que un hecho importante es que las megalópolis, y principalmente las capitales de los países, son los generadores de renta y no es el sistema urbano como tal. “Son grandes ciudades las que están concentrando gran parte del PIB, tanto percapita como total”.

En tanto, Elena Tudela, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, mencionó que de acuerdo con la ONU-Habitat, para 2030 el 40 por ciento de la población mundial habitará en barrios marginales de alta eficiencia de servicios, infraestructuras, pero en estado de irregularidad y vulnerabilidad ante un sinnúmero de riesgos.

Esto obliga a cambiar la noción de periferia como abandono, para replantearla y analizar qué tipo de desarrollos se debieran dar en estas zonas. Por ello, planteó alternativas visibles que genere cohesión social, como el aprovechamiento del reciclaje de desechos y proyectos urbanos arquitectónicos estratégicos que proveen espacios de cohesión.

Al referirse al tema “Los jóvenes y la violencia en las periferias metropolitanas. ¿Un reto para quién?”, Héctor Castillo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estimó que el concepto de Megalópolis no funciona y no se ha planteado una visión de largo plazo en el país, ya que cada tres o seis años se reinventa.

Subrayó que cada estatus social tiene sus jóvenes y viven de forma distinta. Mientras unos se la pasan viajando, otros tienen que trabajar y “esos son los que están metidos dentro de una Megalópolis, con distintos niveles económicos, geográficos, educativos, familiares, históricos”. Por ello, consideró que se debe escucharlos, ya que ellos saben qué hacer con la sociedad y los mecanismos que tienen para sobrevivir en una gran urbe que los ha marginado.

Rocío Isabel Rodríguez, a nombre de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), explicó que el tema de contaminación del aire debe verse desde distintas ópticas, empezando por el crecimiento de la población, la forma y aumento de los asentamientos humanos, la cantidad de actividades que realizan, los servicios y las condiciones geográficas y meteorológicas del territorio.

Recordó que durante los pasados meses, a causa de la contaminación del aire se decretaron un total de 11 contingencias; no obstante, aclaró, desde 1990 hasta ahora ha mejorado la calidad del aire, pero representa más retos por el crecimiento e interacción de la Megalópolis.

Confió en que este año se logren, desde el Legislativo, las reformas que doten a la CAMe de un marco jurídico para su funcionalidad.

Durante su participación, Juan Carlos García Salas, director técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó el problema de los hundimientos del Valle de México, el cual está “sobre una gelatina”, generada por la extracción de agua y la sobreexplotación del acuífero.

“Lo vivimos todos los días, los baches, las grietas. Lo vemos en las hondonadas, en vialidades y el Metro; en las fugas y la pérdida del patrimonio histórico”, sostuvo.

Abundó en que debe revertirse la sobreexplotación y entrar en una desaceleración. Llevará muchos años conseguirlo debido a que hoy en día es más barato sobreexplotar los mantos acuíferos que traer agua del sistema Cutzamala. “Deben buscarse más fuentes de agua superficial fuera del Valle de México”, concluyó.

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