21-01-2017 El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), presidente de la Comisión de Transportes, impulsa una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de regular y mejorar el servicio de las aerolíneas, y aumentar sus niveles de eficiencia, competitividad y calidad.

El legislador resaltó que los problemas que enfrenta el transporte aéreo en materia de atención a los pasajeros son diversos, entre ellos, la poca claridad en la venta de boletos, discriminación, cancelación de vuelos con conexión o redondos, por no utilizar algún tramo, retrasos en vuelos, negativa a solicitud de cancelación de boletos, cobro por exceso de equipaje y cláusulas desmedidas.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, mencionó, durante 2015 se recibieron mil 762 quejas contra las seis principales aerolíneas nacionales. Interjet, 174; Aeroméxico, 692; Magnicharters, 19; Vivaaerobus, 526; Aeromar, 20, y 331 de Volaris.

De las 25 aerolíneas internacionales que operan en el país, los usuarios presentaron 199 quejas durante ese mismo año, lo cual refleja mayor presencia de prácticas que resultan insatisfactorias para el pasajero, subrayó.

El legislador panista consideró urgente y necesario atender los reclamos de los pasajeros, creando marcos jurídicos que responsabilicen a los concesionarios o permisionarios por sus actos. Con ello, dijo, se establecerán las condiciones necesarias para impulsar una industria con aerolíneas más competitivas, capaces de satisfacer las demandas esenciales de los viajeros.

Planteó establecer en la ley que el concesionario o permisionario esté obligado a proporcionar un servicio de calidad y eficiente. Deberán presentar desde el primer momento el costo total del boleto con impuestos incluidos, y garantizar el transporte de personas con discapacidad.

En caso de existir retraso en la hora de salida estipulada en el boleto y la causa sea atribuible al concesionario o permisionario, el pasajero será indemnizado o compensado por el proveedor del servicio.

Mientras que si se produce la cancelación del vuelo, agregó, se deberá compensar al pasajero con el cien por ciento del valor del boleto. Además, a elección del usuario, deberá ofrecerse transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, acceso a llamadas telefónicas, alimentos y alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad.

Del mismo modo, propuso que el viajero pueda solicitar la devolución del costo de su boleto en caso de que decida no efectuar el vuelo. Si lo comunica al proveedor del servicio hasta con 24 horas de anticipación a la salida del vuelo, el concesionario o permisionario podrá retener hasta el 10 por ciento del valor total del boleto por concepto de cargo por cancelación.

Asimismo, el pasajero podrá transportar como mínimo y sin cargo alguno 25 kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para 20 pasajeros o más, y 15 kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen.

Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave y se tenga por consecuencia la denegación del embarque, el concesionario o permisionario deberá reintegrarle el precio del boleto. transporte sustituto en el primer vuelo disponible, servicios de comunicación telefónica, alimentos y alojamiento.

El diputado Rodríguez Dávila también planteó que concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo comercial entreguen mensualmente informes, bitácoras, estadísticas, reportes e índices de reclamaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que los haga públicos a través de sus plataformas de difusión, de manera accesible para el pasajero.

También, sancionar a concesionarios o permisionarios de servicio al público de transporte aéreo con multa de tres mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización por incumplir el pago de indemnizaciones en favor del pasajero, no contar con un módulo de atención al pasajero en las terminales en donde operen o por no entregar sus informes mensuales a la SCT.

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