• Este ilícito deja una ganancia anual a las bandas criminales de alrededor de 35 mil millones de dólares

• Legisladores proponen generar un manual de procedimientos para garantizar el acceso de la justicia a las víctimas

23-02-2017 La presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez (PRI), sostuvo que para erradicar este delito se deben instrumentar estrategias enfocadas a la prevención en las que no sólo participen los tres órdenes de gobierno, sino la sociedad civil.

La también secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, resaltó que la prevención es un eje fundamental para orientar a la población a que no sean presas fáciles, la cual puede ser muy vulnerable, sobre todo porque existen altos índices de pobreza y corrupción.

Reiteró que el Estado debe ser garante para proteger y conservar la dignidad humana; por ello, es intolerable que exista la trata de personas. Agregó que si se quiere que las personas se desarrollen se debe preponderar el valor, la dignidad y la libertad de los individuos.

“Sólo garantizando los derechos humanos de las víctimas se logrará protegerlas, por lo que las entidades federativas deben armonizar la leyes sobre la materia”.

La legisladora indicó que el Congreso tiene el compromiso de hacer leyes dirigidas a la protección de la víctima y, en el caso de la explotación sexual, vayan en contra del tratante y del que contrata el servicio.

En tanto, la diputada Paola Galico Félix Díaz (PVEM) resaltó que sólo con voluntad política se podrá castigar en los estados el delito de la trata de personas, pues “donde no se está contemplando la armonización no han sucedido sentencias y por lo tanto no se persigue este ilícito”.

“Es importante dejar claro que hay entidades donde no hay fiscalías, ni espacios para la atención de la trata de personas, por lo cual es difícil castigar el delito cuando esté identificado.

Resaltó que la ley en materia de trata de personas ha funcionado y ha dado las bases para poder trabajar, pero la realidad es que los refugios operados principalmente por la sociedad civil son los que atienden a las víctimas. Por ello, se requiere impulsar un manual para que los misterios públicos identifiquen qué es el delito de trata y cómo aplicar la ley, a fin de garantizar la justicia.

La senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión de la Contra la Trata de Personas, resaltó que la serie de acuerdos que México ha signado con otros países ha permitido una cooperación internacional para desarticular las bandas criminales.

Subrayó que el Estado tiene la obligación de promover, vigilar y garantizar los derechos humanos, por lo que si cada quien hace lo que le corresponde, las sanciones a este delito se realizarán adecuadamente.

Añadió que para erradicar este flagelo la investigación es fundamental, así como que los operativos se realicen con protocolos definidos, ya que en la actualidad todos son culpables hasta que se diga lo contrario, lo cual atenta contra los derechos humanos.

Jorge Martínez Arreguín, representante del Tribunal Superior Justicia de la Ciudad de México, informó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas el delito de la trata de personas deja una ganancia anual a las bandas criminales de alrededor de 35 mil millones de dólares.

Además, se calcula que cada año se somete a este delito a más de 800 mil personas en el mundo, y se han identificado a más de 2.5 millones de personas víctimas de este ilícito, es decir, que se solo se logra rescatar a una persona de cada veinte.

Explicó que la trata es un delito mundial que daña a todos, por lo que propuso que el combate se realice mediante la afectación de la economía de las organizaciones criminales y un eficaz sistema de persecución y juzgamiento de los perpetradores, al tiempo de respetar planamente los derechos de las víctimas.

Finalmente, Cesáreo Carvajal Guajardo, presidente de la Asociación Mexicana de Ex-Becarios del Gobierno de Estados Unidos (AMEB), destacó que hoy el delito de trata de personas no está contemplado de manera eficiente para brindar herramientas a las autoridades que garanticen una investigación, prevención, ejecución y administración de justicia correcta.

Pidió a los legisladores no perder de vista que éste no es un delito aislado, ya que converge con el robo de vehículos, tráfico de personas y armas, falsificación de documentos, robo a casa-habitación, entre otros.

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