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Bolet√≠n N°. 3429 Entre 2000 y 2017, se registran 114 homicidios a periodistas; FEADLE ha atra√≠do 48 casos y s√≥lo existen tres sentencias

05-04-2017 Desde la creación en 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha atraído 48 casos, de los cuales sólo se han logrado tres sentencias, informó Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

 

En reunión con la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la funcionaria sostuvo que la FEADLE ha tenido conocimiento de 114 homicidios de periodistas ocurridos desde el 2000 hasta el pasado mes de febrero integrando 42 expedientes, 32 averiguaciones previas y 10 carpetas de investigación en los que el móvil principal derivó del ejercicio de la actividad periodística de las víctimas.

 

Ricardo Celso N√°jera Herrera, titular de la FEADLE, afirm√≥ que en los casos de los periodistas Miroslava Breach, del peri√≥dico ‚ÄúLa Jornada‚ÄĚ; Ricardo Monlui, director del portal ‚ÄúEl Pol√≠tico de Xalapa‚ÄĚ, y Cecilio Pineda Birto, director del diario ‚ÄúLa Voz de la Tierra Caliente‚ÄĚ, se trabaja con el apoyo de todas las instituciones, es decir, servicios periciales, polic√≠a de investigaci√≥n y el personal necesario para multiplicar las capacidades y obtener un resultado en el menor tiempo posible.

 

La presidenta de la Comisi√≥n Especial, Brenda Vel√°zquez Valdez (PAN), mencion√≥ que con cuatro asesinatos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresi√≥n, tan s√≥lo en el mes de marzo, es claro que las pol√≠ticas de prevenci√≥n y de procuraci√≥n de justicia del gobierno de la Rep√ļblica son ineficaces e ineficientes.

 

La realidad ha superado el marco normativo, por lo que conminó a las comisiones a analizar con prontitud las iniciativas que tienen en sus manos para buscar mejorar el escenario de prevención y protección al periodista.

 

Ante la situaci√≥n de violencia contra periodistas y la libertad de expresi√≥n, ‚Äúhago un llamado al secretario de Gobernaci√≥n para que garantice la seguridad de los comunicadores y a la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica para que se castigue a los responsables, indic√≥.

 

La diputada Lia Limón García (PVEM) preguntó sobre cuántas entidades cuentan con una fiscalía, los casos atraídos por la FEADLE, y qué cantidad han resultado en sanción para los agresores.

 

Consideró que los casos no debieran ser atraídos al ámbito federal, pues a nivel estatal se puede tener mayor información, permitiendo mayor avance.

 

La diputada Mar√≠a Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) se√Īal√≥ que ‚Äúa ning√ļn periodista le sirve apretar un bot√≥n de alarma, lo que necesita son medidas de protecci√≥n para desarrollar su trabajo‚ÄĚ.

 

El diputado Exaltaci√≥n Gonz√°lez Cece√Īa (PAN) expres√≥ que los periodistas son seres humanos, tiene hijos y padres y la autoridad est√° obligada a dar protecci√≥n. ‚ÄúUstedes nos vienen a dar una serie de explicaciones, pero son s√≥lo de tr√°mites burocr√°ticos y no dan resultados‚ÄĚ.

 

A√Īadi√≥ que para la autoridad, ‚Äútres resultados de ciento y tantos casos no es nada‚ÄĚ. El problema es la impunidad para encontrar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a periodistas, ll√°mese asesinatos, ataques a la integridad f√≠sica o materiales, porque tambi√©n se agreden sus instalaciones y son casos que siguen sin resolverse.

 

Preguntó a los funcionarios qué le hace falta a la fiscalía para dar verdadera protección a los periodistas.

 

El priista Cesar Alejandro Dom√≠nguez Dom√≠nguez propuso presentar un punto de acuerdo que exhorte a la Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito P√ļblico a autorizar una ampliaci√≥n presupuestal para el mecanismo de protecci√≥n y, de esa manera, cumplir con los objetivos establecidos. Asimismo, pidi√≥ definir cu√°l es la l√≠nea de investigaci√≥n sobre el cierre del peri√≥dico Norte de Ciudad Ju√°rez, en Chihuahua.

 

Inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México

 

Sara Irene Herrer√≠as Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevenci√≥n del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, detall√≥ que en los √ļltimos a√Īos se ha presentado una situaci√≥n de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresi√≥n en M√©xico, en especial para los periodistas.

 

Agreg√≥ que de los delitos que conoce la FEADLE desde su creaci√≥n hasta la fecha, son 368 expedientes por amenaza, 159 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privaci√≥n ilegal de libertad y 48 por da√Īo en propiedad ajena.

 

Respecto a la atracci√≥n, a partir de la reforma de 2013, la FEADLE ha ejercido su facultad en 48 casos por delitos de abuso de autoridad, amenazas, homicidio, robo, da√Īo en propiedad ajena, lesiones, privaci√≥n ilegal de la libertad y tentativa de robo y homicidio.

 

En cuanto a las medidas dictadas derivadas de denuncias y respectivas indagatorias para proteger la integridad f√≠sica de los periodistas, en algunos casos a sus familiares, se han promovido 525 solicitudes de medidas ministeriales de protecci√≥n en favor de 483 personas, 162 v√≠ctimas directas y 21 indirectas promovidas ante autoridades de las √°reas de seguridad p√ļblica en el pa√≠s, federales y locales, y se asegur√≥ la protecci√≥n de estas personas beneficiadas.

 

Explic√≥ que las medidas de protecci√≥n consisten, principalmente, en la asignaci√≥n de n√ļmeros telef√≥nicos de contacto de atenci√≥n del grupo inmediato en seguridad p√ļblica, los rondines domiciliarios, asignaci√≥n de escoltas, entrega de chalecos antibalas, asistencia m√©dica y psicol√≥gica y la protecci√≥n de los inmuebles.

 

‚ÄúNosotros somos conscientes de que el ejercicio de la libertad de expresi√≥n es fundamental en una sociedad democr√°tica; el intercambio de ideas y la difusi√≥n de informaci√≥n son de inter√©s p√ļblico, y contribuyen a la rendici√≥n de cuentas y a la participaci√≥n informada de la sociedad‚ÄĚ.

 

Asegur√≥ que est√°n atendiendo en sus t√©rminos la recomendaci√≥n 24 de la CNDH para asegurar que los agentes del Ministerio P√ļblico integren debidamente las indagatorias, realicen todas las diligencias necesarias y agoten todas las l√≠neas de investigaci√≥n para sustentar s√≥lidamente todas las determinaciones que dicten en su momento.

 

Tambi√©n se busca la coordinaci√≥n con las procuradur√≠as y fiscal√≠as de las entidades, y revisar con ellas aquellos expedientes iniciados con motivo de los probables agravios a periodistas, para que pueda ejercerse la libertad de expresi√≥n. ‚ÄúEstamos intensificando la relaci√≥n con los fiscales y procuradores‚ÄĚ, afirm√≥.

 

En tanto, el titular de la FEADLE, mencion√≥ que este √≥rgano tiene acercamiento con 28 entidades, para brindarles cursos a periodistas y servidores p√ļblicos sobre derechos humanos, libertad de expresi√≥n y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

 

Se ha logrado impartir m√°s de cinco mil cursos, y con ello, ‚Äúhemos observado que en estas entidades se han reducido las agresiones a los periodistas‚ÄĚ, sostuvo N√°jera Herrera, y afirm√≥: ‚ÄúEstamos tratando de que cuando un periodista reciba una agresi√≥n menor, sea atendido por la delegaci√≥n federal cuando ellos manifiesten tener desconfianza de las autoridades estatales‚ÄĚ.

 

Expuso que en las dos agresiones a periodistas en el estado de Veracruz se tiene una carpeta de investigación abierta y comunicación con el fiscal; en el caso de Cecilio Pineda, comunicador de Guerrero, desde el momento en que sucedieron los hechos, cooperó este organismo con el gobierno estatal y se integraron las carpetas paralelas para ver quién puede judicializar el tema.

 

Indic√≥ que se tuvo cercan√≠a con el periodista, ahora fallecido, para que, en su momento, presentara una denuncia; sin embargo, no quiso acercarse a la autoridad, ‚Äúsiempre dijo que lo har√≠a, pero no lo hizo‚ÄĚ.

 

Sostuvo que se est√° trabajando duro y se tienen varias l√≠neas de investigaci√≥n sobre este homicidio. ‚ÄúNo hemos cerrado ninguna, para obtener un resultado en el menor tiempo posible‚ÄĚ.

 

Respecto al asesinato de la periodista Miroslava Breach, informó que entabló conversaciones con el fiscal de Chihuahua desde el primer momento, para implementar el manejo de los datos.

 

‚ÄúElla era una persona importante en su estado, con gran penetraci√≥n por sus notas; por ello, no hemos descartado ninguna l√≠nea de investigaci√≥n hasta no tener la certeza de que alguna ya se puede comprobar y encontrar a los responsables‚ÄĚ.

 

Finalmente, apunt√≥ que en el caso de Armando Arrieta, se le brindaron las medidas de protecci√≥n; sin embargo, reiter√≥ que es necesario reforzar la seguridad p√ļblica, mejorar la impartici√≥n de justicia, lo cual, dijo, no puede esperar mucho tiempo, porque es una problem√°tica que afecta a toda la sociedad.

 

Veracruz está en una situación de alarma

 

Ana Laura P√©rez Mendoza, fiscal de la Comisi√≥n para la Atenci√≥n y Protecci√≥n a los Periodistas de Veracruz, dijo que esta entidad se encuentra en una situaci√≥n de alarma, por lo que la FEADLE atrajo siete casos; no obstante, no hay resultados y se deben a las fiscal√≠as locales. ‚ÄúLo que queremos es justicia y que se venza la impunidad, que haya detenidos y, adem√°s, con todas las garant√≠as de que es una investigaci√≥n profesional‚ÄĚ, resalt√≥.

 

Manifest√≥ que ‚Äúmientras no se venza la impunidad, el mensaje es que al Estado no le importa que cualquiera puede agredir a un periodista y no le va a pasar nada‚ÄĚ.

 

Refirió que en tanto no se contenga la impunidad y el Estado no ponga toda su fuerza en detener a los responsables de las agresiones, no se logrará combatir la vulnerabilidad.

 

David Augusto Sotelo Rosas, subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de Guerrero, comentó que el gobernador ha remitido al Congreso local una iniciativa de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, a fin reglamentar las obligaciones institucionales y la creación de un mecanismo de protección.

 

Resaltó que la entidad trabaja en este mecanismo, el cual ya tiene a una serie de periodistas que han solicitado este protocolo de seguridad.

 

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) resaltó su preocupación por la vida de los periodistas, debido a que no se ha valorado lo suficiente su trabajo que está en riesgo, frente a lo cual los gobiernos estatales, federal e instancias como la fiscalía, tienen la obligación de ver por ellos.

 

Propuso convocar a los periodistas para definir lo que se puede hacer en la ley, así como en el Poder Ejecutivo y el Judicial, debido a inseguridad creciente en el país.

 

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