12-09-2017.- En la sesión de este día, se dio cuenta de la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados se impulse la prosecución del proceso de diversos ordenamientos en materia de desaparición de personas, de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, y para reconocer el matrimonio igualitario.

El documento, enviado a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y suscrito por el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, plantea continuar el proceso legislativo de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.

También, de la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política y de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Carta Magna, en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.

Son “leyes que esa honorable Cámara ha recibido de su colegisladora al haber sido aprobadas por los Senadores como Cámara de origen, por lo que el continuar y concluir con el proceso legislativo de tales normas representaría un considerable avance en la protección de los derechos humanos del país”, abunda.

Precisa que “la Cámara de Diputados como Cámara de origen presentó la propuesta de adición al artículo 4 de la Constitución Política (para reconocer el matrimonio igualitario y la diversidad de familias originadas por género o preferencias sexuales), por lo que también se solicita pueda incluirse dicha propuesta dentro de la agenda legislativa del periodo ordinario que iniciará”.

Argumenta que en virtud de que este organismo de protección de los derechos humanos no cuenta con atribuciones de iniciar leyes, con el fin de coadyuvar en el desarrollo normativo de los derechos humanos, se hacen de conocimiento algunos temas que son preocupantes para esta institución y que, de estimarse conveniente, debieran expedirse leyes para regular los derechos de las personas jóvenes.

También, expedir una ley específica sobre el desplazamiento forzado interno, una sobre la consulta previa, regular lo relativo a la cancelación de los antecedentes penales, realizar reformas para prevenir y sancionar adecuadamente la violencia sexual en niñas y niños en centros educativos, establecer el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente, así como promover reformas a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones de viudez en beneficio de varones.

Diputados reciben Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

La Secretaría de Gobernación (Segob) remitió a la Cámara de Diputados el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en donde se precisa que al 31 de diciembre de 2016, el total de personas desaparecidas y no localizadas del fuero común fue de 29 mil 485.

Por su parte, la información remitida por la Procuraduría General de la República reporta mil 14 registros de personas en la misma situación del fuero federal.

Las entidades federativas con mayor número de registros relacionados con casos antes citados, son: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. La suma acumulada de las personas, que al 31 de diciembre de 2016 permanecían como desaparecidas y no localizadas en estos siete estados, representó 67 por ciento del total nacional.

Según su rango de edad, la mayor proporción se ubicó entre los 15 y 19 años de edad; siguiente, entre los 20 y 24 años y el último fue entre los 25 y 29, representando el 40 por ciento (11 mil 861 personas) del total.

Los registros de casos del fuero federal se concentran en una menor cantidad de entidades federativas. En particular, el 57.6 por ciento en Guerrero, Veracruz, y Tamaulipas. Por sus números absolutos, les siguen Michoacán, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. El informe se mandó a la Comisión de Seguridad Pública.

Por otra parte, la Segob también dio a conocer el Quinto Informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Turismo, de la Procuraduría General de la República así como el segundo informe de la Secretaría de Cultura.

Esa misma dependencia respondió a dos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, para detener el empleo de cañones antigranizo y otros sistemas que modifican los ciclos naturales del agua en Colima y sobre el apoyo económico otorgado a los pequeños productores beneficiarios del Programa de Incentivos para Maíz y Frijol.

A su vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social remitió el Informe sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2017. Se canalizó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se conocieron las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 de diversos programas presupuestarios del sector ambiental. Fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El gobierno de Jalisco dio respuesta a un acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con la posibilidad de construir espacios deportivos en las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal.

Se informó que se recibieron de los congresos de Baja California, Hidalgo, Jalisco y Querétaro, 12 iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

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