22-03-2017.- La Comisión Especial de investigación para el caso Ayoztinapa acordó reunirse con los secretarios de Gobernación y de Salud, Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro Robles, a efecto de conocer el seguimiento y atención que han proporcionado a víctimas de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 a estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero.

En reunión de trabajo, esta instancia también aprobó reunirse con Jaime Rochín del Rincón, titular la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); con los alumnos sobrevivientes y con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, o con un representante.

El presidente de la Comisión Especial, diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM), señaló que se espera obtener información nueva, y conocer el seguimiento a las víctimas, “que es lo que estaremos viendo siempre. No podemos irnos por lo que nos diga una persona u otra, debemos tener datos objetivos de la atención y el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales”.

Explicó que en algunas solicitudes de información de la Comisión Especial, las autoridades han respondido que no se pueden proporcionar ciertos datos por respeto a los derechos humanos de las víctimas, “pero queremos saber cómo les están atendiendo, que no las perdamos de vista, sino que velemos por sus intereses”.

Además, continuó, “queremos que informen de la atención total a todos, por eso iremos a diversos ángulos, y Gobernación puede canalizarnos”.

Indicó que la atención de las víctimas debe ser integral, desde diversos ámbitos. Por ello, se solicitará el encuentro con el titular de Salud para saber qué se hace “y, si hace falta, presionar, para que se atienda a las víctimas. Es lo importante”.

Previamente, se dio a conocer un oficio en el que la Procuraduría General de la República señala que no cuenta con el informe definitivo más reciente proporcionado por el gobierno de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aclara que sólo envía sus resultados a las autoridades encargadas de coordinar y dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares.

Asimismo, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, envió un oficio en el que manifiesta estar imposibilitada para proporcionar información respecto a los nombres de las víctimas heridas en los acontecimientos de 26 y 27 de septiembre de 2014, por que es “información confidencial”.

No obstante, se precisa que esta Unidad se ha coordinado con las secretarías de Salud federal y la estatal para atender a estas personas y que tengan total acceso a sus servicios, procurando que se brinden con altos estándares y especialización en materia de salud.

Además, detalla que en la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, se instaló una Unidad Médica Móvil Tipo II del Centro Operativo para la Atención de Contingencias de la Secretaría de Salud, que ha brindado ocho mil 13 consultas, cuatro mil 268 acciones odontológicas y 57 mil 665 acciones de promoción y prevención, pruebas de glucosa, detección de VIH, desparasitantes y preservativos masculinos, entre otras.

La diputada Araceli Damián González (Morena) dijo que esta Comisión debería contar con ese informe a la CIDH, y propuso reunirse con el titular de la Secretaría de Gobernación, que coordina todas las dependencias y es la que puede dar la información.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) consideró que esa respuesta de la Unidad de la Segob “es una burla a la Comisión Especial” y cuestionó el seguimiento que se ha dado a las víctimas, pues deben tener “atención psicológica, médica, y el Estado debería construir un plan transversal que atienda sus necesidades”.

“Pedimos que en el caso de estudiantes heridos o de sus propios padres, se nos diera un informe. Queremos compromisos concretos y buscaríamos una reunión con la directora general adjunta de la Unidad de Defensa para los Derechos Humanos, Rosalinda Salinas Durán, para clarificar los daños que atienda la Secretaría de Salud”.

Refirió que la instancia debe tener disponibles todos los documentos necesarios para dar seguimiento a los trabajos, “pero reiteradamente nos dan largas, contestan lo que quieren y cuando preguntamos específicamente qué queremos nos dicen que esa información no la manejan”.

A su vez, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos (MC) manifestó su preocupación por que en esa Unidad “no se conozca la Ley de Transparencia, que establece que en caso de violaciones de derechos humanos graves, la información no se clasifica como confidencial”.

“Se pidieron tres puntos y lo que respondió no tiene nada que ver. Es información que debe conocer la comisión especial y la Ley de Transparencia los obliga a proporcionarla”, comentó.

Del mismo partido, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco indicó que es urgente reunirse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para hacerle saber las inquietudes de los legisladores en torno a la atención de los afectados.

Recordó que “el objeto de esta comisión especial es dar seguimiento a la atención de los afectados, independientemente de buscar conocer la verdad de estos lamentables hechos”, expresó.

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