04-04-2018.- Al inaugurar el foro “Personas Mayores: Viviendo mis Derechos Plenos”, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Luis Fernando Mesta Soule (PAN), demandó atender los pendientes que afectan a esta población, como la prestación de servicios de salud y la discriminación laboral.

Asimismo, continuó, fomentar las condiciones para su independencia e insistir en su derecho de aprovechamiento e inclusión en actividades sociales.

Resaltó que actualmente el número de mujeres y hombres mayores de 65 años es de ocho millones, lo que se modificará para el año 2050 cuando esta población alcance los 24 millones de personas.

Dijo que México ha aplazado la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual tiene como objetivo ser un instrumento regional jurídicamente vinculante que promueva, proteja y asegure el goce y ejercicio de sus derechos humanos, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación social.

Comentó que hay temas que requieren de una pronta solución como la eliminación del trámite de supervivencia que deben realizar las personas mayores beneficiarias de un programa o servicio que brinda el gobierno.

También, agregó, concretar la garantía de inclusión laboral de las personas mayores. Al integrarse al mundo laboral, se ven favorecidas no solo con el aspecto económico, sino también con saberse productivas; su estado de ánimo se mantiene en un punto alto, alejándolo de la depresión, padecimiento que llega afectar a casi el 11 por ciento de este sector.

Agregó que en la Comisión que preside está en estudio una iniciativa para que el Estado mexicano imparta cursos a quienes atiendan a las personas mayores, a fin de que cuenten con los conocimientos gerontológicos para garantizar una mejor atención y servicio.

En la mesa de trabajo “Convención Interamericana para la Protección de los derechos de las Personas Mayores, avances hacia su ratificación”, Alondra Mendoza Carlos, directora general adjunta de Política Internacional de Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expuso que en México existen 11 millones de personas que están en la edad adulta; el 82 por ciento vive un grado de pobreza, dos de cada 10 cuenta con una pensión y el 51 por ciento tiene alguna discapacidad.

Indicó que se deben diseñar estrategias para atender los desafíos en materia económica, transversalizar una narrativa cultural y social enfocada al empoderamiento y la inclusión de las personas mayores y al diseño de políticas públicas que atiendan sus necesidades.

Comentó que se han emprendido diversas iniciativas encaminadas a visibilizar la situación actual de esta población y la imperante necesidad de contar con esquemas adecuados para garantizar que exijan, ejerzan y disfruten plenamente sus derechos humanos.

El director de Atención Geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Sergio Salvador Valdés y Rojas, señaló que la institución busca promover el desarrollo humano de este sector, para mejorar sus niveles de bienestar y calidad de vida.

Explicó que tiene como objetivo coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas dirigidos a las personas mayores.

Ninguna institución que las atiende está en contra de la firma de la convención. “Todos estamos a favor, solo falta que se ratifique”. Asimismo, manifestó que en el 2050 el grupo de jóvenes que llegará a la edad adulta tendrá más problemas de atención, sobre todo en cuanto a su jubilación.

La directora general de Enlace y Desarrollo con Organizaciones no Gubernamentales, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Teresa Gómez de León del Río, dijo que el tema de las personas mayores es de vital trascendencia; por ello, la convención es para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

“Mexico tiene que caminar hacia la ratificación de la convención, generar nuevas políticas públicas de derechos de estas personas y construir una política social”, insistió.

Resaltó que se debe avanzar en la protección de sus derechos humanos hacia un mejor nivel de salud, cultura, economía, infraestructura y educación.

Por su parte, la ex diputada federal, Eunice Arias Arias, señaló que no se visibiliza a la vejez o a las personas adultas mayores, como algo que merezca un espacio académico, así como la ratificación de la Convención Interamericana. Sin este instrumento jurídico, integrado al ordenamiento nacional, difícilmente se podrá tener una elaboración de política pública eficaz, advirtió.

Dijo que se debe invertir en el personal que conozca a los adultos mayores; crear el derecho a la vejez en México; analizar la creación de la procuraduría del adulto mayor, y vigilar la implementación de los programas.

En el foro también se desarrollaron cuatro paneles: Ética de la Geriatría y Gerontología en México; Tecnología y vejez, cuidados a distancia: Teleasistencia y Telemedicina; la Educación como derecho en la vejez: casos de éxito, y el panel los Cuidados de la persona mayor y proyectos de Impacto Social.

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