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Boletín N°. 3918 Llaman a construir agenda para fortalecer regulación de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores
  • Necesario impulsar iniciativas que ayuden a mejorar la vida de esta población: Flores Sonduk

 

  • De 2012 a 2016, obesidad en niños creció pero disminuyó sobrepeso; en niñas, ambos aspectos se incrementaron

 

09-08-2017.- Durante la “Mesa de Trabajo para discutir los derechos de los niños en México frente al ambiente obesogénico”, investigadores y asociaciones civiles llamaron a construir una agenda común para fortalecer la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, así como perfeccionar su etiquetado, cuando estén dirigidos a la población infantil.

 

En el encuentro, realizado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Lluvia Flores Sonduk (PRD) urgió a luchar contra la obesidad, y recordó que ha propuesto reformas a la Ley General de Salud en materia del etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

 

Indicó que este espacio de análisis y reflexión permitirá sentar las bases para impulsar iniciativas que ayuden a mejorar la vida de las niñas, niños y jóvenes mexicanos.

 

Yarishdy Mora Torres, coordinadora de la Coalición ContraPESO, argumentó que esta reunión es importante, porque sumará los esfuerzos de los legisladores para fortalecer las regulaciones actuales en publicidad, etiquetado, impuestos y alimentos en escuelas, entre otros aspectos.

 

La intención, abundó, es contar con la visión de la academia, las organizaciones sociales y los legisladores para construir en conjunto una amplia agenda con objetivos comunes.

 

En su intervención, la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Lizbeth Tolentino Mayo, mencionó que entre las mujeres adultas de 20 a 49 años se encuentra el mayor número de personas con sobrepeso; sin embargo, aclaró que esa tendencia es similar para hombres e incluso infantes de 5 a 11 años.

 

Sostuvo que el etiquetado frontal es una herramienta que tiene el potencial de influir en la elección de alimentos más saludables y promueve la reformulación de los que son procesados. Un estudio demuestra que de 18 mil productos en la Ciudad de México, sólo cuatro tienen sello nutrimental, precisó.

 

El etiquetado frontal, afirmó, está basado en el consumo calórico y, de acuerdo con diversas encuestas, más del 90 por ciento de la población no sabe cuántas calorías debe ingerir. El rotulado actual no apoya a la población para que tome elecciones más saludables, porque es un esquema complejo, ya que, además de saber leer, necesita conocimientos matemáticos.

 

Tolentino Mayo urgió a identificar y aplicar una alternativa de etiquetado frontal susceptible de ser comprendido y utilizado por un amplio sector de la población, para que sea una estrategia de política pública.

 

Florence Theodore, representante del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, aseguró que existe un fuerte vínculo entre la publicidad y el consumo de alimentos no saludables. Además, la regulación en México dista mucho de las recomendaciones internacionales, indicó.

 

En el país, puntualizó, los menores están expuestos a un universo de publicidad de alimentos y bebidas no recomendables, principalmente en medios no regulados como los digitales, redes sociales, Internet, espectaculares e, incluso, en la televisión, a través de los anuncios insertados en los programas, los cuales se intensifican durante el periodo vacacional.

 

Mencionó que esta publicidad cada día utiliza más estrategias de marketing para influir y enganchar a los menores, a través de regalos, uso de personajes y concursos. En la televisión, añadió, el horario con mayor audiencia infantil es después de las 20:00 horas. “Nos estamos enfrentando a una publicidad cada vez más eficaz y agresiva, para la cual no hay nada de protección”.

 

La investigadora sugirió ampliar la regulación en televisión para cubrir otros horarios y todos los programas; incluir todos los medios de mercadeo que pueden dirigirse a los menores, como Internet, espectaculares, medios digitales y redes sociales; prohibir el uso de herramientas en todos los medios y espacios, como los personajes reales y de ficción, así como reformular los criterios nutrimentales para definir los productos que no podrán ser publicitados.

 

El representante de la Alianza por la Salud Alimentaria, Alejandro Calvillo, señaló que en el año 2000 se suscitaron alrededor de 46 mil muertes por diabetes y 12 años después fueron 90 mil las personas fallecidas por esta enfermedad.

 

Los costos por este padecimiento fueron de 35 mil millones de pesos (mmdp) en el año 2000, mientras que para el año en curso se tiene una estimación de 150 mmdp.

 

Dijo que nuestro país tenía el mayor consumo en bebidas azucaradas en el mundo, pero ya fue rebasado por Chile y Argentina; por ello, se busca establecer el etiquetado con el que se va resolver el primer derecho de los consumidores que es a la información.

 

Expresó que durante 50 años se ha vivido bajo ideas o políticas públicas consistentes en reducir el consumo de grasas saturadas, pero “estamos enfrentando temas económicos en donde se necesita que desde el Ejecutivo y Legislativo, se tenga el interés para enfrentar este problema”.

 

De la Coalición ContraPESO, Ana Larrañaga Flota expuso que a nivel nacional la obesidad en niños de 5 a 11 años creció de 2012 a 2016; sin embargo, en sobrepeso si hubo un decremento. Mientras, en mujeres de 12 a 19 años de edad, hubo un aumento tanto en sobrepeso como en obesidad.

 

Manifestó que se ha observado la falta de intereses del sector público en combatir determinantes sociales del sobrepeso y obesidad desde la infancia; un enfoque simplista del tratamiento y prevención de la obesidad (centrado en calorías), y el conflicto de interés en la formulación de mensajes y evaluación de políticas contra obesidad.

 

Indicó que dentro del impuesto a las bebidas azucaradas se propone fortalecer la política fiscal con el fin de aumentar el impuesto a por lo menos 20 por ciento (2 pesos por litro), de acuerdo con recomendaciones de expertos nacionales e internacionales.

 

De igual modo, garantizar un destino específico de los recursos recaudados para programas de prevención del sobrepeso y la obesidad, así como para el acceso al agua potable en escuelas, zonas rurales y espacios públicos.

 

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