12-12-2018.- Sindicatos universitarios plantearon a los diputados asignar mayores presupuesto a instituciones de educación media superior y superior, en un marco de equidad sin discrecionalidad, para privilegiar la enseñanza pública, excelencia académica e innovación.

En el foro “Perspectiva de los Trabajadores Universitarios, la Investigación y la Cultura”, ante el planteamiento sindical, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT), convocó a sumar esfuerzos para que el cambio del país sea una realidad.

Para ello, se requiere la participación de sociedad y autoridades, y conocer las propuestas e inquietudes de los trabajadores universitarios.

La legisladora pidió que los resultados de este evento no queden en letra muerta; debe haber corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno, para que cada sector haga lo que debe en su espacio, para coadyuvar a resolver los problemas.

Refirió que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es una de las 10 instituciones de educación superior en quebranto financiero desde hace varios años, debido a que funcionarios anteriores no se interesaron en atender la problemática económica.

Hizo votos porque la perspectiva educativa del nuevo gobierno federal, tenga eco y aliente un cambio a través de una revolución ideológica pacífica, con el apoyo de todos.

Los diputados y sociedad tenemos que comprometernos y ser corresponsables de que las instituciones atiendan las necesidades de los diversos sectores, afirmó.

Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (STUNAM), destacó la importancia de asignar mayor presupuesto a las instituciones de educación pública nacional para frenar su deterioro financiero, alentado por una economía de mercado en todos los niveles, y lograr una inversión del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a enseñanza, y del uno por ciento a ciencia.

El gobierno federal debe tener claridad del significado de la educación, investigación científica y tecnológica para sentar las bases de un crecimiento real del país. Es momento de abrir cauces para lograr ese objetivo, en el cual debe sustentarse el desarrollo integral.

Urgió a fortalecer la educación media superior y superior con una perspectiva social que responda a las necesidades de una enseñanza pública gratuita, laica y de excelencia académica.

Convocó a establecer una sinergia entre diputados y trabajadores universitarios para acceder a la transición social y económica del país.

Arturo Hinojosa Loyo, secretario técnico de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), afirmó que el problema central de las universidades públicas es la falta de financiamiento, por la mala distribución de recursos, la cual es discrecional y no atiende estándares de calidad, excelencia académica o innovación.

Los fondos se entregan por cuestiones ideológicas y políticas, creando una minoría selecta que gana sueldos altos, frente al 70 por ciento de los docentes que apenas tienen para sobrevivir, en detrimento del desarrollo de alumnos e instituciones, porque no hay fondos para alentar la enseñanza integral e investigación, advirtió.

Aseguró que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) canaliza presupuesto público a universidades privadas para desarrollar tecnología a conveniencia de grupos empresariales monopólicos.

Javier Mendoza Rojas, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, sostuvo que el mayor desafío del sistema educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, será enfrentarse a un panorama restrictivo de las finanzas públicas, para atender requerimientos por el aumento en la matrícula y las necesidades de prestaciones sociales de los trabajadores.

El también experto en negociación presupuestaria, explicó que se requeriría incrementar en 73 por ciento el presupuesto público federal, estatal y municipal destinado a la educación, y pasar de un billón de pesos a 1.7 billones de pesos, “algo inviable” porque los recursos son menos.

Propuso establecer una política de financiamiento a largo plazo, para la expansión de la educación media superior y superior, niveles que tendrán mayores presiones en el futuro. “Se tendrá que mejorar la calidad del gasto en todos los órdenes, a través de una política de Estado educativa con un nuevo modelo financiero, donde participen Federación, estados, universidades y sindicatos, para hacer sustentable el desarrollo universitario”.

Asimismo, diseñar una nueva Ley General de Educación Superior, porque la actual, data de 1968, sin ajustarse a las necesidades crecientes del sector, para establecer un blindaje en la designación presupuestaria, que impida la reducción de recursos cada año, como ha sucedido desde 2015 al presente ejercicio fiscal.

De cada 100 pesos del gasto programable se destinan 20 pesos a educación, absorbiendo el mayor monto de fondos, y el margen de maniobra para disponer de más recursos públicos es escaso; de 2019 a 2024 difícilmente se contará con presupuestos más altos, estimó.

Sócrates Silverio Galicia, integrante de la Comisión de Solidaridad del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, aseveró que la educación superior, la ciencia y tecnología, y la cultura son áreas estratégicas para el desarrollo de México, que deben impulsarse mediante mayores recursos presupuestales, adecuaciones jurídicas al artículo Tercero Constitucional y reformar la política pública.

Refirió la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo porque existen limitaciones que no alientan la promoción de los trabajadores de educación superior en las universidades públicas.

Además, lagunas legales han precarizado el trabajo en las universidades públicas, en la última década, al privilegiarse la apertura de instituciones privadas, de mil 800, en 2010, ahora existen casi 4 mil, con un esquema laboral por pago de horas y no de tiempo completo, lo cual debe revertirse para dar garantías a los investigadores.

Carlos Galindo Galindo, secretario de Relaciones del STUNAM, sostuvo que en la discusión del PEF es prioritario designar recursos suficientes a la educación, y en particular aumentar el financiamiento para las instituciones de educación media superior y superior, investigación y cultura del país, al existir 10 universidades que padecen una severa crisis económica.

Convocó a la sensibilidad de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre la importancia de garantizar el financiamiento a las universidades, para defender los derechos laborales de los trabajadores contemplados en los contratos colectivos.

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