13-09-2016.- En la sesión de este martes, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, presentaron 21 iniciativas que reforman, adicionan o modifican diversas leyes federales.

Orden de apellidos en acta de nacimiento

La diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez (PRI) presentó iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, para precisar que el acta de nacimiento contendrá el apellido que de común acuerdo determinen los padres, o bien los dos apellidos del que lo reconozca, pues los servidores públicos de los registros civiles le dan prioridad al paterno.

Se busca luchar por la igualdad y no discriminación al género, ya que por costumbre se coloca primero el apellido paterno y posteriormente el materno. La petición se basa en el derecho humano a la igualdad, a la no discriminación y a gozar de un nombre propio. Fue enviada a la Comisión de Justicia.

Ampliar permisos de paternidad

Por el PAN, la legisladora Karina Padilla �vila planteó modificar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que amplia de cinco a diez días laborales el permiso de paternidad, toda vez que la actual licencia es insuficiente para establecer un vínculo afectivo entre el recién nacido y su progenitor, o el infante adoptado y su padre.

Con la ampliación a 10 días, se podrá ayudar a la eliminación de estereotipos avanzando en igualdad sustantiva, corregir la discriminación del mercado laboral, así como proveer a niños y niñas del cuidado que merecen por parte de ambos progenitores. “Creemos que estos 10 días serán de mucho valor para las familias de México�. Se canalizó a la Comisión de Trabajo y Previsión.

Servicio de guarderías para todos los asegurados

Maricela Contreras Julián, diputada del PRD, presentó dos iniciativas. La primera reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para precisar que el servicio de guarderías se proporcionará a todas las personas aseguradas tanto en turno matutino como vespertino; se busca eliminar estereotipos de género, reconocer el derecho de hombres y mujeres para acceder a estos servicios sin ninguna condición más que contar con la seguridad social.

La Ley, destacó, hace una distinción innecesaria sobre el beneficio del servicio de las estancias infantiles, pues lo otorga en forma exclusiva a las mujeres aseguradas por su única condición de ser mujeres, mientras que para los hombres establece una serie de requisitos como ser viudo, divorciado o tener la custodia de sus hijos e hijas, o ejercer la patria potestad y la custodia. Fue remitida a la Comisión de Seguridad Social.

Eliminar disposición sobre inseminación

La segunda iniciativa planteada por Contreras Julián, deroga el párrafo segundo del artículo 466 de la Ley General de Salud, a fin de eliminar la disposición que establece que una mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada, sin la conformidad de su cónyuge.

Argumenta que la autorización del cónyuge, que impone la Ley a la mujer en estado civil casada, para que se someta a un proceso de inseminación artificial, ignora circunstancias multifactoriales por las que la mujer decide tomar esa decisión y que van desde ejercer un derecho al libre desarrollo sexual y reproductivo, hasta el diagnóstico de infertilidad. Se mandó a la Comisión de Salud.

Delito de abigeato

El legislador Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM) propuso modificar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para puntualizar que cuando tres personas o más cometan el delito de abigeato serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el abigeato ha pasado de 6 mil 134 denuncias en 2012 a 8 mil 5 denuncias en 2015, incrementándose en 24 por ciento. El mayor número de casos se reporta en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Preservación de áreas protegidas

Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, iniciativa de la diputada María Chávez García (Morena), la cual reforma los artículos 60, 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de establecer que las áreas naturales protegidas deberán contar con un programa de manejo de la zona respectiva.

La legisladora afirmó que, de acuerdo con la recomendación General Número 26 la CNDH, en México 80 áreas naturales protegidas se localizan en tierras, territorios o recursos de uso tradicional por pueblos indígenas, de las cuales 36 por ciento carece de programas de manejo.

Expedir Ley de Justicia Social y Equidad Distributiva de la Riqueza

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (Morena) presentó iniciativa que expide la Ley de Justicia Social y Equidad Distributiva de la Riqueza, con el propósito de establecer criterios de responsabilidad y distribución social, para un mejor reparto de los recursos.

La iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen, con opinión de la de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, busca dinamizar el crecimiento económico, a través de la creación del Banco Social Mexicano, sociedad nacional de crédito y apoyo distributivo.

Además, prevé desarrollar una organización financiera de segundo nivel que aproveche la infraestructura de las cooperativas de ahorro y préstamo, que llegan a las regiones donde la banca comercial ni las instituciones auxiliares del gobierno federal no tienen acceso.

Considerar como proveedores preferentes del sector público a grupos sociales vulnerables

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (Nueva Alianza) presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2, 8, 41, 48 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para considerar como proveedores preferentes del sector público a jóvenes, mujeres, indígenas y personas o grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, busca incorporarlos dentro del proceso de las cadenas productivas, a través de las compras gubernamentales, y con ello generar empleos, canalizar inversiones y favorecer el desarrollo productivo de este sector.

Estado deberá reconocer derecho de los padres a educar convenientemente a sus hijos

Por el Partido Encuentro Social, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco dio a conocer iniciativa que reforma el artículo 4 Constitucional, con el propósito de que el Estado reconozca el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos.

El legislador afirmó que “el Estado posee derechos y deberes sobre la educación. Pero tal intervención no puede chocar con la legítima pretensión de los padres de educar a sus hijos, lo anterior en concordancia con principios y valores que ellos sostienen y viven y que consideran conveniente para sus hijos�. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proponen tipificar el ciberacoso sexual

En su turno, el diputado Felipe Cervera Hernández (PRI) presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el propósito de tipificar el ciberacoso sexual, a fin de proteger a los menores dentro de los espacios virtuales, Se envió a la Comisión de Justicia.

La iniciativa, suscrita también por el diputado César Camacho (PRI), modifica el Título del Capítulo II, el Título octavo y adiciona un artículo 202, para establecer que quien cometa el delito de ciberacoso sexual de personas menores de edad o con incapacidad para comprender el significado del hecho, se le imponga pena de 4 a 6 años de prisión y de quinientos a mil días de multa. Cuando la conducta derive en un encuentro o acercamiento, la pena sería de siete a 12 años de prisión y de 800 a dos mil quinientos días multa.

Plantean modificaciones a educación e ISR

Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) presentó cuatro iniciativas. Una de ellas, modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación, a fin de que la autoridad correspondiente del sistema de quejas de la Secretaría de Educación Pública, emita una resolución exhaustiva y congruente en un lapso no mayor a 30 días, misma que se deberá notificar al quejoso. Se mandó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La segunda propuesta, plantea reformar el artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para derogar el segundo párrafo de la fracción VIII, la cual contempla que si alguien incumple con la obligación de declarar dos veces consecutivas o tres no consecutivas en un plazo de seis años, podrá ser castigado, cambiándolo automáticamente al régimen general de ley. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Otra iniciativa, propone cambios a los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de que se pueda deducir la totalidad de las aportaciones complementarias de retiro, realizadas directamente en la subcuenta correspondiente, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La cuarta, reforma diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de que las administradoras incluyan en los estados de cuenta de los trabajadores afiliados, el monto histórico de las aportaciones hechas por el empleado, el patrón y el Instituto de Seguridad Social correspondiente. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Considerar Zonas de Atención Prioritaria a lugares con altos índices de criminalidad y violencia

El diputado Julio Saldaña Morán (PRD) presentó una iniciativa que reforma los artículos 29 y 30 Ley General de Desarrollo Social, a fin de considerar Zonas de Atención Prioritaria, lugares donde existan altos índices de criminalidad y violencia. El legislador estimó que el delito y la inseguridad no se combaten con armas y policías, sino generando mejores niveles de vida para la población.

A estas zonas, es posible asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo, y crear programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

Prohibir que patrones soliciten antecedentes no penales

Del grupo parlamentario de Morena, Alfredo Basurto Román, propuso reformar el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El objetivo es prohibir que los patrones soliciten a los trabajadores constancias de antecedentes no penales.

Esa práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo primero de la Carta Magna, así como del principio de reinserción social que persigue el nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia. Se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y Comisión de Justicia.

Talleres preventivos de SEP y Segob para identificar el delito de trata de personas

Con el fin de que la Secretaría de Educación Pública y la de Gobernación, realicen campañas o talleres preventivos e informativos en instituciones públicas y privadas orientadas a identificar el delito de trata de personas, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC) propuso reformar el artículo 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La iniciativa cita que para ello, se propone que en dichas campañas se deberán entregar materiales sobre prevención e información de los delitos previstos en esta ley; concientizar a la población escolar sobre las modalidades de sometimiento para la comisión del delito, y promover la denuncia de los delitos previstos. Se turnó a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos para dictamen.

Armonizar comisiones de productividad y las tablas de enfermedades

El diputado Carlos Gutiérrez García (NA) presentó iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de precisar y armonizar diversos elementos relativos a las comisiones de productividad y las tablas de enfermedades. “La falta de actualización en la tabla de enfermedades tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los trabajadores�, dijo.

El documento propone sustituir la denominación de Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento por la de Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad; remplazar el término de Comisión Nacional de Productividad por el de Comité Nacional de Productividad, y que las tablas se revisen cada cinco años, considerando todos los estudios e investigaciones realizadas en materia de salud del trabajo y actualizar todas las enfermedades que se consideren necesarias y convenientes para el país Se turnó a la Comisión del Trabajo.

Propuestas fiscales sobre medio ambiente

El legislador del PVEM, Javier Octavio Herrera Borunda, presentó tres iniciativas. Una reforma los artículos 6, 9 y 10-f de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los gobiernos de las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal destinen en su Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual, por lo menos, el 6 por ciento del total de sus ingresos propios a actividades y programas relacionados con la protección y conservación del medio ambiente. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Otra, reforma los artículos 3 y 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 37 y 53 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de promover el uso de la descarga cero de aguas residuales, así como precisar que ésta será entendida como la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar dichas aguas, libres de sustancias nocivas que permitan su reinserción adecuada en el entorno a un cuerpo receptor. Fue enviada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público.

La tercera adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales para los contribuyentes que tomen medidas de protección al medio ambiente. Entre lo propuesto, destaca: indicar que la deducción no excederá del 30 por ciento del monto de lo invertido, ni será acumulable con ninguna otra; enlistar las construcciones y obras por las que se podrá conceder dichas deducciones, así como precisar que podrán participar personas físicas y morales. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública.

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