11-12-2018.- La Comisión de Puntos Constitucionales se reunió con Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien reconoció el tamaño del desafío del nuevo gobierno en materia de seguridad, heredado por las estrategias de administraciones anteriores.

Aseguró que en el 2018 los homicidios han llegado a los niveles más altos del siglo, el crimen organizado ha infiltrado a muchas autoridades públicas y los indicadores en materia de derechos humanos son igualmente preocupantes, pues desde 2006 el número de desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, detenidos arbitrariamente y la violencia en contra de periodistas y defensores se dispararon, generando la cifra abrumadora de más 38 mil personas oficialmente registradas.

En tanto, se poseen centenares de fosas clandestinas. “Ese es el tamaño del desafío que enfrentan las nuevas autoridades federales”, subrayó.

En la reunión, donde se analizó el dictamen que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución, respecto a la creación de la Guardia Nacional, el representante de la ONU-DH afirmó que la prioridad de este organismo internacional con México es favorecer el paradigma de seguridad, el cual proteja a la población y garantice el respeto a los derechos humanos. No debe ser sólo una figura retórica, sino de importancia tangible.

Consideró que en el contexto de las políticas de seguridad y del uso de fuerza, se debe hacer una pausa y reflexionar en los derechos fundamentales como el de la vida, la libertad, la seguridad, a no ser sometido a la tortura o trato cruel, inhumano o degradante. La perspectiva del cambio de paradigma de seguridad, prometido por el actual Ejecutivo, significa una fuente de esperanza, subrayó.

Jan Jarab coincidió en varios cambios de enfoques contenidos en la estrategia de seguridad del actual gobierno, pues en primera instancia se busca materializar la paz y superar la lógica de guerra; transitar hacia una regulación menos represiva en la política de drogas; combatir la corrupción y priorizar la prevención.

Concordó, asimismo, en reducir la desigualdad social y económica; es fundamental, ya que estos elementos son las principales causas de la inseguridad y la destrucción del tejido social, apuntó.

Sin embargo, señaló que es preocupante la definición de la Guardia Nacional como militarización de la seguridad pública; desde el 2008, comentó este organismo ha advertido que esta decisión sería problemática en términos de derechos humanos, ya que el entrenamiento y la filosofía de los militares, basadas en el combate del enemigo, no son idóneos para la prevención y persecución del crimen.

Recomendó a los legisladores desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles y, con ello, permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

Además, solicitó redefinir las tareas de la Guardia Nacional, pues en la actualidad actuaría como una extensión del uso del paradigma castrense en la seguridad pública, pues los elementos militares serán mayoritarios en su composición; mientras la adscripción y línea de autoridad estará sometida a la Secretaría de Defensa Nacional, lo cual hace imposible pensar que la lógica sea distinta a la del Ejército.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), explicó que la Guardia Nacional se encargará de la prevención del delito y el combate a la delincuencia en todo el país, así como preservar la paz pública y los bienes y recursos de la nación.

Precisó que en el análisis de este dictamen de reformas a la Constitución Política se garantizarán no sólo los principios de suficiencia técnica, sino que se buscará alcanzar acuerdos para enriquecer el documento; para ello, llevarán a cabo audiencias y foros si es preciso.

La diputada María Guillermina Alvarado Moreno (Morena), proponente de la iniciativa, detalló que con las modificaciones a la Carta Magna se creará la Guardia Nacional, la cual recibirá capacitación en procesos policiales, derecho penal. “Se van a privilegiar los derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y actualización de la tecnología para mejorar su desempeño. Además, se implementará a través de coordinaciones a nivel nacional, estatal y regional.

La también secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, manifestó que se sumará a sociedades civiles y organismos ciudadanos para revisar resultados. “En la explicación del Plan Nacional de Seguridad, se señala que sería desastroso relevar a la Fuerzas Armadas en su encomienda pública; por ello, es responsabilidad de los legisladores adecuar el marco constitucional para la regulación del actuar y la defensa de los derechos humanos de los militares y la ciudadanía”.

Apuntó que, por su naturaleza, los militares y marinos no están legalmente facultados para investigar y perseguir delitos. Esa falta de correspondencia entre preparación, atribuciones y misión ha generado incertidumbre a la ciudadanía y hasta ellos mismos, sostuvo.

Aclaró que no se trata de militarizar, sino precisamente de desmilitarizar y esta institución castrense no será para siempre. Esta iniciativa, mantiene el mandato constitucional para que las corporaciones de seguridad pública sean de carácter civil y en tres años se hará una revisión de la operación y necesidad de la Guardia Nacional.

Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y más confiable pilar de nuestro país, pero a 12 años de que fueron involucrados en esta misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal y una formación institucional adecuada.

Esta iniciativa no vulnera la seguridad de los estados y municipios; al contrario, el objetivo es trabajar de manera coordinada con respeto a los derechos humanos, expresó.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) señaló lo que se busca con la Guardia Nacional es tomar una parte de la policía, es decir, hacer una cirugía y empezar a integrar un nuevo cuerpo que esté sometido a las leyes civiles, que tenga una disciplina y paulatinamente se dé una salida que permita construir una corporación que no caiga en la red del Estado corrupto.

“Yo no diría que es lo mismo que las anteriores administraciones, porque estás no rompieron con el Estado corrupto. Nosotros queremos una Fiscalía que haga investigación y realice las tareas en contra de la delincuencia organizada. Esto antes no fue planteado”.

Por su parte, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) enfatizó que por los índices de inseguridad no se puede decir que se va a probar tres años este sistema, cuando hay evidencia que con la militarización aumenta la violencia. “Esta propuesta no es algo nuevo, es sólo vestirlos de civiles, es pretender engañar a la Carta Magna y darle la vuelta al artículo 129 de la Constitución, la cual exceptúa a las Fuerzas Armadas de actuar cuando sean tiempos de paz”.

Lo que la propuesta sugiere es que con 50 mil elementos – que no da para resolver los problemas del país- se atienda el espacio nacional, estatal y municipal y ese es un error, enfatizó.

El legislador Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) comentó que la pacificación trae consigo un plan de integralidad. Se ha dicho que para resolver la inseguridad se requiere de un gran programa en los ámbitos jurídicos, económicos, social y educativo, y hoy pareciera que el tema se mimetiza en los cuerpos policiacos, apuntó.

“Efectivamente, lo que se discutirá es una reforma constitucional para legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, pero al tiempo se tendrá que ser cautos y prudentes para establecer esa conexión entre las condiciones de desarrollo económico y de oportunidades para todos”.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo pidió analizar con precisión el artículo 16 y 21, porque se incluye tanto a la seguridad pública como a la privada; el 129 constitucional habla que en tiempo de paz, no pueden ocuparse a las Fuerzas Armadas en la seguridad, coincidió.

“No podemos estar en un mando militarizado en un país democrático, por lo que propuso que esta corporación esté encabezada por un civil o sea un mando mixto, como en otros lugares en el mundo”, apuntó.

Expresó que “el desastre que dejaron las administraciones anteriores es auténticamente una crisis de seguridad; sin embargo, no estamos escuchando que desmilitaricemos y saquemos a los militares en un solo acto, a fin de ir preparando las policías estatales y municipales”.

Su correligionario, diputado Esteban Barajas Barajas, señaló que hay un rechazo generalizado a la militarización del país, pero esta propuesta busca la no represión social, lo cual nos debe dar esperanza; además, existe el compromiso que no se utilizarán armas de guerra en estas tareas.

De su misma bancada, el legislador Sergio Carlos Gutiérrez Luna, expuso que esta iniciativa propone que en tres años haya una evaluación del Ejecutivo de las acciones que se realicen en materia de seguridad. Hasta el momento, agregó, ningún poder había puesto sobre la mesa este tema a nivel constitucional, es decir, abona a la transparencia y busca obtener lo mejor de las corporaciones, para que los elementos del Ejército regresen a sus cuarteles.

Denise Dresser Guerra, quien asistió a la reunión en representación del Colectivo Seguridad sin Guerra, mencionó que con esta iniciativa, se prolongará “la guerra iniciada por administraciones pasadas, la cual criticaron y ahora emulan. Con este Plan Nacional de Paz y Seguridad acaban de legitimar (esa guerra), tanto el diagnóstico como la estrategia, con lo cual corren el riesgo de ya no ser un gobierno transformador, sino facsimilar”.

Aseguró que el Plan de Paz es tan malo que terminará con lo bueno que contiene y que la sociedad reconoce y aplaude. “Hay partes positiva y diagnósticos certeros, como el reconocimiento que la criminalidad coexiste con la corrupción y habrá que combatirla. Además, entiende que los costos por la política prohibicionista deben ser contenidos, a través de la regulación de las drogas”.

Alfredo Lecona, representante del Colectivo Seguridad Sin Guerra, consideró que el tamaño y la envergadura de la reforma que se está analizando ameritan que se realicen foros, como en el caso de la pacificación del país; por lo tanto, pidió no avanzar en el análisis y mucho menos en su aprobación.

Jorge Alberto Rivera Lara, especialista en Ciencias Jurídico-Penales, manifestó que en esta propuesta no se ha especificado si desaparecerá la Policía Federal; además, es un retroceso muy grande, pues se debilita y desmantela lo que ha costado tanto construir, como las capacidades investigativas de esta corporación de seguridad.

Pidió a los legisladores enfatizar las consecuencias sobre persecución de delitos, dada la impertinencia de que sean efectivos del Ejército los que hagan las funciones materiales de persecución y que se lleguen a encontrar en los juicios orales, tal vez intimidando, aunque ellos no quieran, a los civiles y litigantes.

La comisión se declaró en sesión permanente, a fin de continuar el análisis del dictamen.

--ooOoo--