• En clausura de trabajos CONALEG se dice que mexicanas padecen desigualdad en ingreso económico y acceso a oportunidades laborales

30-11-2016 Las diputadas locales y federales, presidentas municipales, síndicas y regidoras, participantes del primer encuentro de la Conferencia Nacional de Legisladoras (CONALEG), acordaron adoptar de manera prioritaria la agenda de igualdad de género y generar una plataforma de empoderamiento de las servidoras públicas.

Al clausurar los trabajos de la Conferencia, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI), sostuvo que es necesario darles voz a las mujeres con un marco jurídico que les haga justicia y termine con la violencia que intenta detener su avance en la política.

Apuntó que para lograr la institucionalización de las políticas públicas de igualdad de género, es necesaria la incidencia y participación de las mujeres en el poder público, para que se fortalezca su participación y se transparente su asignación, así como el empleo, destino y justificación de los recursos financieros, para impulsar el liderazgo del sector femenino.

Para ello, consideró prudente construir agendas legislativas que visibilicen la desigualdad, pobreza, exclusión, falta de acceso a la justicia de las mujeres y permita armonizar los criterios en los operadores jurídicos del país y, con ello, erradicar cualquier violación a las garantías.

Entre los acuerdos de la CONALEG esta institucionalizar las políticas públicas de igualdad, armonizar los marcos normativos para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres Y la inclusión de paridad en las candidaturas a los diversos puestos del poder público.

De igual manera, transformar las políticas asistencialistas dirigidas a las mujeres en políticas de empoderamiento económico y desarrollo sostenible; garantizar una vida libre de violencia, el acceso a la justicia y el alcance igualitario de oportunidades.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, Diva Hadamira Gastélum Bajo, añadió que el trabajo legislativo pendiente en materia de derechos de las mujeres es reformar los ordenamientos respecto a partidos políticos, instituciones electorales, y sancionar a quien no dé oportunidad a una mujer de desempeñarse en un cargo público.

“Existen hombres que dicen que las mujeres quitamos su territorio, pero que alguien les avise que no era de ellos, que lo tenían prestado e indebidamente usurpado”, comentó.

“Las mujeres no debemos de flaquear en nuestro trabajo, es momento de dejar a un lado las demandas y hablar con elementos y ocupar lugares en la mesa de discusión de los grandes temas para la nación”, subrayó.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, expresó que en este país, ser mujer joven, migrante, indígena, con alguna discapacidad o lesbiana trae marcas de discriminación. “Por eso tenemos que hablar siempre desde la perspectiva de la no la discriminación”.

Se pronunció por poner fin a todas las formas de discriminación, principalmente para las trabajadoras del hogar, es decir, para las 2.3 millones de mujeres que, de acuerdo con la ley, tienen una jornada laboral y prestaciones diferentes, como parte de una figura de discriminación. Sugirió que México ratifique el convenio sobre las trabajadoras del hogar.

Otros retos, afirmó, es poner fin a la violencia en todas sus formas; eliminar el embarazo adolescente y el matrimonio en menores de 15 años; reconocer el trabajo no remunerado, dado que en México, sólo el 44 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral y por cada 10 horas de trabajo, seis las laboran mujeres y cuatro los hombres.

Ana Güezmes hizo votos por garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva; emprender una armonización legislativa y destinar mayores presupuestos para la igualdad de género, pues en México es el 0.5 por ciento.

“Al ritmo que vamos se tardarán 80 años para lograr la igualdad en el ámbito laboral. Necesitamos inteligencia y medidas afirmativas. La transversalidad no es suficiente, se requieren acciones que permitan acortar el camino y generar un cambio cultural hacia la idea de la igualdad sustantiva”, añadió.

María del Carmen Carreón Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, destacó la importancia de hacer redes y cambiar paradigmas, así como lograr que autoridades, sociedad civil y legisladores se armonicen en el tema de igualdad de género.

“No me explico por qué, teniendo el 50 por ciento del padrón electoral y de la lista nominal, así como una mayor participación en los procesos electorales, ¿por qué no votamos por las mujeres?”, añadió.

Comentó que el tema de violencia política existe y muchas lo han sufrido. Se han cambiado algunos elementos normativos para la participación política de las mujeres en el ámbito nacional, pero es momento de considerar ciertos elementos de su incorporación. Es importante, dijo, que “rompamos el umbral y generar condiciones para que haya más mujeres en la política y se registren en convocatorias”.

Del Inmujeres, la directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género, María de la Paz López Barajas, precisó que cuando se tienen leyes y normas es más fácil hacer el trabajo de política pública; en ese sentido, reconoció se tienen leyes que han permitido la institucionalidad de la igualdad de género.

Se han emprendido esfuerzos para que todos los programas incluyan la perspectiva de género. Hay esfuerzos federales que buscan ser llevados al ámbito local como lo establece el Sistema Nacional Igualdad; es necesario contar con normas que permitan hacer planeación y programación con perspectiva de género en las entidades federativas, apuntó.

Anunció que próximamente se lanzará, junto con la ONU, una plataforma sobre los compromisos, marcos legales nacionales e internacionales en materia de igualdad, pues en México existen entidades que no cuentan con un programa en esta materia.

Evangelina García Prince, ex vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), señaló que, de acuerdo con un estudio sobre el índice de empoderamiento realizado por Social Watch, México actualmente tiene una brecha del 2 por ciento en la paridad de educación, mientras que hay una desigualdad del 44 por ciento respecto al ingreso económico y acceso a oportunidades laborales.

Durante su conferencia magistral, la también antropóloga y psicóloga agregó que, en lo que se refiere al empoderamiento, el estudio arroja que existe 63 por ciento; sin embargo, a pesar que hay un buen avance, aún no refleja la paridad de género óptima.

Resaltó que el concepto de igualdad es un fenómeno polivalente, ya que se habla de los derechos ante la ley, la no discriminación, la igualdad humana, la diversidad; por ello, estimó las políticas públicas deben integrar este enfoque en los diferentes ordenamientos.

Indicó que los aspectos legislativos que deben ser modificados con urgencia son el artículo cuarto de la Constitución, “ya que tiene un sesgo familístico insoportable, porque dice en la primera mitad del texto: los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, estas se ocuparan de la organización de la familia. “Esto no tiene nada que ver y es un elemento que lo hace sexista”, opinó.

Enfatizó que la igualdad no tiene que ser un derecho, sino un principio de la Constitución; asimismo, se requiere armonizar las leyes en la materia, toda vez que cada una de ellas posee una definición distinta de “igualdad”.

Propuso revisar la legislación sobre partidos y procesos electorales, para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia política. Planteó que el Estado incluya la transversalidad de igualdad de género en las políticas públicas.

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