• Diputados avalan reformas a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal y de la Armada de México

• Se trata de proveer bases jurídicas para ejercer cabalmente la función de guardacostas: Guillén Vicente

25-04-2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que atribuye a la Secretaría de Marina-Armada de México realizar la visita, inspección y acciones en zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, y ejercer funciones de guardia costera, seguridad y protección marítima.

Se le faculta para que ante la posible comisión de un hecho delictivo, puedan poner a disposición ante la autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo.

El dictamen, aprobado en lo general con 391 votos a favor, 30 abstenciones y uno en contra, reforma y adiciona los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, precisa que el país se encuentra en una posición privilegiada gracias a su ubicación geográfica y calidad bioceánica, tal y como se aprecia en los distintos puertos de altura y cabotaje.

Argumenta que el sector del transporte marítimo nacional representa cerca del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que equivale a cerca de 15 mil millones de dólares. México tiene más de 11 mil kilómetros de litoral en los que se ubican 115 puertos; el país está conectado por vía marítima con 164 países y más de 567 destinos de los cinco continentes y participa en el comercio marítimo internacional con 491 destinos geográficos en el mundo, a través de 91 líneas navieras que arriban a México.

En la fundamentación del documento, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), expresó que la intención es brindar certeza jurídica para que la Secretaría de Marina-Armada de México actúe y mantenga el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.

Se trata de proveer las bases jurídicas para que pueda ejercer cabalmente la estratégica función de guardacostas y lo haga con más claridad, con todos los instrumentos y las atribuciones que se requieren para ello, afirmó.

Calificó como prioritario para México la vigilancia e inspección en mares territoriales. “Somos una nación bioceánica, nuestra conexión comercial con el mundo es vital para la economía y el transporte marítimo representa una significativa aportación a ese comercio y al Producto Interno Bruto del país”.

Guillén Vicente mencionó que la salvaguarda de la vida humana en el mar, la protección de los recursos y la vigilancia de la legalidad en mares y puertos son estratégicos.

“Se trata de adecuar un marco jurídico que alinee y dé certeza a la Secretaría de Marina para que actúe en el ámbito de su competencia, de manera que las funciones de guardia costera que realiza a través de la Armada de México se puedan llevar a cabo en mejores condiciones y con prioridad”, añadió.

En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) señaló que hoy se abastece de mayores y mejores elementos jurídicos a la Secretaría de Marina, para que ejerza de mejor manera sus funciones de vigilancia, seguridad y protección marítima. “Esto es de gran importancia, toda vez que robustece sus funciones para brindar seguridad y mantener el Estado de derecho”.

De Nueva Alianza, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz argumentó que el dictamen plantea cambiar el término de policía marítima por el de guardia costera en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como armonizarlo en la Ley Orgánica de la Armada de México, con el objeto de dotar de certeza jurídica al cuerpo encargado de dichas labores, en aras de garantizar la protección y desarrollo de toda actividad marítima.

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado de Movimiento Ciudadano, precisó que esta propuesta se centra en la necesidad de actualizar y normar las actividades que hoy emprende la Armada de México. “Estamos a favor de impulsar acciones tendentes al fortalecimiento de las funciones de entidades e instituciones públicas en México, de la mejora continua e innovación de la gestión gubernamental”.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PVEM) mencionó que no se trata de militarizar el país, sino de darle mejores condiciones normativas a una de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la nación, como es la Secretaría de Marina-Armada de México. “Será posible aumentar la efectividad de los operativos en los mares y puertos, así como combatir, en cualquiera de sus aspectos, al crimen organizado que utiliza estas áreas para sus actividades”.

Por el PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano expuso que actualmente no hay alguna guardia o corporación que pueda interceptar alguna embarcación, por ejemplo, con bandera extranjera, y supervisar qué es lo que transporta a las costas, pues “se ha permitido el tráfico de mercancías y de personas con diferentes fines, y también el narcotráfico”.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN) destacó que hoy se pone de manifiesto la modernización y homologación del lenguaje, pasando de policía marítima a guardia costera. “Es necesario e indispensable seguir teniendo el suficiente orden y cumplir con las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas”.

Carlos Federico Quinto Guillén, diputado del PRI, añadió que el dictamen le da certeza al mantenimiento del Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas. “Votar a favor fortalece la protección de los intereses nacionales en las zonas marinas, costas y recintos portuarios en beneficio de la sociedad, siempre en un contexto de certeza legal, la vigencia de los derechos humanos y la salvaguarda de la soberanía nacional”.

Con 313 votos a favor, una abstención y 89 en contra se aprobó en lo particular y en términos del dictamen, la reserva al artículo 30, fracción IV, inciso b) y fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, impulsada por el diputado Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano).

El dictamen se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales correspondientes.

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