• En este nuevo sistema, la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos: 脕lvaro Ibarra

14-06-2016.- La C谩mara de Diputados aprob贸 el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Ejecuci贸n Penal, la cual establece las normas que deber谩n observarse durante el internamiento por prisi贸n preventiva, en la ejecuci贸n de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resoluci贸n judicial.

El documento, aprobado con 449 votos en lo general, tambi茅n adiciona las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto p谩rrafo, y reforma el tercer p谩rrafo del art铆culo 225 del C贸digo Penal Federal, a fin de especificar los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecuci贸n penal y regular los medios para lograr la reinserci贸n social.

El ordenamiento, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, plantea que los principios rectores del Sistema Penitenciario sean la dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserci贸n social.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisi贸n de Justicia, diputado 脕lvaro Ibarra Hinojosa, expres贸 que este documento forma parte del marco normativo que lleva a fortalecer un camino iniciado hace ocho a帽os con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaci贸n el 18 de junio del a帽o 2008, para transitar de una justicia escrita e inquisitiva hacia una oral y adversarial.

Indic贸 que en este nuevo sistema la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garant铆a de un debido proceso para los imputados y, sobre todo, la atenci贸n del derecho de las v铆ctimas.

鈥淓l d铆a de hoy, estamos cumpliendo con el compromiso que nos marc贸 el Constituyente Permanente, de darle a los mexicanos antes del 18 de junio del 2016, las herramientas que permitan hacer realidad en las leyes secundarias los principios consagrados en la Ley Suprema鈥�, afirm贸.

El prop贸sito de la Ley Nacional de Ejecuci贸n Penal es precisar las normas que deben observarse durante la prisi贸n, ya sea preventiva o compurgando una sentencia, buscando respetar en todo momento los derechos humanos de quienes se encuentren en estas situaciones, bajo el principio de reinserci贸n social.

En esta nueva ley, se definen las atribuciones y alcances de la figura del juez de ejecuci贸n, para garantizar que la privaci贸n de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas sea aplicada sin abusos ni privilegios.

Se contemplan permisos humanitarios de salida, cuando se justifique con enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, c贸nyuge, concubina o concubino. Tambi茅n, brinda respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, aline谩ndose a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas.

Ofrece la posibilidad a los reos de acceder a las acciones administrativas y recursos jurisdiccionales para que se garantice el respeto de sus derechos, mientras dure su internamiento, y un novedoso enfoque de justicia restaurativa, contemplado en los programas de tratamiento de adicciones, reinserci贸n en libertad, justicia colaborativa o restitutiva.

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel Garc铆a Soberanes (Encuentro Social) se帽al贸 que con el dictamen se sientan las bases del nuevo sistema penitenciario, que tiene como fin la efectiva readaptaci贸n del sentenciado y su reinserci贸n social, y contribuye a garantizar el debido proceso y la integridad f铆sica de los procesados que se encuentran en prisi贸n preventiva, as铆 como la salvaguarda de los detenidos con fines de extradici贸n.

Indic贸 que la falta de un marco jur铆dico adecuado ha permitido el autogobierno y el abuso de las autoridades carcelarias en prejuicio de los internos. Adem谩s, 40 por ciento de la poblaci贸n penitenciaria no ha sido sentenciada, por lo cual la nueva legislaci贸n establece que los centros penitenciarios se dividir谩n en dos secciones: para la extinci贸n de penas y para la prisi贸n preventiva.

Carlos Guti茅rrez Garc铆a, legislador de Nueva Alianza, subray贸 que seg煤n cifras de la Comisi贸n Nacional de Seguridad, hasta junio del a帽o pasado la poblaci贸n carcelaria en el pa铆s era de 255 mil 138 internos, de los cuales el 80.73 por ciento se encuentra por delitos del fuero com煤n y 19.22 por delitos del fuero federal, por lo que es prioritario atender las necesidades de este sector de la poblaci贸n, a trav茅s de la Ley Nacional de Ejecuci贸n Penal, que constituye una oportunidad para brindar mejores condiciones a quienes cumplen una condena.

Precis贸 que la nueva ley estipula que las mujeres privadas de la libertad tendr谩n acceso a derechos espec铆ficos, as铆 como condiciones especiales para ni帽as y ni帽os que nazcan en los centros de reclusi贸n. Se establece que las autoridades penitenciarias organizar谩n la administraci贸n y operaci贸n del sistema sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitaci贸n, la educaci贸n, la salud y el deporte.

De Movimiento Ciudadano, el diputado V铆ctor Manuel S谩nchez Orozco relat贸 que las reformas en materia de ejecuci贸n penal, de adolescentes y de delincuencia organizada, eran pendientes legislativos, pues la implementaci贸n del nuevo sistema de justicia penal enfrenta rezago, ausencias y fallas que impactar谩n de manera negativa en la operaci贸n del modelo de juicios orales y retrasar谩n la consolidaci贸n de una justicia eficaz y adecuada.

De acuerdo con la Secretar铆a de Gobernaci贸n, los estados m谩s rezagados son Guerrero, Colima, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, Ciudad de M茅xico, Jalisco y Nayarit. 鈥淓s importante que esta reforma lleve a una direcci贸n correcta. Hay dos grandes ejes en la misma: la judicializaci贸n del procedimiento de ejecuci贸n de las sanciones penales y el establecimiento de un nuevo paradigma del sistema penitenciario, relativo a la reinserci贸n social del sentenciado鈥�.

El legislador Jes煤s Emiliano 脕lvarez L贸pez (Morena) argument贸 que el sistema carcelario en M茅xico enfrenta una profunda crisis, por lo que la Ley Nacional de Ejecuci贸n Penal adquiere una relevancia trascendental. Se necesita limitar y controlar a las autoridades administrativas respecto al tratamiento en los centros penitenciarios, mediante la figura del juez de ejecuci贸n, ya que el sentenciado es una persona sujeto de derecho.

En la medida en que el nuevo sistema de justicia penal sea puesto completamente en marcha, con eficacia y bajo el principio de legalidad, ser谩 posible comenzar a ver mejoras en el sistema penitenciario. Se requiere prevenir la corrupci贸n en los centros penitenciarios, utilizar de mejor manera los recursos destinados al sistema penal, pues M茅xico es de los pa铆ses en Latinoam茅rica que m谩s gasta en mantener a sus reos, dar mayor impulso a programas de trabajo y capacitaci贸n.

La diputada L铆a Lim贸n Garc铆a (PVEM) destac贸 que la ley contribuir谩 a un sistema de ejecuci贸n de sentencias penales pronto y expedito bajo la 贸ptica del debido proceso y en aras de lograr la reinserci贸n de las personas sentenciadas. 鈥淪in duda alguna, creemos que esta ley va a contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en nuestro pa铆s鈥�.

Explic贸 que la nueva Ley Nacional de Ejecuci贸n Penal armonizar谩 el sistema de cumplimiento de penas impuestas por resoluci贸n judicial, internamiento por prisi贸n preventiva y dar谩 mayor claridad a los procedimientos que surjan con motivo de las controversias de la ejecuci贸n penal. En particular, busca la reinserci贸n social, reducir el hacinamiento, y mejorar las condiciones de vida de los reos.

Cristina Teresa Garc铆a Bravo, legisladora del PRD, mencion贸 que el sistema penitenciario en M茅xico enfrenta una grave crisis por la falta de una adecuada pol铆tica nacional que observe y cumpla los principios constitucionales. 鈥淩epresenta adem谩s, un gran costo econ贸mico y social, porque no reinserta, no capacita para el trabajo, no educa y no dignifica la persona, y lo m谩s grave, no propicia la reparaci贸n del da帽o a las v铆ctimas.

Esta ley permitir谩 concretar el urgente y necesario cambio de paradigma del sistema nacional penitenciario. Busca remediar las p茅simas condiciones en que se encuentran las prisiones y establecer las bases para el internamiento por prisi贸n preventiva, en la ejecuci贸n de penas y en las medidas de seguridad, impuestas como consecuencia de una resoluci贸n judicial condenatoria.

La diputada Mayra Ang茅lica Enr铆quez Vanderkam (PAN) resalt贸 que la Ley presenta propuestas claras y concretas para transformar el sistema penitenciario del pa铆s; no obstante, consider贸 que su cumplimiento supone una obligaci贸n del Poder Legislativo. No basta con votar una ley que es necesaria, debemos darle seguimiento para que todo lo establecido no sea letra muerta.

La reforma constitucional en materia de justicia penal del 17 de junio de 2008, fue una de las decisiones m谩s relevantes ya que se estableci贸 un nuevo modelo para la convivencia y orden social en nuestro pa铆s, mismo que desafortunadamente no ha podido ser puesto en marcha a plenitud.

C茅sar Alejandro Dom铆nguez Dom铆nguez, legislador del PRI, mencion贸 que en el pa铆s existen 387 centros penitenciarios con capacidad para albergar a 203 mil 228 personas; sin embargo, hay una sobrepoblaci贸n de m谩s de 54 mil reos, 鈥渓o que significa: hacinamiento, problemas internos, pleitos y enfrentamientos, mezclar primodelincuentes con delincuentes de alta peligrosidad, desorden y autogobierno鈥�.

Indic贸 que se busca atender la problem谩tica existente, regular el internamiento por prisi贸n preventiva, ejecuci贸n puntual de una penalidad, medidas judiciales, todo esto, cumpliendo con los principios y garant铆as constitucionales y tratados internacionales.

El diputado C谩ndido Ochoa Rojas (PVEM) se pronunci贸 a favor del dictamen, toda vez que se establecen con claridad los beneficios de libertad anticipada, a los cuales las personas sentenciadas podr谩n acceder, lo que abonar谩 a reducir el hacinamiento y la sobrepoblaci贸n que existe en los centros penitenciarios.

Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, mencion贸 que su voto ser铆a positivo, pero solicit贸 se establezcan mesas interinstitucionales respectivas, para dar atenci贸n debida a los derechos de mujeres privadas de su libertad, en donde se estipulan el derecho a la maternidad y lactancia.

Con 391 votos a favor, 56 en contra y 1 abstenci贸n, se aval贸 en lo particular y en t茅rminos del dictamen, las reservas a los art铆culos: 9, 10, 102, 118, 161, 172, 176, 177 y 188 de la Ley Nacional de Ejecuci贸n Penal.

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