• El prop贸sito es velar por la protecci贸n de los derechos humanos de las personas: diputada Karina Padilla

• La calificaci贸n nacional en Ceresos en 2015 apenas alcanz贸 6.21

22-11-2016.- El Pleno cameral aprob贸 con la mayor铆a calificada de 422 votos, el dictamen que faculta al Congreso de la Uni贸n a expedir la ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administraci贸n de centros penitenciarios, as铆 como la distribuci贸n de competencias entre Federaci贸n, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de M茅xico, en la materia.

El dictamen que adiciona un inciso d) a la fracci贸n XXI del art铆culo 73 de la Constituci贸n Pol铆tica y enviado al Senado de la Rep煤blica para sus efectos constitucionales, reconoce la importancia de dotar de equilibrio a la seguridad y la protecci贸n de los derechos humanos de las personas en reclusi贸n, dentro del sistema penitenciario, garantizando su integridad f铆sica y mental.

M茅xico, expone, ha suscrito diversos ordenamientos internacionales, los cuales est谩n obligados a observarse en materia de reinserci贸n social como fin del sistema penitenciario, garantizando los derechos humanos y libertades fundamentales de los internos.

Se trata de un tema de relevancia para el Estado Mexicano, que debe contar con una legislaci贸n que permita eliminar asimetr铆as que existentes en las entidades federativas dentro de su regulaci贸n legal, estableciendo principios y facultades para cada orden de gobierno, que garantice a todas y cada una de las personas privadas de su libertad, el pleno respeto a sus derechos humanos.

Al fundamentar el dictamen, la proponente de la reforma, diputada Karina Padilla 脕vila (PAN), expres贸 que el sistema penitenciario mexicano por mucho tiempo ha sido criticado e incluso se帽alado por sus graves deficiencias y, lo que menos cumple, es una real reinserci贸n social.

El sistema por s铆 mismo deja muchos aspectos discrecionales o a libre interpretaci贸n al aplicar las normas internas, lo cual genera desconfianza en la poblaci贸n interna, riesgo de vulnerabilidad en el respeto a los derechos humanos, e inconformidades que derivan en recurrente violencia interna.

De acuerdo al Diagn贸stico Nacional de Supervisi贸n Penitenciaria 2015, de la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos, la calificaci贸n nacional de los Ceresos en 2015 apenas alcanz贸 6.21.

Si bien existe normatividad estatal en los centros de reclusi贸n, en la mayor铆a de ellas se omiten par谩metros que garanticen la dignidad de la persona como sujeto de garant铆as, violentando con ello normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 鈥淣o existe regulaci贸n estandarizada en materia de administraci贸n penitenciaria, lo cual dificulta el bienestar integral de las personas en reclusi贸n鈥�.

Padilla 脕vila indic贸 que para lograr resultados tangibles y exitosos en este 谩mbito, es imprescindible la coordinaci贸n de trabajos entre la Federaci贸n, estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de M茅xico, para que en el 谩mbito de sus respectivas competencias articulen bajo un instrumento legal, la homologaci贸n de criterios en acciones que permitan enfrentar y resolver esta crisis penitenciaria.

Se busca legislar en materia penitenciaria, es decir, tener un modelo distinto al de ejecuci贸n de penas, pues se dirigir谩 a la figura de administraci贸n y gobierno interno de los centros de reclusi贸n mediante la concurrencia de competencia a trav茅s de una ley general.

El prop贸sito, a帽adi贸, es velar por la protecci贸n de los derechos humanos de las personas. 鈥淣o debemos minimizar los beneficios que esta reforma traer谩 al pa铆s, pues abonar谩 en el acceso a la justicia, al respeto a los derechos humanos, a la seguridad interna y a garantizar una real y efectiva reinserci贸n social鈥�.

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel Garc铆a Soberanes (Encuentro Social) mencion贸 que la falta de una pol铆tica integral a nivel nacional en materia penitenciaria favoreci贸 durante d茅cadas la corrupci贸n de las autoridades carcelarias; el autogobierno en las prisiones, y la gran cantidad de los actos delictivos al interior de 茅stas.

Con esta reforma, se busca la efectiva readaptaci贸n social de la poblaci贸n carcelaria del pa铆s, as铆 como el respeto irrestricto de sus derechos humanos. 鈥淭an noble reglamentaci贸n deber谩 sentar las bases, para regular la administraci贸n y gobierno interno, de todas las c谩rceles mexicanas con la finalidad de eliminar las asimetr铆as entre las diferentes legislaciones estatales en esta materia鈥�.

De Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres precis贸 que es fundamental establecer la distribuci贸n de competencias entre los tres 贸rdenes de gobierno que permita coordinar, bajo un mismo par谩metro, las responsabilidades que cada orden debe asumir pues 鈥渄esafortunadamente nuestro sistema penitenciario se maneja de una manera muy desarticulada鈥�.

Relat贸 que se presentan condiciones cr铆ticas de sobrepoblaci贸n, hacinamiento, sin espacios para educaci贸n, deporte, insuficiencias de alimentaci贸n, maltratos, agresiones y condiciones que conllevan a que un gran n煤mero de violaciones sean constantes en los derechos humanos de los internos.

El diputado V铆ctor Manuel S谩nchez Orozco (Movimiento Ciudadano) argument贸 que la reforma tiene como finalidad homologar criterios en la b煤squeda de soluciones al grave problema de la crisis penitenciaria que vive el Estado mexicano, s贸lo en lo que se refiere a su administraci贸n, no as铆 a la ejecuci贸n de penas.

M茅xico tiene 418 centros penitenciarios, 11 son del gobierno federal, 306 estatales, 10 de la Ciudad de M茅xico y 91 municipales. Se trata de que el pa铆s pueda velar por la protecci贸n de los derechos humanos de las personas que derivado de la comisi贸n de un delito, se encuentran legalmente privadas de su libertad y que cumplan con los principios tendentes a lograr el fin de la pena: la reinserci贸n social.

Rodrigo Abdala Dartigues, diputado de Morena, puntualiz贸 que este dictamen faculta al Congreso para legislar en materia de centros penitenciarios deber谩 permitir y fomentar al interior de los mismos el respeto a los derechos humanos, capacitaci贸n para el trabajo, educaci贸n, salud y deporte para alcanzar una verdadera reinserci贸n social.

鈥淒ebemos estar muy pendientes de que esta ley no sea un pretexto para privatizar las c谩rceles y que el dinero p煤blico destinado a estos centros de reinserci贸n se enfoque plenamente a ese prop贸sito. Hay que entender que quienes est谩n interesados en privatizar el modelo de reclusi贸n han forjado grandes fortunas al amparo de la corrupci贸n y de la violaci贸n sistem谩tica a la ley鈥�, abund贸.

El diputado C谩ndido Ochoa Rojas (PVEM) ratific贸 su compromiso para impulsar leyes y pol铆ticas en materia de ejecuci贸n penal que permitan recuperar la tranquilidad social, pero fundamentalmente 鈥渞espeten la dignidad y garanticen la reinserci贸n social de quienes se encuentran privados de su libertad鈥�.

Los problemas m谩s recurrentes en las c谩rceles son: autogobierno o cogobierno con los grupos delincuenciales; hacinamiento y sobrepoblaci贸n; inadecuada separaci贸n de reos; falta de infraestructura para el acceso a servicios como salud, alimentaci贸n y educaci贸n, lo que representa un serio obst谩culo no solo para la reinserci贸n social, sino para el respeto y la protecci贸n de los derechos humanos de los internos.

Por el PRD, la diputada Mar铆a Cristina Teresa Garc铆a Bravo expuso que el n煤mero de internos en M茅xico ha tenido un crecimiento importante en los 煤ltimos 10 a帽os y pr谩cticamente ha rebasado cualquier medida de ampliaci贸n y/o modificaci贸n carcelaria.

鈥淐recimiento que se debe a la violencia, inseguridad, delincuencia organizada, falta de empleo y oportunidades, as铆 como a la existencia de un sistema ineficiente de prevenci贸n del delito y procuraci贸n de justicia鈥�. Se trata de tener un modelo legislativo nacional para la ejecuci贸n de penas y la distribuci贸n de competencias, aclar贸.

El diputado priista, Benjam铆n Medrano Quezada, destac贸 que se requiere de un sistema penitenciario que contribuya a la readaptaci贸n social del infractor a la par de lograr su reinserci贸n social a la vida productiva; por eso 鈥渄ebemos legislar para que el sistema de readaptaci贸n social se base en valores y en h谩bitos positivos鈥�.

Mencion贸 que la Asociaci贸n Americana de Correccionales acredit贸 en M茅xico 12 centros penitenciarios y reacredit贸 a otros 5 que han demostrado fielmente el cumplimiento continuo de las normas internacionalmente aceptadas en la gesti贸n carcelaria. 鈥淗oy se dota al sistema penitenciario de mejores condiciones para el procesado o sentenciado, garantizando la protecci贸n de sus derechos humanos, gener谩ndoles mayor dignidad鈥�.

Al hablar a favor, la diputada Evelyn Parra 脕lvarez (PRD) resalt贸 que el sistema penitenciario tiene una serie de anomal铆as y carencias que no permiten a los internos contar con un proceso de rehabilitaci贸n adecuado y les permita incorporarse nuevamente a la sociedad.

鈥淟os centros penitenciarios son escuelas de alto rendimiento del crimen organizado, ya que a trav茅s de diversos actos de corrupci贸n, violaci贸n a los derechos humanos de los reos y de sus familiares, propician situaciones contrarias a derecho, como autogobiernos. Es indispensable que exista una normatividad general, que delimite y distribuya competencias, acciones o programas tendentes a combatir, de manera solidaria y equitativa, la grave situaci贸n a la cual se enfrentan los reos鈥�, agreg贸.

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