27-10-2016.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 406 votos a favor, el dictamen que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de agregar, como una función más de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, promover mecanismos de salud integral y prevención, como medios de reinserción social.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoció que uno de los grandes pendientes es el tema de la reinserción social.

El sistema penitenciario del país, dijo, empieza por la prevención del delito; pasa por la procuración y administración de justicia y termina con la reinserción, aspecto fundamental para la seguridad y la paz social.

“Por lo tanto, el objeto de recluir a una persona no es sólo mantenerlo aislado de la sociedad, sino reencauzar sus hábitos de conducta, costumbres y procesos cognoscitivos. Que sea capaz de adoptar nuevos patrones de vida, ajenos a las tendencias de ilícitos, y factores que lo llevan a la reincidencia”, refirió.

“Hemos hecho iniciativas y propuesto temas relativos a la parte policiaca y operativa de seguridad pública, pero poco hemos hecho para reformar el sistema penitenciario en materia de reinserción. Con este dictamen, el Poder Legislativo reitera su convicción de hacer prevalecer la dignidad humana”, sostuvo.

Explicó que la enmienda tiene que ver con la rehabilitación de los internos mediante la atención psicológica o psiquiátrica, fundamental para modificar los elementos cognitivos y psicológicos de las personas.

Al fijar la posición de su grupo parlamentario, la diputada Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social, destacó que la enmienda busca armonizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que no es poca cosa. “Incluye la obligación del Estado a prestar servicios de salud y previsión social para la población del sistema penitenciario”.

Angélica Reyes Ávila (NA) se manifestó a favor del dictamen. Dijo que es sensato adecuar las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para incluir la salud integral y la prevención social. “Estamos decididos a fomentar una verdadera reinserción social de quienes tienen una condena privativa de la libertad. Nuestra apuesta será siempre en favor del respeto irrestricto de los derechos humanos”.

Manuel Espino, de Movimiento Ciudadano, señaló que la modificación fortalece nuestro sistema penitenciario y contribuye a dar una orientación más humanista a las directrices de seguridad, las cuales, en las últimas décadas, se han significado por ser altamente represivas, sustentadas en medidas policiales o militares.

Por Morena, la diputada Delfina Gómez Álvarez reconoció que la enmienda es un gran esfuerzo; sin embargo, “se queda corta en cuanto a las necesidades de fortalecer la seguridad pública”. Las políticas de prevención social y de salud integral, que incluye la atención psiquiátrica, dijo, no dará ningún resultado ni podrán ayudar a disminuir los índices de violencia si no se apoya el desarrollo y se saca de la pobreza a millones de mexicanos”.

El diputado Cándido Ochoa Rojas, del PVEM, consideró que todo lo que contribuya a la reinserción social de las personas debe ser respaldado por la Cámara de Diputados, toda vez que con ello se avanza en el cumplimiento a las reformas efectuadas a los artículos 18 y 21 de la Constitución federal, que incorpora la salud y el deporte como medios de reinserción social.

Cristina García Bravo, del PRD, se pronunció a favor del dictamen, y comentó que el sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis, no solo por la falta de una adecuada política nacional que observe y cumpla los principios constitucionales, sino porque en los 419 centros penitenciarios se registra una sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno delincuencial y una clasificación incorrecta de los internos.

David Sánchez Isidoro, del PAN, dijo que la reforma busca atender la problemática de la reinserción social de las personas que cumplen una condena. Resaltó que hasta el 2014, 38 mil 186 reos volvieron a delinquir una vez que cumplieron su condena, de los cuales el 86 por ciento se encuentra nuevamente tras las rejas por algún delito del fuero común. Los efectos colaterales de sus acciones, agregó, afectan también a sus familias.

Abel Murrieta Gutiérrez, del PRI, mencionó que esta reforma tiene un gran acierto y parte de una base: “el ser humano no reacciona solo al castigo, también lo hace al estímulo positivo, a la dignidad”. Indicó que la injusticia no se combate con más injusticia, sino con valores. “Celebramos que esta legislatura atienda uno de los reclamos más sentidos y más importantes. La reinserción social juega un papel importante para la seguridad, concluyó.

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