31-10-2017.- Con 397 votos a favor, el Pleno avaló el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, a fin de modificar la definición de “aeronave” para adicionar a los vehículos operados con el Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia, conocidos como drones.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Transportes, diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), mencionó que hoy se homologa el concepto de aeropuertos para la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos, ya que estaban en distintas definiciones en las leyes.

Se crea una definición para sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, y otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la facultad para emitir la norma que regula a este tipo de aeronaves, usualmente conocidos como drones.

“Actualmente la Secretaría los regula, a través de una circular administrativa interna, lo cual deja en estado de indefensión al regulador. Se trata de brindar mayores facultades a la Secretaría para supervisar de mejor manera”.

Rodríguez Dávila indicó que se subsanan algunas omisiones a la legislación vigente; se faculta a la Secretaría para revisar y certificar las instalaciones de operaciones de las fábricas de aeronaves que se establezcan en el país, ya que actualmente la ley solo considera la certificación de los talleres aeronáuticos y de capacitación en nuestro país.

“Quiere decir que las fábricas que se están instalando actualmente no podrían ser certificadas por la Secretaría. Se obliga también a los concesionarios de los aeropuertos a obtener un certificado de su funcionamiento, el cual será otorgado por la dependencia federal”, añadió.

En la actualidad, los concesionarios de todos los aeropuertos del país no tenían que contar con ninguna certificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que se establece que esta certificación, se realice acorde a estándares de organizaciones de asociaciones civiles internacionales.

El diputado expuso que al modificar el artículo 11 de la Ley de Aviación Civil, la Secretaría podrá expedir permisos de hasta un año para la prestación de servicios de transportes aéreos internacionales, cuando el país de origen de la aerolínea no tenga convenio internacional signada con México.

Además, se actualiza el texto de la ley de término, del Código Civil Federal, Código Penal Federal, así como el de la Unidad de Medida de Actualización, en lugar de salario mínimo. “Es un dictamen 100 por ciento técnico, que actualiza el marco legal del país a la realidad que vivimos hoy en día”, apuntó.

La proponente, diputada Lorena del Carmen Alfaro García (PAN), expuso que este dictamen es de vital importancia, porque los avances tecnológicos han significado retos importantes en torno a la actualización legislativa y a la implementación de medidas de seguridad desde los tres órdenes de gobierno.

Pese al dinamismo con el que se crean, actualizan y reinventan las nuevas tecnologías, estas son aprovechadas con creatividad por los delincuentes y, en otros casos, utilizadas sin plena conciencia de las consecuencias que su mal uso pueden causar.

“Los aparatos o instrumentos inventados para cumplir con ciertas funciones recreativas en las más de las veces, terminan siendo los medios idóneos para el crimen. La falta de regulación y controles sobre artefactos, como los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, mejor conocidos como drones, es un claro ejemplo”, abundó.

Tales artefactos, agregó, son sistemas que ofrecen una infinidad de prestaciones; sin embargo se han documentado casos en los que han sido utilizados para fines distintos a la investigación o a la diversión, como puede ser “la observación de personas, bienes e instalaciones, con distintos fines ilícitos, que van desde el robo o el secuestro hasta la vigilancia y obtención de datos de instalaciones estratégicas para la nación”.

Alfaro García consideró necesario que los drones dejen de regularse desde el ámbito meramente administrativo, a través de una circular que no es obligatoria para los particulares, y se legisle para tener seguridad y certeza jurídica, así como un mejor control por lo que hace al uso y disfrute de estos aparatos.

Se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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