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Boletín N°. 3303 Poderes Ejecutivo y Legislativo logran consenso para atender a connacionales en materia educativa: Murguía Gutiérrez
  • Asiste a la promulgación de las reformas a la Ley General de Educación
  • “Son tiempos de unidad, fraternidad y de integrarnos en una sola nación”, afirma

 

 

21- 03- 2017.- Durante la promulgación de reformas a la Ley General de Educación, la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, celebró que los Poderes Ejecutivo y Legislativo hayan logrado el consenso necesario para concretar estas modificaciones, frente a un panorama de incertidumbre y un contexto doloroso en el que las familias se separan y abandonan su lugar de residencia.

 

Afirmó que “son tiempos de unidad, de fraternidad y de integrarnos en una sola nación y de hacerles sentir a nuestros migrantes que esta es su casa, y en esta casa todos tenemos un espacio”.

 

Aseveró que con esta reforma estamos mejor preparados para atender a nuestros connacionales que vuelven a la patria en condiciones difíciles, al permitir que la integración social, educativa y cultural de niños y jóvenes que quieren seguir preparándose sea más ágil y favorezca las condiciones para que los migrantes puedan compartir toda su riqueza cultural y humana, y contar con los elementos necesarios para forjarse un proyecto de vida a futuro.

 

En la ceremonia encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, la diputada Murguía Gutiérrez aseveró que México ha tomado una decisión de Estado a favor de todos los mexicanos, a través de las reformas a la Ley General de Educación, para “decirle a nuestros migrantes y a las familias que estamos con ellos y que no los vamos a dejar solos”.

 

Sostuvo que derivado del contexto internacional actual, las personas más beneficiadas serán los migrantes nacionales que regresen al país, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten, ya que se actualizó también el marco normativo para la revalidación y equivalencia de estudios, en todos los niveles educativos, simplificando procedimientos y atendiendo a los principios de transparencia, inclusión y equidad educativa.

 

Al reconocer la trascendencia de la Iniciativa Preferente, hoy convertida en ley, apuntó que la reforma está dirigida a toda la población, nacionales, extranjeros y toda persona que viva en el país, a fin de que acceda plenamente al derecho a la educación de manera equitativa y sin limitaciones.

 

Con ello, las instituciones de la República han prevalecido, destacó. Hemos tomado una decisión de la mayor importancia a favor del bien común de nuestra nación en la que han participado autoridades educativas, organizaciones comprometidas con la educación, universidades públicas y privadas, sindicatos, docentes, investigadores, organizaciones sociales y asociaciones de padres de familia, quienes desde diferentes ámbitos se han sumado a este esfuerzo nacional.

 

“No dejamos de reconocer que el gran desafío es aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros con los que contamos, para dar respuesta a esta necesidad, y que nos corresponderá a los órdenes de gobierno, al sector educativo nacional y a la sociedad en su conjunto, hacer el máximo esfuerzo para que toda persona que quiera tener acceso a una educación de calidad, pueda ejercer ese derecho sin limitación alguna”, estableció.

 

Refirió que desde hace tiempo los escenarios de migración interna y externa han hecho cada vez más necesario que los trámites para el acceso y movilidad en el Sistema Educativo Nacional se simplifiquen y flexibilicen. Sólo durante 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 548 mil 583 niñas, niños y adolescentes volvieron de los Estados Unidos a México.

 

Además, el Instituto Nacional de Migración señala que de 2007 a lo que va de 2017, han sido repatriados cerca de 4 millones de connacionales, refirió Munguía Gutiérrez.

 

Resaltó la importancia institucional de estas reformas, logradas después de mes y medio de análisis y deliberación por parte de la Cámara de Senadores, como cámara de origen, y de la Cámara de Diputados, el pasado 16 de marzo, cuyo dictamen fue aprobado y enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

 

 

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