• Grupos del ramo sitúan naves industriales, restaurantes y hoteles en polígonos de terminales para exentar pago de impuestos: Rodríguez Dávila

13-09-2017.- La Comisión de Transportes, presidida por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), se pronunció por revisar los términos y alcances de las concesiones aeroportuarias del país, a fin de garantizar que las terminales aéreas cumplan con el servicio y vocación para lo cual fueron permisionadas.

Manifestó que “no puede ser posible que distintos grupos aeroportuarios tengan naves industriales, restaurantes, plazas comerciales u hoteles dentro de los polígonos de concesión, con el objetivo de exentarse del pago de impuestos”.

Sostuvo que esas empresas se colocan en ventaja competitiva sobre otros parques industriales que sí cumplen con sus contribuciones. Hay aeropuertos que tienen, por ejemplo, hoteles en un radio de cinco kilómetros, pese a que la finalidad de estos espacios es prestar un servicio de transporte de pasajeros, detalló.

El legislador planteó generar iniciativas para que los consorcios aeroportuarios paguen predial y soliciten permisos municipales y estatales para todo aquello que no sea su fin esencial de traslado de viajeros.

Asimismo, consideró necesario conocer la información de todos los alcaldes que tengan un aeropuerto en su demarcación, a fin de analizar su situación.

Daniel Torres Cantú, diputado sin partido, indicó que el aeropuerto situado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, ha tenido desarrollo, pero no en infraestructura, sino en el sector comercio.

“Son servicios considerados comerciales, pero al final no se está cumpliendo con el objetivo de esa concesión. Sólo (se observa) dentro de las bases fijas de operaciones, pero no es así en las áreas de comercio. Vemos inclusive hoteles, gasolineras, que no pagan impuestos por ello”, refirió.

Jorge López Martín, diputado del PAN, se pronunció por revisar profundamente las 39 concesiones aeroportuarias que hay a lo largo del territorio nacional, así como establecer mecanismos para que, efectivamente, se regulen esos espacios.

Propuso trabajar con los alcaldes, pues “no es justo que las empresas del ramo invadan las facultades de los municipios”. Planteó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre la concesión de la terminal de Apodaca.

También del PAN, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza explicó que el pago de predial está fijado para espacios particulares y, dado que las terminales están asentadas en zonas federales, habría que analizar qué es lo que deben cubrir los grupos aeroportuarios.

Dijo que los puertos aéreos son una forma muy positiva de inversión, pero sí hay que analizar qué concepto tributario deben pagar, ya que ese recurso sirve de impulso para los propios municipios.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN) cuestionó cómo se tabulan o con base en qué se destinan las hectáreas concesionadas para bases aeroportuarias. “Es relevante, porque la renta de espacios es un gran negocio”, apuntó.

Estimó positivo que haya inversiones en el país, pero “las empresas que se establezcan aquí, también deben atender sus compromisos hacendarios”.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Salvador Zamora Zamora, consideró necesario que los legisladores clarifiquen lo que viene en la ley, a fin de hacer justicia hacendaria para los municipios que albergan aeropuertos.

“Debemos generar un dictamen que plantee equidad tributaria para los municipios. Teniendo una iniciativa, será necesario que fijen sus posturas todas las fuerzas políticas”, apuntó.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (PAN) se manifestó por analizar a fondo la situación de las concesiones aéreas, pues es importante saber cuánto le cuesta al municipio mantener un aeropuerto, porque no sólo se trata de los vuelos, sino de las vialidades que llevan hacia la terminal, la seguridad y muchas otras cosas que están alrededor.

“Los ayuntamientos muchas veces cubren esos gastos, pero no hay una retribución, salvo el beneficio de tener el aeropuerto ahí y el atractivo para que vaya ahí la gente; sin embargo, los costos son muy altos”, señaló.

Juan Manuel Celis Aguirre, diputado del PVEM, mencionó que no puede haber espacios donde no mande nadie y cada quien haga lo que quiera. “Nosotros debemos dar respuesta a los municipios que tienen problema de falta de tributación por parte de empresas aeroportuarias”.

Además, continuó, “nosotros tenemos la obligación de coadyuvar con los municipios, a través de las leyes. Hay propuestas para intentar remediar el absurdo que afecta la recaudación de los ayuntamientos”.

El diputado Omar Bernardino Vargas (PVEM) propuso que los alcaldes determinen el objeto, sujeto y tasa de impuestos que deben pagar determinadas estaciones aéreas, para que desde el Legislativo se hagan reformas necesarias; además, consideró viable que los cambios legislativos se hagan en los Congresos locales y que los presidentes de los ayuntamientos también tracen una ruta.

Jonadab Martínez García (MC) comentó que se debe conocer la opinión de las autoridades, porque sólo se está “pateando el bote” sobre este tema. “Ya es tiempo de que en este periodo se conozca la postura de todos los involucrados y se definan criterios para generar un dictamen que apoye a los municipios”.

El diputado Pedro Garza Treviño (PAN) indicó que un camino viable es cobrar a las empresas aéreas por el espacio que utilicen para otros fines que no sean los establecidos en la concesión otorgada por el Estado, y no por todo el espacio.

Miguel Peláez Lira, director general de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), afirmó que la Ley de Aeropuertos refiere que estas áreas están destinadas a cubrir un servicio público. Además, dijo, la norma contempla que el tema comercial dentro de los aeropuertos, no es esencial para prestar el servicio de transporte.

A la reunión asistió el presidente municipal de Apodaca, Oscar Alberto García Cantú, quien subrayó que el Aeropuerto Internacional “General Mariano Escobedo” tiene, dentro de su área, hoteles en renta, gasolineras, plazas comerciales, restaurantes con venta de alcohol las 24 horas, y son sitios de los que nadie solicitó permisos de construcción o de otra naturaleza al ayuntamiento.

Precisó que la superficie de la terminal aérea es de mil 200 hectáreas, de las cuales 200 tienen construcciones. “El servicio aeroportuario concesionado tiene que ver con la expedición de boletos de viaje, aduanas, salas de espera, pistas, pero a lo largo de años han transformado la concesión”.

Señaló que en Apodaca hay 75 parques industriales; sin embargo, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) edificó naves industriales y explota ese negocio dentro de la zona de la terminal. “Eso no es justo para la ciudad en materia de competitividad, pues OMA no paga ni un sólo peso de impuestos al municipio”.

En la reunión también se avaló un dictamen que suple el término Distrito Federal por Ciudad de México, en toda la Ley de Aeropuertos.

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