• Hoy la tarea es colocar en el centro de todas las instituciones los derechos pro-persona: Padierna Luna

• La LXIV Legislatura es la de paridad de género; imperante, acatar recomendaciones de la Convención: Briceño Zuloaga

• Cámara de Diputados desarrolla acciones tendentes a cumplir recomendaciones del organismo: Báez Ricárdez

• Expertos recomiendan armonizar leyes en favor de las mujeres

06-12-2018.- La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna (Morena), refrendó el compromiso del Estado mexicano con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la ONU, para avanzar en los pendientes legislativos que terminen de dar al sector femenino todos sus derechos.

Durante la “Mesa Parlamentaria para Acelerar el Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CEDAW al Estado mexicano”, realizada en el marco de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y el “Día de los Derechos Humanos”, la legisladora destacó que el Congreso, en materia de paridad, ha logrado un gran avance; sin embargo, sostuvo que se deben proponer metas en cada periodo de sesiones.

Recordó que México ha generado leyes importantes, pero la modificación al artículo 1 Constitucional no sólo promueve la igualdad entre hombres y mujeres, sino prohíbe cualquier tipo de discriminación. En 2011, se realizó una reforma a los derechos humanos. “Hoy la tarea es colocar en el centro de toda las instituciones las garantías pro-persona”.

Manifestó que los avances legislativos tardan en concretarse, ya que “hay una discordia” para darles seguimiento en los Poderes Judicial y Ejecutivo.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena) enfatizó que el Congreso se encuentra en un momento clave para cumplir con los compromisos y las recomendaciones emitidas por la CEDAW, a fin de hacer efectivos el ejercicio de los derechos de la población.

“Es importante, porque en México se comenten nueve feminicidios cada día; es una de las principales preocupaciones, además de otras asignaturas pendientes”.

Afirmó que la Comisión que preside tiene el compromiso no sólo de legislar con perspectiva de género, sino discutir sobre las diferencias que viven las mujeres, las cuales se traducen en discriminaciones y abismos a la hora de ejercer sus derechos.

Briceño Zuloaga consideró que la CEDAW “es la Carta Magna de los derechos de las mujeres”, pues busca eliminar todas las formas de segregación. “Como representantes populares nos compete armonizar los marcos legales en todas las entidades del país”, sostuvo.

Subrayó que la LXIV, es la Legislatura de la paridad de género, por lo que el papel del Congreso es imperante para efectuar lo que indica la Convención. “Nosotras tenemos la responsabilidad de aplanar el camino a todas las que vienen después”, expresó.

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, señaló que estas mesas parlamentarias tienen como finalidad acelerar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CEDAW, la cual es reconocida como el único instrumento universal vinculante para prevenir, combatir y erradicar la discriminación en contra de las mujeres.

Añadió que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Igualdad de Género y de la Unidad para la Igualdad de Género, que depende de la Secretaría General, desarrolla acciones tendentes a cumplir con las recomendaciones en materia de discriminación que ha emitido la Convención.

Explicó que el resumen ejecutivo de la agenda legislativa del cumplimiento a la CEDAW, destaca la necesidad de armonizar los ordenamientos jurídicos y las acciones que se deben derogar, para lograr terminar con la discriminación hacia las mujeres.

Beatriz Santamaría Monjarraz, titular de la Unidad para la Igualdad de Género, coincidió en que un proceso legislativo no se construye de la noche a la mañana. “Es el inicio de un proceso más largo, donde se busca el acompañamiento para cumplir cada una de las recomendaciones del Comité del equipo de ONU-Mujeres”.

Enfatizó que para confirmar el papel de la “Legislatura de la Paridad”, se debe asegurar la institucionalización y la creación de leyes con perspectiva de género.

Consideró que para conseguir que las leyes realmente terminen la discriminación entre hombres y mujeres, se debe formular un Paquete Económico con perspectiva de género.

A su vez, la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas, ONU-Mujeres, Belén Sanz Luque, reconoció los avances legislativos del Estado mexicano, los cuales aseguró, han sido producto del empuje de las parlamentarias.

Entre los éxitos alcanzados están las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del 2006, para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, del 2007, y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del 2008.

También, la reforma al artículo 1 de la Constitución, que establece un marco de derechos humanos para mujeres y hombres en igualdad y no discriminación, y las modificaciones normativas en materia de paridad, las cuales se reflejan en la composición de esta Legislatura.

Sin embargo, mencionó que la CEDAW realizó una serie de observaciones sobre las condiciones de discriminación que aún persisten en la sociedad mexicana. Muestra de ello, dijo, es que sólo el 43 por ciento de las mujeres participan en la fuerza laboral, comparado con el 78 por ciento de los hombres. En tanto que el 60 por ciento de las mujeres que trabajan, lo hacen en empleos informales y sin seguridad social.

De igual manera, resaltó la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en el año 2006 ascendía al 16.5 por ciento; asimismo, más de siete mexicanas son asesinadas al día y el 66 por ciento de esta población manifestó haber sido víctima de una forma de violencia a lo largo de su vida.

Finalmente, reconoció que México es uno de los cuatro países en el mundo en alcanzar casi la paridad legislativa, lo cual es producto de medidas del Estado, pero aún hay Poderes, señaló, en donde las mujeres son subrepresentadas como en el Judicial, donde sólo ocupan el 18 por ciento de los cargos; existen tres gobernadoras en los 32 estados y, a nivel municipal, es apenas del 26 por ciento.

La especialista académica en el monitoreo y vigilancia del cumplimiento del CEDAW, Gloria Ramírez Hernández, refirió que hace algunos años prevalecía el desconocimiento de la Convención; sin embargo, aceptó, poco a poco se ha transitado hacia la difusión y atención de sus recomendaciones.

En el 2018, precisó este organismo centró sus señalamientos para México en dos temas: violencia contra las mujeres y alertas de género; por ello, destacó la importancia de generar estrategias y mecanismos para conocer el alcance del cumplimiento de esas recomendaciones.

Resaltó la importancia de que en todos los niveles de gobierno se adopten las medidas necesarias para erradicar la discriminación y agresión contra las mujeres.

Añadió que la Convención es vinculante y exhorta a generar acciones que apoyen la aplicación de lo que sugiere. Recalcó que “una parte muy relevante del cumplimiento está en manos del Legislativo”.

En su Conferencia Magistral, la vicepresidenta del CEDAW, Magalys Arocha Domínguez, manifestó que el Comité de la Convención ha señalado el papel fundamental que tiene el Legislativo para garantizar la plena aplicación de sus recomendaciones.

Igualmente, ha solicitado al Congreso de la Unión adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica las observaciones. Además, se busca animar a la sociedad civil y a la academia, a profundizar sobre la Convención. “La intención es dejar atrás trabas estructurales que no permiten cumplir con lo sugerido o una ejecución inadecuada”.

Destacó que las recomendaciones representan una oportunidad para el nuevo gobierno, para que dentro de sus prioridades nacionales incluya lo referido por el CEDAW. “Se tienen que aprovechar las coyunturas históricas que se avecinan y ver qué se puede impulsar”.

Aseguró que es importante armonizar el marco legal y atender temas como: problemas en la aplicación del Código Penal; altos niveles de violencia y crimen organizado, así como elaborar planes sobre mujeres y seguridad, en los que ellas sean protagonistas. También se deben fijar medidas especiales para grupos vulnerables, que no son sinónimo de minorías, como las mujeres indígenas.

Recordó que en 2003, México presentó una investigación sobre feminicidio pero, a 15 años, poco se ha resuelto y no se han tocado las profundas raíces que causan esos crímenes. “Aunque en ese momento no se hablaba de desaparición forzada, tráfico de órganos o drogas, es muy importante atender los temas sensibles”.

Afirmó que sería relevante retomar las recomendaciones, planteadas porque el Comité de la CEDAW espera saber sobre los feminicidios en todo el territorio nacional.

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