30-06-2016.- Al clausurar el foro “Marco legal y experiencias de las radios comunitarias e indígenas”, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la Comisión de Radio y Televisión, reconoció que existen diversas necesidades de estas estaciones, por lo que se pronunció por trabajar de manera vinculada con las instituciones para solucionar los problemas.

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones está inacabada, ya que en la práctica hay muchas complicaciones; sin embargo, existe disponibilidad y voluntad para trabajar en ello, señaló el legislador de Morena.

Es momento de ocuparse en los asuntos concretos que las han limitado, y no ha podido reivindicar la deuda histórica que “siguen manejando desde que se hizo esta propuesta”.

El foro, dijo, sirvió para tener una mayor vinculación. Ya se han tenido acercamientos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), pero también se deben tener con otras instituciones.

Recalcó que su grupo parlamentario está comprometido con las radios comunitarias y públicas y se buscarán consensos con otros grupos y organizaciones.

La comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adriana Sofía Labardini Inzunza, expresó que hay disponibilidad en las frecuencias para radios comunitarias e indígenas, lo que significa que “se va por el camino correcto para lograr este derecho que tardó décadas en reconocerse”.

Detalló que a partir del programa anual de frecuencias de uso social 2015, se pusieron disponibles 94 en FM y 4 de AM y se recibieron 36 solicitudes para estaciones de radio comunitarias y 11 indígenas. En 2016, se colocaron 69 frecuencias en FM y 7 en AM y se recogieron 25 peticiones para comunitarias y 2 para estaciones indígenas.

Hasta la fecha, resaltó, se han otorgado 69 concesiones de uso social, de las cuales 6 son comunitarias, pero “todavía no ha salido una de uso social indígena; deben seguir aumentado, ya que ahí sí tenemos un rezago importante”.

Labardini Inzunza planteó mejorar la ley, en particular, en el tema de venta de espacios publicitarios. Si se prohíbe tener ingresos se les debería dar fondos para facilitar contenidos o subsistir; por ello, es fundamental permitirles anunciantes de esa comunidad y en lenguas indígenas, lo que promovería un mercado y reanimaría la economía.

Hizo votos por eliminar las restricciones para recibir donativos y lograr que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales libere los equipos transmisores asegurados a las estaciones que no contaban con un permiso, así como permitir que las comunidades que sí consigan la concesión puedan hacerse acreedoras en donativo a alguno de éstos aparatos.

“Los pueblos y comunidades indígenas tienen mucho que aportar a las audiencias de México y del mundo. La riqueza cultural es enorme y el asumirnos como una sociedad y un Estado pluricultural y diverso, nos obliga a actuar conforme a los principios legales y constitucionales. Se deben quitar formalismos, fórmulas y trámites que estorban al espíritu de proteger la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho de los pueblos indígenas”, añadió.

Adriana Solórzano Fuentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), llamó a implementar una política que busque el equilibrio entre la social y comercial, ya que el Legislativo con la reforma constitucional en materia de radiodifusión, quedó a deber, porque sólo reservó el 10 por ciento de las frecuencias para radios comunitarias o indígenas.

Se requieren disposiciones que apoyen en la sustentabilidad de las emisoras. “Sin recursos no es posible producir ni difundir”. Cuestionó qué habrá llevado al Legislativo cuando decidió prohibir ingresos por publicidad a las concesiones de uso social.

Solórzano Fuentes calificó como injusto que la radio comunitaria tenga que cumplir sus obligaciones de contribuir a la alfabetización mediática a través de campañas cuando la comercial no las cumple, y tenga que hacerlo con restricciones en financiamiento. Es decir, se obstaculiza con una legislación inadecuada su desarrollo y atenta contra el derecho de pequeños comerciantes que pueden difundir sus mensajes en ese medio.

Otro insulto, dijo, está en la publicidad gubernamental, ya que las dependencias tienen un tope del 1 por ciento de sus presupuestos para los medios de uso social, cuando a los grandes medios de comunicación se les destinan cantidades exorbitantes.

“En la medida en que se impulse a los medios de uso social, se abrirá la puerta a un mayor acceso de la ciudadanía a la libre expresión. Impulsarlos, es empoderarnos como comunidad. Los medios de comunicación son el espejo de la democracia, trabajemos porque sean una plaza pública con acceso a la mayoría y no a una élite”, afirmó.

El representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Héctor Camero Haro, destacó que es necesario aportar medidas para facilitar el otorgamiento de concesiones a estos medios y estimular su crecimiento a través de un fondo de apoyo inicial equivalente al 50 por ciento del costo del equipo de transmisión para estimular dicha concesión.

Recalcó que a dos años de haberse promulgado la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), no se conoce la ruta por la cual los medios comunitarios e indígenas deben acceder a recursos económicos necesarios para desarrollar su operación. Ante ello, propuso legislar sobre la etiquetación del equivalente al uno por ciento del presupuesto para comunicación social de las entidades federativas.

El fundador de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad (Redes), Erick Huerta Velázquez, dijo que uno de los elementos que da la LFTR es el acceso al espectro radioeléctrico que, a pesar de las reservas que contiene, permite que México sea el primer país en asignar de manera directa dicho permiso para la comunicación rural, indígena y comunitaria.

Sin embargo, apuntó, hay carencia en la investigación que permita conocer hacia dónde se dirige la tecnología y qué equipos se están diseñando que sean accesibles para las radios comunitarias e indígenas, por lo que es necesario etiquetar presupuestos específicos para tales fines, aunado a dotar de asesoría técnica especializada para el apoyo a estas radios.

Juan Carlos Flores Solís, defensor de derechos humanos, señaló que la Ley de Telecomunicaciones otorga un derecho mínimo a las radios de las comunidades indígenas y a dos años de haberse aprobado esta norma con el plan anual de frecuencias, solamente se ha dado una concesión para uso social indígena. Es decir, “sí hay 69, pero el 21 de junio el IFT dijo que era la primera concesión radio “La Calentana” que se daba.

Consideró que el derecho a la radiodifusión y telecomunicación es un derecho territorial, ya que el espectro radioeléctrico se encuentra en el espacio aéreo y es de la nación. Sin embargo, “el IFT, al parecer, no está de acuerdo con que el espectro radioeléctrico de una frecuencia específica sin ocupar sea parte de un elemento territorial de los pueblos indígenas que lo pueden disfrutar”.

Por ello, enfatizó que el “espectro radiofónico es de la nación y el IFT sólo se ha encargado de regular ese bien, por lo que los pueblos también tienen derecho a decidir sobre ese bien común”. Estimó que el reto es cambiar la concepción de la institución, ya que “no se puede castigar penalmente si accede a su territorio sin pedirle permiso y sin hacerle daño a nadie”.

El IFT, dijo, tiene que partir de conocer y reconocer lo que significan los derechos de los pueblos indígenas, ya que tal vez no se están entendiendo cómo realmente son y existen.

Refirió que en la Ley está mal usado el termino de concesión social y debe quedar claror que se trata de reconocer un derecho preexistente y no otorgarlo. Precisó que quedarse así, provoca un vacío en la ley que es aprovechado para criminalizar a las radios, pues robar es –según el Código Penal Federal- el que se apodera una de una cosa sin derecho y consentimiento; pero cuando usas el espectro radioeléctrico para una radio de uso social no te apoderas de él, sólo lo usas.

-- ooOoo --