05-04-2018.- Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, NA y PES presentaron 10 iniciativas para reformar diversas normas legales respecto a temas de adultos mayores, violencia contra las mujeres, corrupción, comunidades indígenas, Comisión Jurisdiccional, promoción de partidos políticos, Canal del Congreso, personas desaparecidas, ciencia y tecnología y custodios.

Fortalecer políticas culturales físicas y del deporte para personas adultas mayores

El diputado Omar Corzo Olán (PRI) presentó una iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el fin de fortalecer el sistema de derechos y de las personas adultas mayores.

El documento que se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y del Deporte para dictamen, cita que este sector tiene derecho a la cultura física y el deporte, de acuerdo a sus capacidades físicas, estado de salud y en atención a las recomendaciones que emitan las autoridades competentes en la materia; así como, aquellas emitidas por organismos internacionales, con el objeto de elevar su calidad de vida y mejorar su salud.

Incluir el concepto de revictimización en la Ley

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (PAN), propuso cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantía de no revictimización, violencia patrimonial, económica e integridad psicológica.

Dijo que actualmente la ley no incluye el concepto de revictimización y su correspondiente prohibición como una garantía para todas las mujeres, “no está considerada como parte de la violencia institucional, lo que significa que las mismas autoridades pueden estar fomentando la violencia de la mujer y la impunidad”. Se envió a la Comisión de Igualdad de Género.

Combatir corrupción en el sector público

Con el fin de combatir la corrupción en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios en el sector público, la diputada Hilda Miranda Miranda (PRD) propuso modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas.

La legisladora dijo que urgen mecanismos claros ante la corrupción y avanzar en el marco regulatorio que permita acotar, reducir y desterrar la corrupción, ya que la falta de ética y honestidad de funcionarios y proveedores se debe al rezago en el marco legal, lo que propicia el amparo de vacíos jurídicos. Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Proponen promover cultura física y el deporte en comunidades indígenas

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez del (PVEM) presentó una iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de promover la recreación, rehabilitación y el deporte en las comunidades indígenas conservando su identidad cultural.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Deporte, señala que es urgente integrar a estas comunidades en la planeación, diseño y ejecución de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida en diferentes vertientes y la reforma permitirá mayores beneficios para incentivar y potencializar sus talentos.

Plantean que Comisión Jurisdiccional se integre de manera oficiosa al inicio de cada legislatura

De MC, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo propuso cambios al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General, para establecer la instalación oficiosa de la Comisión Jurisdiccional en cada Legislatura y su integración sea con representantes de cada uno de los partidos políticos y los diputados independientes deberán designar a uno de ellos.

También se señala que dentro de los 30 días posteriores a su instalación, la Comisión Jurisdiccional, por conducto de su Subcomisión de Examen Previo, solicitará a la Secretaría General del Congreso le sean remitidos los expedientes de denuncia de juicio político y declaratoria de procedencia. Las denuncias deberán resolverse en un plazo de no más de 30 días hábiles y conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se mandó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

No utilizar edificios públicos en promover partidos políticos

De Nueva Alianza, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla impulsa una iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 407 del Código Penal Federal, fin de imponer de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que “ordene o instruya la identificación de los espacios y edificios públicos bajo su administración con los colores o variaciones de lemas, imágenes o logotipos que se asocien con algún partido político”.

Se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen.

Sostuvo que la utilización de espacios públicos, como oficinas gubernamentales, centros comunitarios, hospitales y, sobre todo, escuelas se han convertido en arena de disputas electorales e ideológicas por medio del uso de los colores partidistas de la administración en turno. Se registran casos en que los uniformes de los estudiantes y empleados públicos también llevan esos colores. “Constituye una velada violación a diversos ordenamientos legales”.

Actualizar Reglamento del Canal de Televisión del Congreso

El diputado Abel Cruz Hernández (PES) presentó iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General, a fin de establecer la participación de la sociedad civil en la elección de su director, a través de una terna, que sería evaluada por la Comisión Bicameral.

También para crear el régimen de contratación de los servidores públicos del canal al Servicio Profesional de Carrera de la Cámara de Diputados, como mecanismo para garantizar su situación laboral. Con ello, la participación social y la seguridad laboral en el Canal serán dos pilares para asegurar su mejora ante la pluralidad democrática de México en el siglo XXI. La propuesta se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Becas y apoyos a hijos de personas desaparecidas

A fin de establecer la obligación de las diversas autoridades educativas a impulsar acciones que aseguren, mediante becas y demás apoyos, el ingreso y la permanencia de los alumnos que sean hijos de personas desaparecidas, el diputado del PRI, Mario Alberto Mata Quintero, presentó iniciativa para reformar el artículo 33 de la Ley General de Educación. La propuesta se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Argumentó que los hijos que sufren la desaparición forzada de su madre o padre, los cuales eran la única fuente de recursos económicos, atraviesan también dolorosos momentos de angustia, tristeza, soledad y desconsuelo, por lo que su permanencia en los estudios se dificulta, colocando en riesgo la continuidad y limitando a futuro sus posibilidades para desarrollar plenamente su potencial, lo cual exige una atención específica para que retomen su vida.

Plantean que becas del Conacyt garanticen principio de progresividad y desarrollo de la persona

El diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso (PAN) presentó una iniciativa que modifica diversas disposiciones de las leyes de Ciencia y Tecnología y de la Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de que las becas que otorgue este organismo garanticen el principio de progresividad y el desarrollo de la persona; en actividades vinculadas a la investigación científica y tecnológica; formación de recursos humanos especializados y realización de proyectos específicos.

Además, tendrán como objetivo el fomento, la formación y la consolidación de capital humano de alto nivel para aprovechar sus conocimientos en beneficio de los diversos sectores del país. Se remitió a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Proponen que PGR especialice a personal que intervenga en la aplicación de la cadena de custodia

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC) propuso adicionar el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que corresponda a esta dependencia especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que intervenga en la aplicación de la cadena de custodia, por lo menos dos veces por año, a través de programas y cursos permanentes.

Destacó la importancia de proporcionarles, de manera continua, una preparación y capacitación constante que les permita tener presente el protocolo de actuación y los límites de sus funciones ante un ilícito y resguardo del lugar de los hechos. Se envió a la Comisión de Justicia.

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