29-04-2017 Diputados, académicos y magistrados se pronunciaron por superar la pobreza que sufre 60 por ciento de los campesinos mexicanos. Urgieron al Estado mexicano a otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y a impulsar la producción de alimentos, generar empleos y reconvertir terrenos para aprovechar su potencial.

Durante la inauguración del Seminario Nacional Permanente “La participación del Estado en el desarrollo agrario”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Jesús Serrano Lora (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Agraria, afirmó que la falta de atención a los problemas del agro pone en riesgo la paz social al pretender que la privatización de la tierra ejidal y comunal en un “capitalismo de cuates” sea la solución.

Apremió al Estado a involucrarse para solucionar el abandono y rezago del campo, sobre todo porque la propiedad social representa el 51 por ciento de la superficie total del país, que de desmantelarse se colocaría en una grave fragilidad a los productores más pobres.

La viabilidad del sector se puede lograr sin lucrar, así como reducir la creciente importación de alimentos, elevar la competitividad y la producción, de manera que detonen nuevos empleos en el marco de un desarrollo sustentable, para reducir en los próximos 15 años la dependencia alimentaria en un 50 por ciento y asegurar el consumo de 130 millones de personas, aseguró.

Sostuvo que “el México rural sintetiza una de las contradicciones más grandes del desarrollo en la época contemporánea. Los excluidos y marginados son los campesinos e indígenas que sobreviven en lugares olvidados e invisibles. Nadie los ve, escucha ni atiende. Son la invisibilidad social como método de la indiferencia”.

Serrano Lora destacó que el modelo agrícola subordinado a la agroindustria transnacional lo único que produce son más pobres. Por ello, propuso reconvertir al campo mexicano para generar empleo, como una solución también para atender a los connacionales provenientes de Estados Unidos.

Resaltó que la ineficaz política seguida en el campo mexicano concentra la riqueza en unos cuantos y el dinero se gasta para importar alimentos, en lugar de invertirlo para generar fuentes de empleo. “Es urgente que el Estado escuche a los productores para que atienda y vea sus verdaderas necesidades; si no hay voluntad política para atender el campo habrá un despertar social”, advirtió.

El legislador Óscar García Barrón (PRI), secretario de las comisiones de Reforma Agraria y de Ganadería, apuntó que el 60 por ciento de las familias del campo vive en pobreza, por lo que urgió a entender que el sector agrario en México es fundamental para que se supere la marginación y se fortalezca el sector, a fin de garantizar que sea más rentable y productivo.

Sostuvo que “los problemas del agro mexicano están sobre diagnosticados, ya sabemos cuáles son nuestros males y las soluciones también se conocen”. El gobierno ha diseñado programas de apoyo, los presupuestos se han elevado y se ha modificado el marco jurídico para dar certeza en la tenencia de la tierra, entonces ¿qué falta por hacer?, cuestionó.

El gobierno puede ofrecer programas y subsidios para apoyar la producción agropecuaria, pero la seguridad en la propiedad de la parcela es vital para que más de cinco millones de ejidatarios sigan produciendo alimentos y se modernicen sus sistemas productivos, en las más de 32 mil unidades de cosecha, que ocupan más de 101 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del territorio es de uso agrícola.

Esa superficie la habitan 25 millones de mexicanos que producen alimentos del país, con carencia y deficiencias; además, destacó que cuando “no hay certeza jurídica en la tenencia de la tierra, no hay riqueza en el campo”.

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI), presidente de la Comisión de Ganadería, resaltó que las propuestas para promover el campo deben hacerse de manera responsable porque de ello depende su futuro, donde todos los sectores deben participar.

Expresó el compromiso de los legisladores a diseñar un marco jurídico para implementar las políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector agropecuario.

Refirió que la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución abrió la oportunidad y capacidad de los productores mexicanos para afrontar el reto de la apertura comercial, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual se evaluará en breve. Planteó que las propuestas que se presenten incluyan otra visión y nuevas estrategias del sector.

Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, sostuvo que es imprescindible recordar que las mujeres y hombres del campo producen a diario alimentos para toda la población, lo cual debe recompensarse con la impartición de justicia, mediante la certeza legal en la propiedad de su tierra.

Destacó que la justicia agraria es una aspiración de los campesinos para elevar los niveles de bienestar, iguales a los que disfrutan otros sectores económicos y productivos, ya que realizan grandes esfuerzos para producir alimentos, por lo que tienen derecho a mejores condiciones de vida para sus familias.

Francisco Javier Valdez Ollervides, representante de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, se pronunció por diseñar estrategias que impulsen el desarrollo del agro nacional, para elevar el nivel de vida de la población rural, estimada en más de 20 millones de personas, de los cuales el 60 por ciento vive en extrema pobreza.

Refirió que son dos millones de kilómetros cuadrados la superficie total del país, y sólo se destina a la producción agrícola poco más del 10 por ciento, debido a que la mayoría son zonas áridas y semiáridas, las cuales abarcan la mitad del territorio.

Urgió a diseñar una estrategia nacional que impulse y conserve esas zonas, ya que sólo una política pública que siente las bases y acciones para los próximos años para promover los cambios estructurales en los diferentes ambientes ecobiológicos que tiene el país, se podrá reducir la pobreza y generar oportunidades reales de empleo.

Consideró que el Estado debe asignar recursos a sectores estratégicos y alentar la participación de la iniciativa privada para vincular la investigación y alentar la transferencia tecnología, la capacitación e innovación, a través de marcos jurídicos que atiendan las necesidades del sector.

Edgar López Herrera, representante de la Universidad Autónoma Chapingo, coincidió en que los problemas agrícolas están sobrediagnosticados, y cuestionó: ¿qué no hemos hecho todos los sectores para superar el rezago y marginación agraria?

Aseveró que “las universidades debe tener un alto sentido crítico sobre lo que no han hecho para impulsar el desarrollo del campo y estar dispuestas a diseñar nuevos planes que abran oportunidades a los jóvenes que se insertarán al mundo laboral agrario, a través de los sectores forestal, pecuario y acuícola.

A la ceremonia de inauguración asistieron la diputada Karina Barrón (PRD), presidenta de la Comisión Especial de seguimiento al Programa Especial Concurrente anexo 11.1, así como las legisladoras Delia Guerrero Coronado y Fabiola Guerrero Aguilar; el Procurador Agrario Cruz López Aguilar, y productores agrícolas.

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