13-12-2018.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró, ante la Comisión de Puntos Constitucionales, que el replanteamiento de las características y funciones de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta al problema de la violencia e inseguridad. “Generaría el riesgo de vulnerar los derechos humanos y no garantizaría terminar con la impunidad”, sostuvo.

Durante el tercer día de análisis de la iniciativa que crea la Guardia Nacional, González Pérez puntualizó que la CNDH no se opone a que haya seguridad y se persiga el delito, pero se tiene que dar con respeto a los derechos humanos. La Guardia Nacional, como está planteada no garantiza justicia; por ello, insistió en que es necesario tener una Fiscalía General autónoma, con recursos y capacidades administrativas y operativas.

En la reunión, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios expresaron sus puntos de vista respecto a la iniciativa que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política, para crear la Guardia Nacional.

La diputada Juanita Guerra Mena (Morena) resaltó que se han violentado las garantías de los derechos humanos no solamente de mexicanos, sino de extranjeros que están en nuestro país. También se ha rebasado, en estos momentos, los altos índices de corrupción existentes entre los elementos de la policía o mandos y hay quejas al respecto, afirmó.

De la bancada de Morena, el diputado Esteban Barajas Barajas manifestó que insistirán en que se dé una oportunidad a este nuevo sistema de seguridad, por la forma en que se quiere combatir esta crisis de delincuencia. “Debemos intentarlo en esta nueva administración y no atenernos a los resultados de los dos gobiernos anteriores, en donde lo único que había era represión”.

Su compañero de bancada, el legislador Lucio Ernesto Palacios Cordero dijo que para analizar la estrategia de seguridad, sería muy bueno conocer si se tiene un diagnóstico de la última década, a fin de tener un panorama mucho más integral.

La legisladora María Guillermina Alvarado Moreno (Morena) secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, explicó que la Guardia Nacional va a estar integrada por policías federales, militares y navales, “no es algo que se va a militarizar”. Asimismo, afirmó, los municipios y los estados no van a perder su autonomía.

Del mismo partido, el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena) sostuvo que la Guardia Nacional va a coadyuvar en donde haya policías militares, el Ejército y la Marina, así como federales o civiles. Cada estado también tiene la obligación de proporcionar a la seguridad pública de todos sus habitantes; sin embargo, aceptó, muchas veces no se tiene una policía eficiente por falta de recursos.

El legislador Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) preguntó si la CNDH cuenta con un diagnóstico, en el marco de este proceso, sobre la unificación de los mandos policiales, que fundamentalmente es una preocupación de los gobiernos subnacionales. “Uno de los principales reclamos de la ciudadanía ha sido la falta de atención y seguimiento por parte de las estructuras burocráticas, que han sido ineficientes en la procuración de justicia”.

Del mismo partido, el diputado José Ángel Pérez Hernández agradeció la participación del titular de la CNDH, quien señaló que “no nada más con Guardia Nacional se resolverá el tema de seguridad pública”.

De MC, la diputada Martha Tagle Martínez preguntó por el número de quejas que ha habido en torno a violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y si hay estadísticas. Asimismo, insistió en establecer un panel especializado, basado en evidencia plural, a fin de que se tenga el tiempo suficiente para discutir y encontrar una respuesta al tema de garantizar la seguridad y combatir la impunidad que hay en el país.

Su compañera de bancada, la legisladora Carmen Julia Prudencio González, comentó que el sentido de la iniciativa es fortalecer un cuerpo de seguridad y no debilitar otro a través del presupuesto; consideró que si el Ejército va a tomar facultades de seguridad y procuración de justicia, se tendría que hacer un buen andamiaje.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez recomendó analizar con más tiempo la iniciativa de la Guardia Nacional porque la premura llevará a circunstancias y soluciones que, quizá, más adelante, se tendría que “meter reversa”. Apeló a la sensibilidad del Poder Legislativo para que construya normas que permitan encontrar soluciones en materia de seguridad y justicia, porque son una necesidad y no un campo para intereses políticos o de otra índole.

“No pretendemos cerrar los ojos a la realidad. Reconocemos que por el momento no sería viable que las Fuerzas Armadas dejaran de participar en tareas de apoyo, en tanto su presencia es decisiva en algunas regiones del país; sin embargo, estamos convencidos que es necesario generar un marco normativo que regule dicha participación”.

Agregó que las funciones de la Guardia Nacional debilitan la institucionalidad civil y democrática, contravienen principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.

Algunos de ellos dirigidos a México de manera específica, en el sentido de que sean autoridades civiles las encargadas de las tareas vinculadas a la seguridad pública, reduciéndose al mínimo la intervención de los militares.

La propuesta “no incorpora elementos subjetivos ni aporta evidencias que sustente el sentido de la misma; no se advierte que la medida se encuadre dentro de una verdadera política pública, y no está claro cuál será el destino y papel de las policías que actualmente operan”.

El profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Roldán, puntualizó que la función constitucional, la experiencia y las atribuciones de las Fuerzas Armadas no están pensadas en la seguridad pública y eso tiene efectos, por lo que el cambio tiene que ver con riesgos. “Se tiene que cuidar el orden interno de cómo se inserta esta modificación en la Constitución y si la propuesta de reforma es coherente, consistente y no contradictoria por sí misma”.

Consideró que el proyecto de iniciativa deja fuera a la investigación, y coloca a la Guardia Nacional sin esa facultad, lo que significa que cualquier actuación que realice sería inválida, porque carece de facultades constitucionales en la materia.

“Estamos frente a un cambio no sólo de cuerpo, sino también en las relaciones de poderes; el Ejército, las Fuerzas Armadas, son un poder que tiene régimen especial, en el cual el mando civil tiene limitaciones para el seguimiento, fiscalización y control”.

De la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Ribes Sánchez, pidió analizar y reformar el artículo 25 Constitucional, para establecer que el Estado sea rector del desarrollo y seguridad de la Nación, lo que obligaría a visualizar un plan de desarrollo nacional de largo plazo.

Exhortó a realizar un régimen mixto, para que la Guardia Nacional tenga un alto contenido cívico, y un reordenamiento en busca de la eficacia del Ministerio Público, sólo así, y de cara a la realidad, se podría considerar la reforma.

Consideró que al interior de la organización administrativa y operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, se debe crear una dirección de seguridad interior y otra se seguridad pública, desde donde se diseñen modelos, estrategias, capacidades y limitantes de la Guardia Nacional.

La integrante de Amnistía Internacional, Luz Marcela Villalobos, consideró un error decir que existe una única solución como la Guardia Nacional, porque “se centraliza la seguridad y se le quita responsabilidad a gobernadores y presidentes locales en este tema”.

Dijo que regular el artículo 29 Constitucional es la salida para no entrar en temas de seguridad interior, y recomendó redignificar a la policía y fortalecerla en lugar de la militarización. También, privilegiar la prevención sobre la represión, retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas, no disfrazar Guardia Nacional o leyes de seguridad interior de una suspensión de garantías, y expedir la Ley Reglamentaria del 29 Constitucional.

Del Colectivo de Seguridad Sin Guerra y Servicios y Asesoría para la Paz A.C., (Serapaz), Citlalli Hernández, consideró que con la iniciativa se profundiza un modelo de militarización que se ha visto desde 1999, que es la forma como se han conformado las policías en el país. Ante ello, puntualizó que se deben buscar alternativas distintas para lograr la paz.

“Pedimos que este debate no se ciña a un espacio con poca presencia. El debate es sustantivo, toca una de las columnas vertebrales que tiene que ver con la guerra. Esta propuesta de Guardia Nacional no se discutió en los foros de pacificación. Estamos en un debate público para construir la paz, no desde la militarización, no desde la profundización de la violencia, sino del reconocimiento de las víctimas”.

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