23-11-2016.- Al inaugurar el foro “Transparencia y Rendición de Cuentas. Los desafíos de México en el siglo XXI”, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM), señaló que ambos conceptos deben ser concebidos como un valor democrático que es parte de los servidores públicos, quienes deben adquirir un compromiso ético, institucional y social, con el objetivo de reducir todo acto de corrupción, inclusive, eliminarlo totalmente.

Afirmó que la rendición de cuentas es una consecuencia del derecho a la información y de la aplicación de los procedimientos de transparencia. “En México, es un mecanismo para controlar y sancionar al poder cuando se ejerce fuera de la legalidad”.

Agregó que esto coloca a la transparencia y a la rendición de cuentas como grandes desafíos del siglo XXI, “las cuales ya son realidades atendidas con alto grado de responsabilidad pero no concluidas, y son también herramientas impensables para combatir todo acto de corrupción”.

“Están siguiendo un proceso de construcción, consolidación y perfección en una sociedad que estaba acostumbrada a actos de corrupción, pero que ha decidido, conjuntamente con el Ejecutivo federal, partidos políticos, académicos y sociedad civil, hacerles frente, a través de una vía institucional”, sostuvo.

Refirió que en los últimos dos años se ha reformado la Carta Magna en materia de derecho a la información, cambios importantes que han dado paso a los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción.

Mencionó que para el Poder Legislativo una de sus tareas fundamentales es transparentar y rendir cuentas en el trabajo parlamentario, pues “debemos ser los primeros sujetos obligados a rendir cuentas y a cumplir con esas disposiciones”. Se pronunció por un parlamento abierto y que, a la vez, sea una herramienta para combatir todo acto de corrupción, “que la ciudadanía conozca paso por paso todo lo que aquí se hace”.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez (Morena), afirmó que es importante generar una nueva forma de ver el combate a la corrupción y ponerlo por delante en el interés nacional, a través de una política de Estado.

Además, comentó que la instancia que preside trabaja en otras leyes para complementar el sistema, como la que se refiere a “datos personales, la de archivos y una ley electoral”.

El director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CEOSP), Marcelo Torres Cofiño, enfatizó que la corrupción genera efectos negativos para un sistema político como la pérdida de una gran cantidad de recursos que se fugan por conceptos de sobornos, falta de competitividad económica, insuficiencia en la impartición de justicia, persistencia de la delincuencia organizada, el debilitamiento de las instituciones y el desencanto con la democracia.

Resaltó que el precario desempeño de nuestro país en el índice de la percepción de la corrupción contrasta con los cuantiosos recursos que los gobiernos federales han destinado a combatirla, pues el presupuesto canalizado a las instituciones encargadas de ese propósito se incrementó hasta 94 por ciento entre 2014 y 2016.

Afirmó que no se puede entender la consolidación de un Estado democrático sin garantía de acceso a la información. Lo fundamental para el cambio democrático son la legalidad, la transparencia, la discusión ciudadana, el derecho a la información, el pluralismo y el respeto a las libertades públicas, por lo cual se debe concebir el acceso a la información como un bien público y jurídico.

Pese a su importancia, sostuvo que transparencia y rendición de cuentas no son sinónimos de combate a la corrupción y, por sí solas, no generarán cambios que puedan marcar la diferencia sustantiva en el combate a la corrupción de los estados y las instituciones.

Estimó que la participación ciudadana puede representar el motor que impulse el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción como un elemento que permita la vigilancia estrecha para generar autonomía que derive en el establecimiento de equilibrios de poder.

Mencionó que de acuerdo con una encuesta del CESOP sobre transparencia y rendición de cuentas 2016, el 41 por ciento de los mexicanos dijo que cumplir con las leyes existentes es la mejor opción para combatir la corrupción, y el 33 por ciento señaló que son necesarios mayores castigos.

Mientras, el 49 por ciento piensa que no existe el derecho al acceso a la información pública en el país y el 48 por ciento opina lo contrario. Asimismo, 7 de cada 10 mexicanos consideran que en los últimos 12 meses la corrupción ha aumentado; el 25 por ciento dice que sigue igual, y sólo el 3 por ciento piensa que ha disminuido.

Además, dijo, el 56 por ciento de la población piensa que nunca se castiga a los responsables de la corrupción; 7 de cada 10 opinan que las personas implicadas en actos de corrupción pueden sobornar siempre a quienes dictan sentencias. El 81 por ciento de encuestados estiman que la pobreza y desigualdad son consecuencia de la corrupción.

Subrayó que existen pocas expectativas de que la corrupción mejore y 58 por ciento opina que en los próximos tres años será peor; el 26 por ciento, que seguirá igual y el 12 por ciento piensa que mejorara. Asimismo, el 69 por ciento de los mexicanos señala que es necesario un Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, éste le da poca confianza a gran parte de la población.

En el foro participó el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Javier Guerrero Aguirre, quien señaló que no puede haber un sistema de rendición de cuentas y de combate a la corrupción efectivo, si los ciudadanos no actúan como personas informadas, participativas, activas y decididas.

Mencionó que México ocupa el último lugar de aprecio democrático con sólo el 19 por ciento, es decir, somos los ciudadanos del continente con menos afección por la democracia. Y los representantes políticos ocupan el último lugar de aprecio ciudadano por parte de quienes ejercen el voto.

Consideró que el sistema político mexicano, al incorporar las candidaturas independientes y modificar muchas reglas electorales para generar mayor competencia, tendrá una “elección atípica en 2018 y muy especial” en donde todos los ciudadanos tendrán que estar atentos a la información que se pone enfrente.

Resaltó que, ya que el voto cuenta, es responsabilidad de todos -partidos políticos, medios de comunicación, gobiernos, redes sociales, y ciudadanos- tener acceso a información fidedigna, la cual debe ser un mecanismo para construir un buen sistema de rendición de cuentas.

“No sería nada útil construir un Sistema Nacional Anticorrupción que no tuviera acompañamiento social, y se transforma solamente en una estructura de carácter burocrático”.

El foro consta de tres paneles titulados: Sistema Nacional Anticorrupción; Desafíos en la instrumentación y coordinación de los sistemas de transparencia y anticorrupción, y El Sistema Nacional Anticorrupción como mecanismo de rendición de cuentas.

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