05-03-2017 El presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CCEDRSSA), diputado Hugo Cabrera Ruiz (PRI), destacó la necesidad de que el Ejecutivo federal les informe oportunamente los recortes al gasto público del sector, ya que se dejan de lado algunos programas que son de la mayor relevancia.

Propuso hacer sinergia con las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para “expresar nuestra preocupación y resaltar el vacío existente al no tener dicha información. Simplemente se anuncia que vienen” los ajustes, apuntó.

Pese a que la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego logró un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el campo, es “insuficiente indudablemente ante la circunstancia económica que vive el país”, afirmó.

Por Morena, el legislador Jorge Tello López externó su preocupación por el ejercicio del presupuesto, ya que después de aprobarse, el Ejecutivo no informa los motivos de los recortes en el gasto en sectores prioritarios como el agro y salud. Pidió que informe anticipadamente y tome en cuenta a los legisladores para conocer los motivos de la reducción y su opinión.

“Es grave. Algo tenemos que hacer. Estamos con los brazos cruzados esperando un milagro, y no va a haber un milagro si nosotros no tratamos de hacer algo por rescatar al país. Duele lo que está sucediendo en México”, indicó.

En reunión con Héctor Hugo Olivares Ventura, titular del CEDRSSA, el diputado comentó la trascendencia de conocer los reportes trimestrales de evaluación sobre el gasto en el agro que realiza este Centro de Estudios, ante la volatilidad de la economía y por la relación binacional (con Estados Unidos), socio comercial más importante en el sector agropecuario.

Refirió que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y a través de un órgano técnico (Auditoría Superior de la Federación), la capacidad de fiscalizar los recursos erogados.

En su intervención, Olivares Ventura refrendó la disposición del CEDRSSA por contribuir a enriquecer el acervo de información en apoyo al quehacer parlamentario.

“Es interés del Centro dar a conocer los números negativos y positivos, sin ocultarlos, porque más sirve a la República, quien habla con la verdad y maneja de manera transparente los datos para que la información sea un instrumento útil para los diputados en las tareas legislativas”.

Gildardo López Tijerina, investigador del CEDRSSA, presentó el informe sobre el trayecto presupuestal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) del año pasado, donde refirió las principales afectaciones derivadas de las variaciones entre el gasto aprobado y el modificado, cuyo ajuste neto fue de 16 mil 49 millones de pesos (mdp) menos de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Ese recorte afectó principalmente la competitividad, el área social, infraestructura, salud y medio ambiente, así como los programas presupuestarios y sus respectivos componentes que dentro del PEC, ejercen los Ramos Administrativos que operan en este programa transversal, señaló.

La Sagarpa registró una disminución en relación a su presupuesto aprobado por 8 mil 211.5 mdp, lo que significó menores recursos para los programas: Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados; Fomento a la Agricultura; Fomento Ganadero y Productividad Rural. Sólo por concepto de ajustes preventivos al gasto público, se registraron dos recortes -en febrero y junio de 2016- por 3 mil y 4 mil 205 mdp, respectivamente, para sumar un total de 7 mil 205 mdp en el año.

La Secretaría de Salud observó una reducción de 10 mil 373 mdp que significó menores erogaciones en los programas Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.

La Sedesol mostró una baja de 4 mil 618.5 mdp, lo que se reflejó en menores asignaciones hacia los programas PROSPERA; Inclusión Social; Comedores Comunitarios; Pensión para Adultos Mayores y Fomento de la Economía Social.

A su vez, la Semarnat presentó un reducción de recursos, respecto a los aprobados, por 3 mil 217.7 mdp, lo que se tradujo en menores recursos para los programas: Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas.

El ramo de Entidades No Sectorizadas observó 2 mil 825.0 mdp menos en relación a lo aprobado, lo que afectó los programas de Infraestructura y Apoyo a la Educación Indígena.

La Secretaría de Economía disminuyó su presupuesto aprobado en 286.9 mdp, traduciéndose en menores recursos para el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural.

Respecto a los incrementos que en su presupuesto registraron diversos Ramos Administrativos durante 2016, éstos no tuvieron una incidencia importante en los programas presupuestales que se operan en el PEC, precisó.

El documento, publicado en el sitio electrónico del CEDRSSA, señala que el “ejercicio fiscal 2016 se caracterizó por la volatilidad financiera exterior y su incidencia en los ajustes presupuestales a lo largo del año, los que sin duda afectaron el cumplimiento de las metas agropecuarias y sociales de algunos programas presupuestales, lo que exigió que el legislador hiciera su mayor esfuerzo para resarcir tal situación para 2017”.

“Proyectos agropecuarios verdes”

En la reunión, Mauricio Mora, de la Fundación Produce, Capítulo Querétaro, presentó a los diputados tres acciones para elevar la productividad de la caña y del azúcar, mediante un sistema de soluciones ecológicas con microorganismos, biofertilizantes y mejor uso del agua y suelo.

Asimismo, para no quemar la caña, ya que a nivel mundial está prohibida la incineración de los desechos agrícolas, porque genera un carbono negro que envenena a los cortadores. En todos los ingenios de México, se recurre a ese método y se requiere “impulsar la cosecha en verde”, señaló.

Las acciones incluyen la capacitación de los cañeros en torno a la productividad y el cuidado del medio ambiente, a fin de generar una nueva cultura en la materia, a través de los ingenios verdes.

Genaro Romero Lomelín, integrante de la misma fundación, urgió a establecer un plan emergente para rescatar la producción de caña de azúcar en el país, por el efecto pernicioso de plagas y hongos en los cultivos, en particular en el ingenio de Atencingo, Puebla, ya que está en riesgo de perder 100 millones de pesos al cierre de la cosecha en mayo entrante.

Propuso alternativas biológicas para preservar y proteger el medio ambiente y eliminar los componentes químicos. Resaltó el uso de las “vitrinas tecnológicas” para eliminar el carbono en el manejo de la caña y una red de monitoreo automático de alerta temprana sobre la variación del clima, para que la agroindustria tome medidas anticipadas que garanticen la producción.

Sobre este tema, el diputado del PRI, Hugo Daniel Gaeta Esparza, destacó la importancia de conocer los “proyectos verdes” para elevar la productividad de los ingenios, como el localizado en el municipio de Tala, Jalisco, donde se encuentra el segundo más grande del país, del que dependen ocho mil familias.

Solicitó información a la fundación respecto a los proyectos para conciliar y vincular la producción cañera con la sustentabilidad del medio ambiente y su preservación, a través del uso de tecnologías y fertilizantes limpios. Avaló las propuestas que impulsen los “proyectos verdes” y sea mediante la concientización de los productores, la vía para sembrar y cosechar los alimentos.

Por el PAN, la diputada Lilia Arminda García Escobar se comprometió a coadyuvar al rescate del ingenio en Atencingo, Puebla, por el riesgo de perder 100 millones de pesos debido al efecto de las plagas existentes.

Lamentó la falta de oportunidad con que llegan los recursos federales que contribuirían a frenar el daño, ya que su distribución se espera para el segundo semestre, y la cosecha termina en mayo entrante. Externó su preocupación por combatir las plagas y por la tardanza en la entrega de los apoyos financieros gubernamentales a los productores.

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