30-11-2016.- El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Luis Fernando Mesta Soule (PAN), afirmó que es importante incorporar a todas las personas con discapacidad a los procesos electorales y dar respuesta ágil a sus necesidades; “involuntariamente –consideró- no se respetan sus derechos”.

Al inaugurar el foro “Derechos políticos-electorales de las personas con discapacidad”, detalló que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 280, refiere que en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales. Es una aseveración que resulta discriminatoria, indicó.

“Lo anterior es explícitamente contrario a las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual derivó en las recomendaciones 55 y 56 que el Comité de este organismo formuló para México”, precisó.

Las recomendaciones, señaló, hacen un llamado a garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad. Además, establece que todas las instalaciones, procedimientos y materiales electorales deben ser accesibles, tanto en zonas urbanas como rurales.

Mesta Soule recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, establece que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción, del derecho a participar en los asuntos públicos; de votar y ser votados en elecciones periódicas, y tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. “Y es ahí donde debe haber cambios en nuestra legislación que, en algunos casos, es anacrónica”.

En el evento, realizado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, y al que asistieron representantes de personas con discapacidad, indicó que esta población reclama y exige igualdad de oportunidades, por lo que corresponde a todos los involucrados garantizar un mismo trato, a fin de hacer pleno el ejercicio de la democracia.

Subrayó que todas las áreas de gobierno están pendientes y trabajan por procurar el reconocimiento, “uno de los sectores más vulnerables del país que, por esfuerzos propios, ha obtenido inclusión”.

No obstante, consideró necesario concientizar a todos los legisladores y buscar fórmulas que permitan responder con agilidad a las necesidades. “Hay sectores que no pueden esperar a que tengamos tiempo; hay procesos que deben seguir, pero con formas más agiles”.

Informó que “existen alrededor de 15 dictámenes sobre este tema, ya aprobados por la Cámara de Diputados, pero en el Senado tienen sus propios términos para avalarlos, aunque hay disposición de trabajar en ello”.

El legislador expuso que en todo el país sólo hay un presidente municipal que pertenece a la población con discapacidad. Eso “es notorio, cuando alrededor de 10 por ciento de los mexicanos tiene algún padecimiento, pero esto va en función de las dificultades que se les ponen para participar en los procesos”, añadió.

La secretaria de la comisión, Edith Anabel Alvarado Varela (PRI), indicó que el interés de la instancia legislativa es proteger los derechos de las personas y que las leyes del país se cumplan para quienes padecen alguna discapacidad.

“Yo soy una convencida de que las personas con discapacidad que están aquí, son la representación de miles de ciudadanos que diariamente enfrentan conflictos no sólo de movilidad, sino del goce de sus derechos como educación y desarrollo profesional, comentó.

Se pronunció por construir una agenda prioritaria con los temas propuestos en el foro. “Estamos para escucharlos y, como servidores públicos, nuestra obligación es legislar con responsabilidad y hacer que las leyes impacten la vida diaria de los ciudadanos”. El fin, dijo, es construir una sociedad más justa y equitativa.

Resaltó que la comisión aprobó un dictamen que tiene el objetivo de garantizar los derechos políticos. “Estamos a la espera de que llegue al Pleno, y estamos convencidos de que contaremos con el respaldo de todos los diputados”.

Alvarado Varela reiteró que se debe luchar contra la discriminación, desigualdad y obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad. “Si trabajamos en equipo, podremos seguir adelante y generar mejores condiciones de vida para ese sector vulnerable”.

El director general de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, indicó que en el ámbito legislativo se requiere una armonización con el fin de que las normas estén acorde a las necesidades de las personas con discapacidad. “Urge modificar disposiciones que ya no se aplican o se emplean distinto.”.

Consideró necesario fortalecer las políticas para que exista el pleno respeto de los derechos electorales de esas personas y encontrar mecanismos de cooperación entre instituciones. “La ley debe garantizar el acceso ‘físico’ para el ejercicio del voto, pero también un acceso jurídico”.

El director de Estadística y Documentación Electoral, del INE, Gerardo Martínez, resaltó que ese instituto realiza acciones para que personas débiles visuales puedan emitir su voto. “Se desarrolló una plantilla en leguaje Braille con un instructivo para que ejerzan ese derecho”.

Comentó que un obstáculo al que se enfrentaba el INE era que no conocía cuántos, ni en dónde se encontraban las personas discapacitadas, pero “ahora el Instituto registra el padecimiento de los ciudadanos que acuden a los módulos”.

El director de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Joaquín Alva Ruiz Cabañas, destacó que el artículo 35 constitucional establece que no existe ninguna restricción para que una persona con discapacidad ejerza su voto o pueda ser elegida.

Recomendó que el INE realice un registro sobre esa población en las próximas elecciones de 2017 en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. “Debe haber una práctica previa para la elección fundamental de 2018. Se debe evaluar la participación de las personas con discapacidad”.

El director general adjunto de Armonización Legislativa y Asuntos Jurídicos, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), Francisco Mendiola del Rio, indicó que votar y ser votado es un pilar de cualquier democracia y, en el Siglo XX, ese derecho se vio limitado para las personas con discapacidad.

En México, explicó, se realizan diversas acciones para promover los derechos políticos de este sector. A partir del 2010, precisó, los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), establecieron el acuerdo nacional por los derechos políticos de estas personas, en el que se comprometieron a favorecer su inclusión en la vida política.

Por su parte, el director del Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia para las Personas con Discapacidad, Alejandro Gallardo López, consideró que persiste una exclusión hacia estas personas en la toma de decisiones, lo cual afecta directamente sus vidas. Las autoridades competentes, sostuvo, no han logrado erradicar las restricciones de facto que enfrentan al momento de votar o ser votados.

Afirmó que los avances y estrategias, sobre todo del INE, para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en cuanto al derecho al voto de las personas con discapacidad, “han sido francamente limitados y sólo toman algunas medidas para facilitar el acceso a las casillas”. Consideró que se requiere articular políticas efectivas que garanticen los derechos de estas personas, para cerrar la enorme brecha de desigualdad que aún existe. Pidió a diputados de todos los partidos, sumar voluntad política para generar la inclusión de esta población.

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