• Dependencias federales gastan alrededor de 800 mil millones de pesos, cada año, en adquisición de materiales, servicios y obra pública

21-02-2014 La Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno Federal, que preside la diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano), acordó reunirse con funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de conocer los puntos que se deben tomar en cuenta para una mayor eficiencia y fiscalización en los procesos y resultados de las adquisiciones de las dependencias gubernamentales.

Al instalar la Comisión Especial, la legisladora sostuvo que se buscará plantear una dinámica que permita responder a los ciudadanos que exigen tanto la lucha contra la corrupción como con la impunidad. “Es un momento muy importante y adecuado, ya que en términos políticos recientemente se entregó el informe de la última Cuenta Pública”.

Agregó que este año será muy importante, pues viene el cambio del titular de la Auditoría Superior de la Federación y la plena implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Recomendó poner especial énfasis a las compras en salud y a los seguros médicos privados otorgados a los funcionarios de la administración pública federal.

En el plan de trabajo de la Comisión Especial, se señala que el gobierno federal gasta alrededor de 800 mil millones de pesos, cada año, en comprar diversos materiales o servicios y en contratar obra pública. Cerca de dos tercios de esos recursos se concentran en Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE; si se incluye a las entidades federativas, se pueden contabilizar 160 mil millones más.

El documento también resalta que tan sólo en este sexenio, entre junio 2014 y diciembre de 2016, el gobierno federal pagó a la aseguradora GNP casi 2 mil 200 millones de pesos por concepto de su póliza de seguro de gastos médicos mayores de 178 dependencias, y por los que se benefician a más de 321 mil empleados en mandos altos y medios de la administración pública federal.

Los seguros de gastos médicos mayores para altos funcionarios de la Administración Pública Federal, representa duplicidad de beneficios, ya que estos cuentan, como todos los trabajadores al servicio del Estado, del Seguro del ISSSTE.

Para el periodo 2016-2018, el Ejecutivo otorgó, a través de la licitación pública, un contrato a la empresa METLIFE, con un monto de 2 mil 196 millones 246 mil467.52 de pesos, con el que se pretende cubrir esta presentación a los más de 321 mil empleados de mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal.

El plan de trabajo detalla que, según estimaciones de la OCDE, si se mejora ligeramente todo el sistema de compras públicas el gobierno federal podría ahorrar aproximadamente 120 mil millones de pesos o el equivalente al 1 por ciento del PIB, cantidad suficiente para construir 12 mil escuelas o 158 hospitales generales.

Al participar, el diputado panista Juan Carlos Ruíz García consideró fundamental que la ASF brinde a los integrantes de esta comisión un informe de la auditoría realizada a la compra de medicamentos, ya que la queja continua de los derechohabientes del sector público de entidades como Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, por mencionar algunas, es que “no los hay”.

“La auditoría tuvo que haber revisado en dónde están los medicamentos; de lo contrario, no sólo terminaremos revisando la actuación de los estados, sino de la auditoria”.

El diputado Enrique Rojas Orozco (PRI) subrayó que los temas que serán tratados en esta comisión son muy interesantes, toda vez que el principal objetivo es buscar la transparencia del Ejecutivo y que los ciudadanos sepan que se observa a este Poder de manera pertinente.

En tanto, su correligionaria, la diputada Delia Guerrero Coronado, refirió que la compra de medicamentos es fundamental; sin embargo, puntualizó que en ocasiones la escasez no es cuestión del gobierno federal, ya que éste da el dinero que le corresponde, pero los estados no brindan su aportación.

Entre los objetivos de la Comisión Especial se encuentran revisar y reformar los instrumentos que se deban corregir para lograr una mayor eficiencia, y evitar “todo tipo de corruptelas” dentro del proceso de licitación y entrega de resultados.

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