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Bolet√≠n N°. 5217 Mayor rendici√≥n de cuentas y transparencia en el proceso electoral 2018, plantea Romero Tenorio

09-04-2018 El presidente de la Comisi√≥n Especial para combatir el uso de recursos il√≠citos en los procesos electorales, diputado Juan Romero Tenorio (Morena), estim√≥ que en el actual proceso comicial, es necesario exigir rendici√≥n de cuentas y pedirle a la autoridad m√°s proactividad en el desempe√Īo de sus funciones, mayor transparencia y oportunidad de la informaci√≥n.

 

‚ÄúNo es un proceso f√°cil y estamos a tiempo de hacer un llamado a las autoridades a que cumplan con la ley, ya que con ello se logra estabilizar todo este proceso de elecci√≥n en los tres niveles de gobierno y garantizar condiciones de seguridad para los ciudadanos‚ÄĚ, dijo.

 

Durante el foro ‚ÄúSistema electoral, financiamiento de campa√Īas y mecanismos de control de recursos il√≠citos en los procesos electorales 2018‚ÄĚ, el legislador sostuvo que el reto es gigantesco en estos tres meses que quedan pendientes para la jornada electoral, ‚Äúporque es una elecci√≥n muy competida y que impacta a diferentes niveles de gobierno‚ÄĚ.

 

Recordó que en 2013-2014 se construyó una reforma al sistema electoral mexicano para crear el Instituto Nacional Electoral (INE) como un órgano nacional del cual se desprenden órganos responsables en cada entidad, cada uno de estos con competencia concurrente y, en algunos casos, con facultades de atracción del consejo general del INE.

 

Agreg√≥ que se mantiene un sistema de financiamiento en el que 30 por ciento se distribuye en forma igualitaria para los partidos pol√≠ticos y 70 por ciento en funci√≥n de la votaci√≥n obtenida en la √ļltima votaci√≥n. Este sistema tiene una predominancia de car√°cter p√ļblico, y para evitar distorsiones en procesos electorales la Constituci√≥n establece un principio de predominancia del financiamiento p√ļblico sobre el resto del financiamiento privado.

 

Refiri√≥ que en el proceso electoral del 1997 al 2003, con un marco menos regulado y menos atribuciones de fiscalizaci√≥n, se logr√≥ sancionar actos de financiamiento il√≠citos de campa√Īas, como el caso del ‚ÄúLos amigos de Fox‚ÄĚ y el ‚ÄúPemexgate‚ÄĚ. Y ahora, con un marco m√°s desarrollado, ‚Äúdif√≠cilmente logramos encontrar actos de la autoridad que frenen este tipo de il√≠citos y el uso indebido de recursos‚ÄĚ.

 

Al inaugurar el evento, el diputado Juan Pablo Pi√Īa Kurczyn (PAN), secretario de la comisi√≥n especial, afirm√≥ que la pr√≥xima elecci√≥n ser√° la m√°s grande en la historia de M√©xico y los intereses que est√°n en juego son mucho mayores.

 

El legislador precis√≥ que se debe estar atentos de que no haya dinero de personas ajenas ni propias al sistema pol√≠tico electoral de nuestro pa√≠s, as√≠ como de los topes de gastos de campa√Īa, del desv√≠o recursos p√ļblicos o el permitir u obligar a servidores p√ļblicos a participar o coadyuvar con el √°nimo de incidir en el resultado electoral.

 

Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), explicó que la responsabilidad de tener una buena o mala elección no sólo es de los partidos políticos, porque el papel primordial es de la ciudadanía, toda vez que es ella la que cuenta los votos, emite un sentido del voto racional, y coloca posiciones de opinión referentes a la elección.

 

En √°mbito de estudio de la fiscal√≠a se ha encontrado que en el periodo electoral se reciben entre dos mil y tres mil denuncias. ‚ÄúEl ciudadano no reporta este il√≠cito porque no cree en las instituciones de procuraci√≥n de justicia, considera una p√©rdida de tiempo, tiene la carga de la prueba y puede tener consecuencias; es por ello que en las instituciones estamos obligados a actuar en el marco de la responsabilidad y fomentar cultura de la denuncia y la legalidad‚ÄĚ.

 

Indic√≥ que en lo que va del periodo electoral del 8 septiembre al 30 de marzo, se han recibido mil 500 denuncias de delitos electorales; de √©stas se han integrado 633 carpetas de investigaci√≥n de las cuales casi el 80 por ciento son por alterar el Registro Federal de Electores y el resto es por compra, manipulaci√≥n, coacci√≥n, uso de recursos p√ļblicos, entre otros. ‚ÄúEn resumen, se han determinado mil 266 investigaciones‚ÄĚ.

 

De enero a marzo, la FEPADE ha consignado 250 carpetas y ha tenido 16 sentencias de carácter acusatorio. En este periodo hemos observado que es necesario trabajar en prevención del delito, ya que tan sólo en el Estado de México se concentran 63 por ciento de las denuncias, seguidas de Veracruz, Ciudad de México y Coahuila.

 

Destac√≥ que los delitos m√°s denunciados son por alterar el registro de electores, destinar bienes p√ļblicos para partidos pol√≠ticos y candidatos, la compra del voto, recolecci√≥n de credenciales, condicionar los servicios y apoyo de funcionarios en horas laborables.

 

El consejero electoral del INE, Marco Antonio Ba√Īos Mart√≠nez, se√Īal√≥ que a ra√≠z de la √ļltima reforma electoral 2013-2014, el modelo de fiscalizaci√≥n se centraliz√≥ y ahora este instituto es el que supervisa los gastos de los candidatos y partidos pol√≠ticos, tanto en las precampa√Īas como en las campa√Īas electorales a nivel nacional, sin importar el tipo de elecci√≥n.

 

Con la reforma, dijo, se instal√≥ un sistema en l√≠nea para que los partidos reporten m√°ximo en tres d√≠as las operaciones de ingresos o egresos que realicen; pero, en los hechos, es hasta los √ļltimos d√≠as del periodo de precampa√Īas o campa√Īas donde concentran la mayor cantidad de informaci√≥n al instituto, lo que ha llevado a que una parte importante de las multas a los partidos pol√≠ticos obedezca a la entrega extempor√°nea de esa informaci√≥n.

 

Respecto a los topes de los gastos de campa√Īa, se√Īal√≥ que el INE fija los que son para diputados, senadores, y Presidente de la Rep√ļblica y, en el caso de las elecciones locales, son los institutos electorales de los estados. Sin embargo, consider√≥ que este tema debe ser revisado.

 

Actualmente, continuó, los topes son una definición heterogénea que no tiene criterios específicos para ser colocada por los órganos electorales de los estados y están aprobados a priori por las legislaciones locales, por lo que invitó a los diputados a que en un futuro próximo fijen estos criterios.

 

Otro tema, indic√≥, es que todo el dinero que se utiliza en las campa√Īas es bancarizado, ya que los candidatos deben tener cuentas sujetas a una revisi√≥n espec√≠fica por parte del INE, pero la parte circulante en efectivo no puede ser revisado.

 

Afirm√≥ que la autoridad electoral tiene un conjunto amplio de instrumentos que le permiten examinar c√≥mo se gasta durante las campa√Īas electorales. En el caso de la propaganda electoral en espectaculares en la v√≠a p√ļblica, si hay variaciones son susceptibles de ser revisadas; si es en medios impresos, se tienen auditor√≠as de las publicaciones y, en redes sociales, los contratos.

 

Indic√≥ que si hay rebase en los topes de campa√Īa hasta por un cinco por ciento y eso se asocia a que entre el primero y el segundo lugar existen menos de cinco puntos porcentuales en la diferencia de la votaci√≥n, puede existir una anulaci√≥n de la elecci√≥n. Por ello, todos los temas relacionados con gastos tienen que ser acumulados al tope de los gastos de las campa√Īas.

 

Ba√Īos Mart√≠nez refiri√≥ que en 2015, cuando se implement√≥ por primera vez la reforma electoral y que se tuvieron elecciones concurrentes en 17 entidades, el INE resolvi√≥ 375 quejas en materia de fiscalizaci√≥n, mientras que en 2016, con 14 procesos electorales, hubo 108 quejas.

 

Para este a√Īo, agreg√≥, que se tienen elecciones concurrentes con 30 entidades federativas, nueve de gobernador y un universo total de 3 mil 406 cargos, si solamente se tomara a los ayuntamientos como un s√≥lo cargo, se ha estimado que se recibir√°n aproximadamente 600 quejas en materia de fiscalizaci√≥n.

 

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de M√©xico, Pedro Zamudio God√≠nez, expres√≥ que la opini√≥n p√ļblica exige la disminuci√≥n de los costos electorales, particularmente, los recursos entregados a los partidos pol√≠ticos; sin embargo, se debe reflexionar si es adecuado permitir que los paguen los particulares.

 

Indic√≥ que el modelo existe, hay pa√≠ses donde el financiamiento p√ļblico ni se vislumbra, como es Estados Unidos, en donde su pol√≠tica se capitaliza a trav√©s de recursos privados, ‚Äúcon la desventaja de que quien los recibe est√° obligado con quien le financi√≥ la campa√Īa, y se crean relaciones de codependencia importantes que han permitido identificar los grandes problemas que tiene Estados Unidos con la Asociaci√≥n Nacional del Rifle‚ÄĚ.

 

Modificar la regulaci√≥n del financiamiento, dijo, implica una reforma integral, pues el tema va de la mano con el acceso a medios, duraci√≥n de campa√Īas y regulaci√≥n de precampa√Īas. ‚ÄúLo que se puede hacer, lo que no, cu√°nto y c√≥mo se puede gastar en ello‚ÄĚ.

 

Si se pretende reducir el financiamiento se debe modificar su f√≥rmula y, preferentemente, excluirla del cuerpo de la Constituci√≥n para flexibilizar su revisi√≥n por parte de las fuerzas pol√≠ticas. ‚ÄúEsto es un problema que en muchas √°reas est√° en la Carta Magna; hemos convertido un documento que deber√≠a ser base en un manual de instrucciones o en un recetario‚ÄĚ.

 

‚ÄúEs preferible que los partidos pol√≠ticos reciban financiamiento p√ļblico y respondan a toda la ciudadan√≠a, en vez de que lo reciban del privado y les respondan a ellos‚ÄĚ.

 

Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, precisó que es cotidiana la denuncia del uso de los programas sociales para promover las candidaturas; por ello, se giró oficios a todas las dependencias, donde se les requiere la totalidad de los programas y acciones de gobierno para establecer con claridad, cuáles son las reglas de operación de cada uno de ellos.

 

El accionar constitucional es fundamental para combatir este tipo de circunstancias que vician los procesos electorales, as√≠ como el actuar del ciudadano. Ante ello, se convoc√≥ a la poblaci√≥n a que denuncien todo tipo de situaciones que observen dentro del desarrollo de las campa√Īas pol√≠ticas; es decir, si es condicionada la entrega de bienes y servicios a cambio del apoyo a alguna entidad, partido pol√≠tico, candidata o candidato.

 

Llam√≥ a la ciudadan√≠a a que le d√© valor a su decisi√≥n en la urna y ejerza su voto de manera libre. Adem√°s, urgi√≥ a que la observaci√≥n electoral no se limite √ļnicamente al d√≠a de la jornada. En ese sentido, precis√≥, que el Instituto ha generado una vigilancia permanente y una red con organizaciones civiles sobre la actividad institucional y el actuar de actores pol√≠ticos.

 

La solicitud de los programas sociales, sus listados de beneficiados y las fechas de entrega de bienes y servicios son elementos fundamentales para quienes ejercen la observación electoral, ya que podrán acudir a estos eventos y constatar si se condiciona o se tiene una conducta que es contraria al objetivo.

 

Sugiri√≥ legislar el art√≠culo 134, ya que desde la autoridad electoral hay limitantes sobre el ejercicio de los recursos p√ļblicos y, en particular, de los programas sociales. Extern√≥ su preocupaci√≥n de que los vigilantes no s√≥lo sean los observadores electorales sino todos los ciudadanos y que la denuncia sea algo que le permita actuar a las autoridades en la materia.

 

Santiago Nieto Castillo, ex titular de la FEPADE, afirm√≥ que los problemas no est√°n en la urna, ni en los c√≥mputos, ni como se cuentan los votos, sino en c√≥mo llegan a las urnas, pues lo hacen a partir de modelos de clientelismo electoral; por lo tanto, ‚Äúno se puede hablar de una elecci√≥n equitativa, ya que en 2012 se otorgaron 96.3 millones de pesos y este a√Īo se dot√≥ s√≥lo 18 millones para la observaci√≥n nacional e internacional‚ÄĚ.

 

Para hablar de un Estado democr√°tico es necesario impulsar mayor observaci√≥n, transparencia, menos clientelismo y combatir la corrupci√≥n en el √°mbito electoral, toda vez que las denuncias a la FEPADE del 2014-2016 se relacionaron con este √ļltimo tema.

 

Del total de inculpados por estas denuncias, 26 por ciento fueron servidores p√ļblicos a nivel municipal, 20 por ciento estatal y 19 por ciento federal y el porcentaje restante se desconoce.

 

Es fundamental que se verifiquen las cuentas de tarjetas nominales de programas sociales e impedir que se den de baja de estos a beneficiarios para dar de alta a estructuras partidistas, instalar las diez fiscalías que faltan en el país y se les brinden los recursos necesarios para que los institutos locales realicen sus funciones.

 

Eduardo Bojórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, resaltó que los problemas de corrupción están ligados con otros como son violaciones graves a derechos humanos o financiamiento ilegal de la política; en ocasiones, el modelo institucional del país ha hecho imposible discutirlos.

 

Lament√≥ que el Congreso en su representaci√≥n plural haya bloqueado el trabajo de la Comisi√≥n Especial y no se quiere discutir con amplitud lo que este foro pretende, ‚Äúporque se est√°n utilizando los recursos con prop√≥sitos electorales y es una fuente ilegal para el financiamiento de la pol√≠tica; no hay ninguna duda de que no solo son los programas sociales y los de subsidios de Sagarpa, es en realidad un desv√≠o sistem√°tico de recursos fiscales que est√°n en poder del gobierno para financiar actividad proselitista o electoral‚ÄĚ.

 

El dinero en efectivo en pol√≠tica, agreg√≥, le hace un profundo da√Īo a la democracia, no se puede seguir manejando efectivo en las campa√Īas porque ‚Äúsi lo manejamos es imposible distinguir entre dos billetes de cien pesos y ver cu√°l viene del crimen organizado y cu√°l del financiamiento legal; debe desaparecer el efectivo del sistema electoral y discutir el uso de criptoactivos para hacer un seguimiento puntual del dinero en pol√≠tica‚ÄĚ.

 

Se debe distinguir entre fil√°ntropos de la democracia e inversionistas. Hay que reconocer cu√°l es el sentido de la donaci√≥n privada y legal en las campa√Īas. ‚ÄúEste es el momento de conocer qui√©n es fil√°ntropo en la democracia y qui√©n inversionista; quien done en pol√≠tica debe quedar excluido de una licitaci√≥n y fuera de la posibilidad de tener un contrato‚ÄĚ.

 

Hacer observaci√≥n electoral solo el d√≠a de la jornada, es incompleto y deja de lado los grandes problemas que arrastra la inequidad en la contienda. ‚ÄúYa se agot√≥ el modelo √ļnico; si se va a cuidar el dinero p√ļblico, las herramientas deben son otras‚ÄĚ.

 

Irma Er√©ndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio Anticorrupci√≥n de la UNAM, se√Īal√≥ que la falta de una regulaci√≥n eficaz del dinero en la pol√≠tica produce distorsiones en el proceso democr√°tico, permitiendo que surja la plutocracia, es decir, el Estado es capturado por grupos de poder econ√≥mico e incluso por el crimen organizado y el narcotr√°fico.

 

‚ÄúM√©xico es el tercer lugar exportador de capitales il√≠citos, a nivel global; en los √ļltimos siete a√Īos ha enviado a todas estas islas y 7 centros de lavado, de transformaci√≥n y de blanqueo, 514 mil millones de d√≥lares‚ÄĚ.

 

Para evitar financiamiento pol√≠tico descontrolado se debe aplicar de manera rigurosa la ley, confrontar los recursos il√≠citos de las elecciones y apostar por nuevas posibilidades: someter a un r√©gimen de vigilancia a cualquier actor privado que realice actividades p√ļblicas o financie campa√Īas pol√≠ticas. ‚ÄúLos problemas m√°s graves de la corrupci√≥n emergen no del Estado, sino de la p√ļblico-privatizaci√≥n de los asuntos gubernamentales‚ÄĚ.

 

Propuso utilizar ‚Äúel levantamiento del velo‚ÄĚ, la cual es una jurisprudencia que alude a la exigencia de total transparencia para actores cobijados bajo el derecho privado, los cuales han sido part√≠cipes de fraudes.

 

Ana Sainz, experta en materia electoral, mencion√≥ que en teor√≠a los dineros p√ļblicos tienen mejor control que los privados, pero ‚Äútristemente esa no es la realidad‚ÄĚ, por lo que se requiere repensar las sanciones y hacerlas congruentes con el prop√≥sito de quitar el beneficio obtenido, a trav√©s de un acto de corrupci√≥n.

 

Consider√≥ que la regulaci√≥n al art√≠culo 134 Constitucional se quedar√° muy corta; por ello, propuso redise√Īar la manera de hacer campa√Īa y la manera de acercarse los pol√≠ticos a los votantes, pues existe una distancia insalvable no s√© hasta qu√© punto lo ha provocado depender del sistema p√ļblico y hay un alejamiento.

 

John M. Ackerman, acad√©mico de la UNAM, dijo que hay millones de pesos y d√≥lares fluyendo en esta elecci√≥n y el INE tiene facultades para fiscalizar los recursos, as√≠ como prevenir, inhibir y denunciar la compra del voto; habr√≠a que exigirle que haga su trabajo y ‚Äúrompa con este prejuicio burocr√°tico de solamente estar investigando gastos directamente partidistas‚ÄĚ.

 

Consideró que esta comisión y académicos tendrían que hacer un pliego concreto hacia el INE sobre qué pueden hacer para evitar la compra del voto.

 

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