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Bolet√≠n N°. 4261 Reformas a Ley General de V√≠ctimas para evitar rememorar hechos que propiciaron un delito

22-10-2017 El diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) impulsa reformas a la Ley General de V√≠ctimas, a fin de establecer que los servidores p√ļblicos eviten que la v√≠ctima tenga que rememorar innecesariamente los hechos por los cuales sufri√≥ la violaci√≥n de sus derechos humanos o la comisi√≥n de un delito, debido a que le genera un da√Īo adicional.

 

Asimismo, para que sean sancionados administrativa, penal o civilmente aquellos funcionarios que pongan en riesgo la seguridad de las v√≠ctimas, a trav√©s de la ‚Äúvictimizaci√≥n secundaria‚ÄĚ.

 

Afirm√≥ que es el propio sistema el que victimiza o revictimiza a quien solicita ayuda, justicia o protecci√≥n, por condicionarle a revivir una situaci√≥n traum√°tica, agravando la situaci√≥n para mujeres, ni√Īas y ni√Īos, afectados por delitos sexuales o de violencia familiar.

 

‚ÄúLa victimizaci√≥n secundaria es el resultado de implementar procedimientos de atenci√≥n inadecuados que trazan una ruta llena de obst√°culos y que no respetan la vivencia penosa, reactivando emociones negativas en relaci√≥n con el delito y propiciando una repetici√≥n de la experiencia de violencia‚ÄĚ, precis√≥.

 

Es el maltrato al que es sometida la persona por el sistema legal (policías, fiscales, jueces, abogados, entre otros), potencializando el impacto del delito original, por lo que se requiere otro tipo de manejo para evitarla.

 

El legislador por la Ciudad de M√©xico destac√≥ la urgencia de garantizar el derecho a la protecci√≥n de ‚Äúidentidad y otros datos personales‚ÄĚ, para evitar que servidores p√ļblicos filtren informaci√≥n sobre las v√≠ctimas y los hechos a medios de comunicaci√≥n, que al difundirla, las afectan y colocan en una situaci√≥n de mayor vulnerabilidad, constituyendo nuevas formas de agresi√≥n.

 

Resalt√≥ que ‚Äúincluso son las propias autoridades las que exponen a las v√≠ctimas de delitos o violaciones a derechos humanos para que rindan testimonios de su situaci√≥n, mismos que son difundidos en medios de comunicaci√≥n o en redes sociales‚ÄĚ.

 

Propone modificar la fracci√≥n VIII del art√≠culo 115 de la ley, para establecer como ‚Äúobligaci√≥n del gobierno federal vigilar que los medios de comunicaci√≥n eviten difundir la identidad y testimonios de las v√≠ctimas, en los cuales rememoren los hechos por los que sufrieron la comisi√≥n de un delito‚ÄĚ.

 

Toda vez, dijo, que ello podr√≠a derivar en nuevos da√Īos, violaciones o amenazas a su seguridad e intereses, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de las v√≠ctimas o se resguarde debidamente su identidad.

 

Explic√≥ que de contar con dicho consentimiento, y si la v√≠ctima es parte de alg√ļn procedimiento administrativo o judicial, la autoridad correspondiente tambi√©n deber√° autorizar que aparezca ante medios de comunicaci√≥n, con la finalidad de asegurar que no obstaculizar√° o pondr√° en riesgo las investigaciones o el desarrollo de dichos procedimientos.

 

Molina Arias argumentó que la propuesta para reformar y adicionar los artículos 5, 6, 7, 40 y 115 de la Ley General de Víctimas, tiene el propósito de garantizar un trato y respeto a la dignidad y derechos humanos a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas que avalan su seguridad, bienestar físico y psicológico.

 

Asimismo, propone distinguir claramente los conceptos de ‚Äúv√≠ctima‚ÄĚ y de ‚Äúv√≠ctima indirecta‚ÄĚ; actualmente la ley s√≥lo conceptualiza el primer t√©rmino en la fracci√≥n XIX, art√≠culo 6. Plante√≥ definirla como ‚Äúla persona f√≠sica que ha sufrido alg√ļn da√Īo o menoscabo econ√≥mico, f√≠sico, mental, emocional o en general cualquiera que ponga en peligro o lesione sus bienes jur√≠dicos o derechos producto de una violaci√≥n de derechos humanos o de la comisi√≥n de un delito‚ÄĚ.

 

La v√≠ctima indirecta, son los familiares o aquellas personas f√≠sicas a cargo de quien sufri√≥ el da√Īo o que tengan una relaci√≥n inmediata con ella y que por esta situaci√≥n tambi√©n sufran un da√Īo o menoscabo en sus derechos.

 

Actualmente hay regiones enteras en el país, donde el estado de Derecho es prácticamente inexistente al ser azotadas por una ola de violencia criminal desbordada, provocando el incremento de víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos y por la comisión de diversos delitos, que requieren atenderse en un marco de respeto y dignidad.

 

 

 

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