31-10-2017.- La Comisión de Gobernación, presidida por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), avaló un dictamen que declara como asunto de trascendencia nacional, y por lo tanto procedente, la consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública.

La solicitud de consulta, hecha por diputados del grupo parlamentario del PRI y del PVEM, obedece a que se considera que el diseño vigente de seguridad pública tiene problemas de fondo que impactan negativamente en la población, por lo que resulta necesario consultar a la ciudadanía, a fin de definir si desea un cambio en dicho modelo.

El dictamen propone preguntar a la ciudadanía lo siguiente: ¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?

Refiere que la experiencia ha demostrado que el actual esquema es insuficiente para combatir la inseguridad, pues a pesar de haber probado con diferentes políticas públicas, como aumentar la asignación de recursos económicos, modernizar el equipamiento policial e implementar agencias de investigación, entre otras más, no han bastado para disminuir la incidencia delictiva en el país.

Esa situación, manifiesta, pone en riesgo el estado de derecho y la vida democrática del país, por lo que es necesario "redignificar" la función policial, así como mejorar la eficacia operativa y despliegue geográfico de las corporaciones, aumentando la confianza ciudadana en sus instituciones policiales, colocando al ciudadano como el principal usuario de un servicio público de calidad.

Con la implementación de nuevos modelos que coloquen a las personas en el centro de la toma de decisiones, se construye un Estado más democrático y una verdadera seguridad ciudadana, pues permite la participación activa de la población en la toma de decisiones de aquello que le afecta.

El documento estima que realizar la consulta es una acción congruente con los nuevos enfoques de seguridad pública democrática, impulsados por el Estado, en corresponsabilidad con la sociedad. Además, es una posible solución a los problemas que aún persisten en las instituciones policiales

Asegura que negar este derecho legítimo a la población, resultaría una decisión contraria a la democracia que actualmente sustenta al Estado. Asimismo, significaría un retroceso para la preservación del orden y gobernabilidad.

Indica que el creciente fenómeno delictivo experimentado en el país, se traduce en una problemática institucional para atender las necesidades ciudadanas en materia de seguridad pública, sobre todo en delitos como homicidio doloso, secuestro y extorsión, los cuales generan el mayor agravio a los ciudadanos, pues invaden la esfera personal y atentan contra la vida y libertad.

El diputado Macedonio Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) calificó el dictamen como una “atrocidad”, pues “es imprudente, ilegal y obsceno”. Explico que “hay iniciativas sobre el tema de seguridad discutiéndose, por lo que no vemos por qué tenga que llevarse el asunto a una consulta popular”. Además, la pregunta que se pretende realizar tiene juicios de valor y ofende a los municipios y sus policías, que son la célula básica de nuestro sistema político.

Del PRI, el diputado Alejandro Domínguez Domínguez mencionó que no les toca a los legisladores valorar el contenido de la pregunta. “La propia Ley Federal de Consulta Popular establece que la Corte tendrá que resolver que la pregunta cumpla con los requisitos que precise la propia ley”.

El diputado Alejandro Ojeda Anguiano (Morena) comentó que el dictamen va en contra del artículo 21 constitucional, que establece una serie de garantías y derechos ciudadanos. Asimismo, dijo, la redacción del documento es incomprensible, tiene juicios de valor y señala con infinitos calificativos a las policías actuales. Además, cuestionó que si con la pregunta se pretende desaparecer a la Policía Federal.

Norma Edith Martínez Guzmán, diputada de Encuentro Social, consideró increíble que los legisladores limiten un ejercicio ciudadano y crean que la ciudadanía no tiene capacidad para responder a la pregunta. “Hoy los ciudadanos nos rebasan y tienen la capacidad de decidir con respecto a las cosas que aquí se quedan en el tintero, porque se habla de propuestas que están en comisiones, pero se detienen”.

Del PAN, Jorge Triana Tena refirió que un tema de trascendencia nacional debería decidirse por el Pleno, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, y una vez calificado ese asunto, entrar a la propuesta de consulta popular.

Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) manifestó que la consulta popular está hecha para que los ciudadanos, en lo que los legisladores no nos ponemos de acuerdo, digan qué quieren. Aseguró que la pregunta está bien hecha, porque arrojará un sí o un no. No podemos hacer un cuestionamiento que confunda o que tenga demasiada información, apuntó.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) estimó que la petición de consulta no cumple con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 25, de la Ley Federal de Consulta Popular. Llamó a los integrantes de la comisión a votar en contra del dictamen, pues contraviene también la Constitución.

Sandra Luz Falcón Venegas, diputada de Morena, comentó que su grupo parlamentario está de acuerdo con las consultas populares, pero cuestionó: ¿por qué realizar dicho escrutinio durante la próxima jornada electoral? Añadió que el juicio que se da a las policías en la pregunta es ofensivo y, en tal caso, debería preguntarse a ellas.

Del PVEM, Sofía González Torres dijo que las consultas populares son un avance para la vida democrática. “La comisión sólo revisa que la propuesta cumpla con todo lo que requiere la ley, y sí lo tiene, será la Suprema Corte la que analizará su constitucionalidad”.

David Gerson García Calderón, del PRD, manifestó su postura a favor de las consultas populares; sin embargo, la Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 11, prohíbe la consulta ciudadana sobre la restricción de derechos humanos ya reconocidos en la Constitución, y la seguridad pública es, en efecto, considerada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como tal.

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