• Considera posible abordar la Ley General de Aguas en el siguiente periodo ordinario de sesiones

28-03-2016.- El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, señaló que en la medida en que se mejore la infraestructura de los sistemas hídricos y se cuiden los ecosistemas del país, se garantizará el acceso al líquido vital.

En reunión con el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento A.C (ANEAS), Roberto Olivares, el legislador refirió que el sector enfrenta un déficit de inversión, y si bien los recursos económicos nunca son suficientes, se tiene que trabajar estratégicamente para mejorar plantas de tratamiento del país, pues muchas de ellas no funcionan de manera correcta.

Añadió que “no sólo es un tema de proveeduría o administración del recurso, sino de preservar el medio ambiente a través de una visión transversal que asegure el futuro de las cuencas y el ciclo natural del agua”.

Consideró necesario armonizar el trabajo entre los distintos órdenes de gobierno, sin descuidar las autonomías municipales que son las más vulnerables, e involucrar a la sociedad en estos trabajos.

“Esta comisión, junto con otras, trabaja para abrir canales de comunicación entre los involucrados, proveedores y usuarios, a fin de buscar soluciones a los rezagos que existen en esta materia”, sostuvo.

En la futura Ley General de Aguas, posible de abordar en el siguiente periodo ordinario de sesiones, dijo, se deben atender dos grandes bloques: la vertiente administrativa y de gestión, y la de protección y conserva de los sistemas naturales que dotan del líquido.

El diputado Evelio Plata Inzunza (PRI) resaltó que el 78 por ciento del agua del país es usada para fines agrícolas, por lo que se deben encontrar mecanismos que aseguren el abastecimiento.

Refirió que los operadores municipales viven una situación crítica, debido a que sus costos operativos muchas veces no son congruentes con los precios del servicio que prestan.

Del grupo parlamentario del PAN, la diputada Nadia Haydee Vega Olivas destacó que el derecho humano al agua no sólo se trata de prestar un servicio, sino llevar a cabo acciones que garanticen el cuidado de los ecosistemas hídricos.

Mencionó también que el tema de las tarifas es relevante y cuestionó al director general de ANEAS qué tanto varían los costos entre los distintos estados del país.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) señaló que sí hay población que no paga el líquido, pero es porque no lo recibe. “En la demarcación que represento, Iztapalapa, hay problemas de suministro”, expresó.

El secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputado Juan Romero Tenorio (Morena), subrayó que el problema del sector hídrico es multifactorial, y consideró que hay una gran diferencia entre el derecho humano al líquido y el tema de agua potable y saneamiento, y no deben confundirse.

“Este recurso no es igual que el petróleo o la electricidad, la falta de agua pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Se deben buscar mejores prácticas, por ejemplo, identificar dónde el desabasto es derivado de malas prácticas y dónde por falta de infraestructura”, precisó.

Del PAN, el diputado Pedro Garza Treviño recomendó regular aún más el consumo del recurso y buscar una ley social en esta materia.

Además, dijo, son necesarios mecanismos de impulso a favor de los municipios, ya que estos sufren mayor rezago para dotar del servicio de agua.

El director general de ANEAS, Roberto Olivares, expuso a los diputados la situación actual y perspectivas del sector. Aseguró que la principal responsabilidad de proveer el líquido a la ciudadanía es de los municipios, pues son los encargados de administrar el recurso en cada entidad.

“Actualmente los servicios se prestan bajo condiciones adversas debido a que no se invierte de manera correcta en la infraestructura para abastecer a la población; además, no se tiene certeza sobre dichos gastos”, comentó.

Indicó que se requiere un sistema que garantice el pago del servicio, porque “no toda el agua que se suministra se paga. La recaudación es apenas del 60 por ciento en la mayor parte del país”.

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