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Boletín N°. 3348 Propone diputado reforma para expedir legislación que avale el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados
  • Su omisión viola las garantías fundamentales de estas comunidades: Christian Sánchez

 

  • Porcentaje de indígenas en pobreza extrema, cinco veces mayor a la proporción nacional, sostuvo

 

26-03-2017 El integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Christian Sánchez Sánchez (PRI), promueve reformar el artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación general que establezca principios, bases generales y procedimientos que garanticen el derecho a la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas.

 

Es preciso garantizar la participación de los indígenas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y leyes que les impactan directamente, ya que la omisión de una consulta previa a estas comunidades viola sus derechos fundamentales.

 

En tanto, las decisiones que se toman desde los tres Poderes de la Unión, que involucran a los pueblos indígenas, resultan poco efectivas en la solución de problemas al no tomar en cuenta su opinión.

 

Destacó que el porcentaje de indígenas en pobreza extrema es cinco veces mayor a la proporción nacional (38 por ciento frente a 7.9 por ciento); el 60 por ciento de indígenas padecen al menos tres carencias sociales, y la mitad de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria.

 

Los indígenas continúan en una situación de desigualdad y desventaja social, son los más pobres entre los pobres y tienen menor acceso a educación, justicia, salud, seguridad social, tecnología, agua potable y la infraestructura. Ante este panorama, es necesario emprender medidas que permitan transformar su calidad de vida, articulando acciones institucionales con la participación de estas comunidades.

 

Christian Sánchez informó que de acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en México existen 68 pueblos indígenas que se concentran principalmente en 25 regiones localizadas en 20 estados del país.

 

Se estima que nuestro país tiene una población indígena de 15.7 millones de personas, y aunque existen diversas definiciones para delimitar este segmento poblacional una de ellas muy importante es el lenguaje. En México habitan más de 7.3 millones de personas mayores de 3 años de edad hablantes de alguna lengua indígena, 6.5 por ciento del total nacional, según la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 7 de cada 10 personas hablantes de una lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y 8 de cada 10 tienen ingresos inferiores a la Línea de Bienestar, es decir, no cuentan con recursos para satisfacer sus necesidades más elementales.

 

En materia de salud, afirmó que 15 de cada cien personas hablantes de una lengua indígena no están afiliadas a ningún servicio de salud; los varones son los más desprotegidos, ya que 57.7 por ciento no están afiliados, contra 45.3 por ciento de las mujeres.

 

En el plano educativo, 23 por ciento de los hablantes de alguna lengua indígena son analfabetas, proporción cinco veces mayor al analfabetismo de los no hablantes. La escolaridad promedio de las personas indígenas mayores de 15 años es de 5.7 años, mientras que el promedio nacional es de 9.4 años de estudio.

 

En cuanto a sus viviendas, 13.4 por ciento vive en casas con piso de tierra, en comparación con 2.6 por ciento de los no hablantes de lengua indígena; 40.2 por ciento de estos hogares cuentan con agua, en contraste con 77.5 por ciento de los hogares de los no hablantes.

 

“Hoy en día, ser indígena en México es sinónimo de ser pobre, pertenecer a un grupo altamente vulnerable y padecer todo tipo de carencias sociales. En ese sentido, las estadísticas siguen reflejando una situación de exclusión y vulneración sistemática a sus derechosâ€, acotó.

 

La presente iniciativa pretende abonar en la construcción de una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas de México, a partir de expedir un instrumento legal que garantice su participación efectiva en las decisiones públicas y propiciando condiciones para la construcción de acuerdos que contribuyan a transformar las condiciones de vida de la población indígena, agregó.

 

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